Denuncian que activista Víctor Guaillas, acusado por protesta de octubre 2019, fue asesinado en la Penitenciaría

Entre los 68 asesinados en la masacre de la Penitenciaría del Litoral, consta el activista contra la minería en Molleturo, Víctor Guaillas. El hombre había sido sentenciado a cinco años de prisión por presunto sabotaje en las protestas de octubre de 2019.

La Secretaria técnica de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, confirmó el fallecimiento del líder social. "Exigimos se tomen medidas urgentes para garantizar la vida de las ppl (personas privadas de la libertad) y que el eje de justicia actúe con la debida diligencia", escribió la funcionaria de Estado en Twitter.

"Con muy profundo dolor, hemos confirmado, por medio de fuentes oficiales que el compañero defensor del Agua y nuestro defendido, Víctor Enrique Guaillas Gutama, fue uno de los privados de la libertad asesinados en el motín suscitado la noche del viernes 12 de noviembre", recoge un comunicado suscrito por organizaciones ambientalistas y sociales, entre ellas Yasunidos.

La organización agrega que la sentencia contra Guaillas no estaba en firme y que la audiencia de apelación se iba a desarrollar el 4 de enero de 2022, luego de 15 meses del fallo en primera instancia (el 5 de octubre de 2020).

"No obstante, fue privado de su libertad desde el 7 de octubre de 2019 debido al uso abusivo de prisión preventiva por demás injustificada. Solo querían culpables por el levantamiento social de octubre y Víctor fue uno de ellos", criticó la organización sobre el proceso judicial.

En ese sentido, Yasunidos argumentó que "tipos penales como el sabotaje se continúa usando para criminalizar a defensoras y defensores de DD.HH. y de la Naturaleza, y la protesta social".

Por otra parte, en la Asamblea Nacional se gestionaba el otorgamiento de una amnistía a favor de Guaillas para que así lograra obtener su libertad. El trámite estaba en curso.

"La muerte de Víctor Guaillas no quedará impune. Accionaremos todo lo que sea necesario para que exista verdad, justicia y reparación", enfatiza la organización.

De su lado, la organización Alianza por los Derechos Humanos en Ecuador denunció que "en los centros penitenciarios se encuentran privadas de libertad personas sin sentencia, por el cometimiento de delitos menores o de pobreza e incluso defensores y defensoras de derechos humanos y colectivos que resultan criminalizados y perseguidos por su legítima labor".

Al respecto, puntualizó que "la muerte de cualquier persona privada de libertad, y de manera particular de estas personas agrava la responsabilidad Estatal y evidencia sin lugar a duda que el uso desproporcional del derecho penal es lesivo, irracional y perverso".

Un total de 34 cuerpos han sido identificados hasta el momento tras la matanza de 68 presos ocurrida el sábado en la principal cárcel de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, informó este domingo la Secretaría General de Comunicación.

En un comunicado, señaló que la Secretaría de Derechos Humanos entregará en las próximas horas los féretros a las familias, mientras Criminalística continúa trabajando en la identificación de los demás fallecidos.

"El proceso de entrega de los cuerpos consiste en realizar la autopsia, que deberá ser avalada por la Fiscalía; solicitar al Registro Civil la autorización de los datos y verificar si están cedulados; otorgar el acta de defunción y, finalmente, entregar el cuerpo en el féretro a los familiares", explicó.

La Secretaría indicó que varias entidades brindan atención psicológica a los familiares de las víctimas.