Defensa de accionista de más de una decena de empresas denuncia errores en proceso por presunto lavado activos
La defensa de Marco Lener V. F., un empresario ecuatoriano vinculado en un caso que investiga un presunto delito de lavado de activos, denunció este martes irregularidades y errores en el proceso sobre el que el próximo jueves habrá una audiencia de vinculación de otras cinco personas.
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En un comunicado, la defensa recordó que el pasado 17 de mayo la Fiscalía General del Estado (FGE) informó sobre allanamientos en las provincias de Tungurahua y Guayas como parte de lo que denominó caso Riesgos.
Tras 90 días, el 15 de agosto se prevé la audiencia de vinculación de 5 personas más en la instrucción fiscal que se sigue en contra del empresario, por el supuesto delito de lavado de activos, con lo cual el momento procesal se alargaría otros 30 días.
Felipe Rodríguez, quien encabeza el equipo de defensa de Marco V. y su familia, explica que en el proceso se han observado errores por parte de la acusación, "que sientan un precedente negativo y un marco de inseguridad jurídica para la ciudadanía tanto en materia tributaria como en el ámbito financiero".
Además -agrega- se estaría vinculado a cinco personas más a la causa "con el objetivo de alargar el tiempo del proceso, pues la Fiscalía no ha incluido pruebas que reafirmen su teoría".
Como ejemplo, dice que la FGE toma como fuente Reportes de Operaciones Inusuales Injustificados (ROII), de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) en los que "existen errores en las cifras".
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"Uno de ellos es el reporte en el que la UAFE agrega a discreción y sin ninguna justificación 800.000 dólares a una transacción, cuando en realidad se trata de 80.000 dólares debidamente declarados por la venta de un automotor", de lo cual hay pruebas, detalla.
Además, en un boletín de prensa, la FGE señaló en mayo pasado que el monto de dinero "inusual" sería de 7 millones de dólares, atribuyendo esta cifra a un Informe de Riesgo Tributario elaborado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) en el período 2013-2018.
No obstante, en este mismo informe la entidad recaudadora concluye que este monto sí fue debidamente justificado, por lo que cerró y archivó el trámite, pero esta última parte del documento no es considerada por la Fiscalía.
"En la misma publicación, la FGE menciona que existen 65 bienes inmuebles declarados erróneamente; sin embargo, pasados los 90 días de instrucción, en el expediente, compuesto por más de 36.000 fojas, no existe una sola prueba de esta afirmación", reza el escrito.
Apunta que la defensa ha aportado el listado de bienes de la familia de Marco V "cuyo número no llega a lo expuesto por las autoridades; y sobre los mismos constan las debidas declaraciones".
Otro hecho que preocupa a la defensa es que la UAFE y la Fiscalía incurren "en un error al considerar tanto al capital como a los intereses generados por los depósitos a plazo fijo en entidades financieras (pólizas) como ingresos injustificados, pues ambas entidades duplican los montos al momento en que el usuario del sistema financiero reinvierte el capital y los intereses, desconociendo que por ley el capital solo debe ser declarado una vez".
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A la defensa también le alarma el hecho de que se utiliza a las declaraciones sustitutivas de impuestos realizadas por Marco V, "como la aceptación del cometimiento de un supuesto delito", cuando en realidad se trata de un instrumento legal, amparado en varios artículos del Código Tributario, anota.
El grupo de empresas de Marco V. y su familia tiene una trayectoria de 50 años en el país, con inversiones en agricultura, hotelería y bienes inmobiliarios, entre otros, apunta la defensa.
Agrega que actualmente generan más de 1.000 plazas de trabajo directas y se han pagado cerca de 20 millones de dólares en impuestos, tanto aquellos que corresponden a las personerías jurídicas, como los personales de Marco V.
La defensa opina que la investigación adolece también de falta de rigurosidad procesal, pues los años de indagación se han extendido sin justificación, ha existido selectividad en la asignación de peritos, entre otros aspectos, apunta.