Crisis del IESS: ¿Cómo se van a pagar los 10 mil millones de deuda que tiene el Estado?

Con la nueva reforma, los gobiernos de turno seguirán teniendo el control del IESS y ningún gobernante querrá hacerse cargo de alrededor de 10 mil millones de la deuda del Estado. En cuatro meses debe definirse cómo se va a pagar eso, aunque el fisco está con los bolsillos rotos. Nuevamente se perdió la oportunidad de hacer una reforma integral.

Aunque el número de afiliados y jubilados se ha triplicado en las últimas dos décadas, el presupuesto se ha disparado y se han otorgado nuevos beneficios sin financiamiento, el IESS sigue operando con una ley que debía ser reformada hace años. Tenemos 3,8 millones de aportantes, 750 mil jubilados y más de dos millones de otras personas que reciben beneficios. Una nueva reforma acaba de salir del horno de la Asamblea Nacional, pero deja inconformes a todos los sectores.

Henry Llanes, dirigente de un gremio de los jubilados, presentó un proyecto de ley que contenía tres puntos principales: cambiar la conformación del Consejo Directivo del IESS para dar más poder a los afiliados; que el Banco del IESS pueda convertirse en un banco comercial para generar más recursos; y que, como parte de pago de la deuda del Estado, se pueda entregar el Banco del Pacífico al Seguro Social.

“Pero la Asamblea torció los objetivos del proyecto de ley”, dice Llanes. Primero, la Asamblea bloqueó la posibilidad de que el BIESS se convierta en banco comercial y que se pueda transferir las acciones del Banco del Pacífico al IESS. Eso para algunos es positivo porque el IESS debe dedicarse a la seguridad social y no a otras actividades. Y segundo, porque el Pacífico puede ser mal manejado como el IESS. Pero según Llanes, eso habría servido para que el BIESS genere más ingresos y el Estado salde las deudas.

Lo que sí aprobó la Asamblea es el incremento de tres a cinco de los miembros del Consejo Directivo y que cuatro de ellos sean elegidos en las urnas por los afiliados. No obstante, los legisladores bloquearon la iniciativa de que el presidente del Consejo sea elegido a la interna y ratificaron que ese puesto le corresponde al delegado del Ejecutivo, dejándole con el control. Y añadieron algo: que ese Consejo sea sujeto de control político y fiscalización. Es decir que, a cualquiera de los miembros, la Asamblea puede seguirles un juicio político y destituirlos.

Para Patricia Borja, experta en temas de seguridad social, esto es una contravención a la Constitución y puede derivar en demandas de inconstitucionalidad, porque el Consejo Directivo es un órgano técnico administrativo, y ya tiene sus órganos de control que son la Superintendencia de Bancos y la Contraloría. Por otro lado, dice que al haber elecciones para designar a los miembros puede politizarse aún más el IESS y derivar en inestabilidad.

Varias medidas populistas como la atención médica de los hijos menores de los afiliados en el IESS, que tomó Ramiro González, como delegado del expresidente Rafael Correa, en 2010, produjo que se generen desequilibrios. Hay más de dos millones de “dependientes”. Cada año el IESS saca dinero de los fondos para cubrir los huecos que dejan estas prestaciones que sirvieron a González para armar su partido político Avanza. Ahora está prófugo de la justicia. Se supone que parte de esos gastos serían asumidos por el Estado, pero los gobiernos viven en crisis fiscales y así se desangra el IESS.

Según el Ministerio de Finanzas, a diciembre de 2023, el Estado debía más de 5.000 millones de dólares al IESS por conceptos de salud. Una de las cosas positivas de la reciente reforma, es que da un plazo para que Estado e IESS se pongan de acuerdo en el monto de la deuda en cuatro meses y que se fije un plan de pagos no mayor a 10 años. Pero a eso hay que sumarle otros miles de millones de dólares.

Otra medida que desequilibra el sistema son las pensiones jubilares. Para este año, se estima que los afiliados al IESS aportarán 3.281 millones de dólares, pero los jubilados cobrarán 6.577 millones. Para cubrir ese hueco, el Estado aporta con el 40 por ciento de las jubilaciones, es decir, entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. Pero en 2015 el gobierno decidió que el IESS tenía mucha plata y retiró ese monto. En 2019 la Corte Constitucional resolvió que el Estado devuelva el dinero; los dos últimos gobiernos solo han podido cubrir una parte. Se estima que por este concepto hay que entregar al IESS unos 4.000 mil millones de dólares.

Sumados las deudas de salud, pensiones, intereses y otros rubros menores, lo que el Estado debe pagar al IESS superaría los 10 mil millones de dólares. Eso quiere decir, pagar unos 1.000 millones anuales. Pero no hay plata. El economista Augusto de la Torre, quien ha trabajado en temas de seguridad social, dice que quizá la única forma de pagar sería creando un nuevo impuesto, como el IVA que ya subió este año para aplacar el déficit fiscal del gobierno. ¿Será esa una manera? ¿Qué otras alternativas hay? Es incierto. Lo único cierto es que ningún gobierno va a querer pagar porque eso obligará a tomar medidas impopulares o quitar presupuesto a otras áreas.

Todavía hay que esperar el veto del presidente Noboa a la Ley. Pero más allá de la reforma, lo que requiere el IESS son cambios estructurales. Primero, cada vez hay más jubilados y el hueco entre lo que entra por aportaciones y lo que sale por pensiones es cada vez más grande. Segundo, las prestaciones de salud abarcan mucha gente que no aporta. Por eso, el actual presidente del Directorio del IESS, Eduardo Peña, anunció que se podría aumentar el valor de las aportaciones en los próximos años, aunque nada de eso todavía se ha tratado al interior del Consejo.

Para Henry Llanes, antes de tocar las aportaciones es necesario que el Estado pague la deuda y que se haga cargo de todas las prestaciones de “dependientes”, como los hijos menores de 18 años de los afiliados. Pero, aun así, dice Augusto de la Torre, los cambios estructurales no pueden esperar. Aunque no está de acuerdo en subir las pensiones porque eso acentuaría la informalidad, cree que el gobierno debería retomar los planteamientos de una Comisión encargada por el gobierno anterior para evaluar el fondo de pensiones. Actualmente una persona se puede jubilar con 60 años de edad y 30 de aportaciones. La Comisión propuso que, para jubilarse con 60 años de edad, se eleve los años de aportación a 35, por ejemplo.

Para llenar los huecos, el IESS saca plata de sus fondos de inversión cada año. Para 2024 presupuestó desinvertir 1.411 millones de dólares, cifra que puede aumentar si el Estado no transfiere lo que le corresponde. Patricia Borja dice que ninguna medida o reforma será buena mientras no haya los estudios actuariales actualizados, pues el último se presentó en 2018. Además de eso, cree que nada puede ir por buen camino si no se designan o eligen perfiles técnicos para el Consejo Directivo del IESS. La institución pasa de escándalo en escándalo y sin decisiones técnicas toda reforma solo será un saludo a la bandera.