Contraloría descubre desembolsos sin sustento y pagos duplicados por más de $26 millones en Petroecuador
La Contraloría General del Estado (CGE) determinó seis responsabilidades civiles culposas contra funcionarios de Petroecuador y la empresa a cargo de los trabajos de modernización de la Refinería de Esmeraldas.
El perjuicio al Estado ecuatoriano ocurrió debido a fallas en el control de la ejecución del contrato con la empresa Nolimit, entre 2016 y 2021.
En su informe, el organismo de control confirmó responsabilidades civiles por $ 26’813.934 para Nolimit y funcionarios de Petroecuador, por irregularidades en la ejecución y liquidación del contrato complementario para la modernización del sistema de sellado, planes de sellado API, renovación y actualización de bombas en la refinería.
En 2018, Nolimit solicitó a la estatal petrolera pagos por $ 20’345.609 por el rubro de “Soporte técnico y transferencia tecnológica”. Durante la auditoría se estableció que los desembolsos no estuvieron sustentados en requerimientos de las áreas operativas de la Refinería.
Asimismo, el administrador y supervisores de la ejecución del contrato tampoco adjuntaron documentación que respalde 339.093 horas reportadas como adicionales al servicio; ni verificaron que 24.331 entregables ya habían sido reportados y pagados previamente, ocasionando un perjuicio económico a Petroecuador.
También se determinó una glosa por $ 4’381.230, debido a que en la liquidación final del servicio no se adjuntaron los sustentos empleados para calcular el monto de los pagos ni documentos que respalden la ejecución de los trabajos (como hojas de tiempo de personal, reportes de actividades y de asistencia, resumen de horas hombre, etc.).
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Otras responsabilidades
A partir del mismo examen, la Contraloría confirmó cuatro responsabilidades adicionales, que suman $ 2’087.094, derivadas de multas no impuestas por incumplimientos en la ejecución del cronograma del contrato ($ 1’294.144); pagos duplicados en la instalación de bombas ($ 91.471); trabajos adicionales sin soporte técnico ($ 263.875); y ausencia de documentación que sustente horas y gastos administrativos ($ 437.603).
No obstante, las personas naturales y jurídicas responsabilizadas tienen el derecho de interponer un recurso de revisión ante la Contraloría o en los tribunales de lo Contencioso Administrativo.