Con la venia de la Judicatura, abogado acusado de acoso sexual insiste en ser juez anticorrupción

El año pasado, el Consejo de la Judicatura (CJ) había separado del concurso para jueces anticorrupción a Vinicio Rosillo, cuando descubrió que la Fiscalía lo destituyó en 2012, por haber cometido un delito flagrante de acoso sexual, con una alumna suya, en un motel de Santo Domingo de los Tsáchilas. Este año Rosillo revirtió la separación del concurso, con un recurso de protección que le concedió un tribunal de segunda instancia. La decisión fue avalada por el CJ, dirigido por Wilman Terán, que no apeló, aunque estaba obligado por ley a hacerlo. Es más, la Judicatura acaba de invitar a Rosillo a ser parte del curso de formación para ocupar el cargo de juez anticorrupción. (Nota actualizada este domingo 8 de julio).

Especialista de las artes marciales, el abogado Vinicio Rosillo Abarca no da su brazo a torcer. Pese a que en septiembre del año pasado el Consejo de la Judicatura (CJ) lo separó del concurso de jueces anticorrupción por haber sido destituido del cargo de fiscal, en 2012. Sin embargo, al mando del nuevo presidente Wilman Terán, la Judicatura nuevamente le abrió las puertas para convertirse en juez anticorrupción y crimen organizado.

Es más, este lunes 10 de julio, por invitación del CJ, Rosillo debía empezar un taller de inducción como parte del Curso de Formación Inicial, previsto una semana después, en el cual ya tiene un cupo para convertirse en uno de los nuevos jueces, que integrarán las dependencias judiciales con competencia en delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. La semana pasada el pleno del Consejo le notificó a Rosillo la invitación a participar en la capacitación.

Rosillo había quedado fuera del concurso que seleccionó a los 14 nuevos funcionarios para ese cargo, cuando la Judicatura descubrió que había sido destituido en 2012 mientras era fiscal provincial en Santo Domingo de los Tsáchilas. De hecho, Rosillo ocultó que fue separado de la Fiscalía durante el proceso de selección, pues conocía que esa era una causal que lo inhabilitaba.

Ahora, con un fallo de la Sala Multicompetente de la Corte de Santo Domingo, que le otorgó una acción de protección, está cerca de cumplir con su cometido. Los jueces Galo Luzuriaga, Juan Carlos Mariño e Iván León le concedieron la acción el 14 de marzo pasado. Y el 9 de junio el Consejo de la Judicatura resolvió darle trámite y acatarla, sin interponer ninguna apelación. Fuentes judiciales dijeron que Terán y Rosillo son amigos, ambos son oriundos de Santo Domingo, donde se conocieron hace varios años. Terán llegó a la presidencia del CJ en febrero pasado.

Por disposición de los jueces del tribunal, la Judicatura debe dejar sin efecto el informe en el que se justificaba la descalificación de Rosillo del concurso. En esa línea dispusieron que el CJ le permita acceder al curso de formación inicial de la Escuela de la Función Judicial, que ya tomaron y aprobaron otros aspirantes y duró 52 días. Los mejores puntuados llegaron a la lista definitiva de jueces anticorrupción.

En primera instancia la acción de protección fue negada por un juez, el 20 de diciembre de 2022, 20 días después de que se conocieran los ganadores del concurso de oposición y méritos. Rosillo apeló y el recurso fue conocido por el tribunal de alzada, que le concedió el requerimiento.

En el primer intento, el juez consideró que no existía vulneración a “los derechos a la seguridad jurídica, al acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad y sin discriminación ni al principio de favorabilidad y legalidad en la aplicación de sanciones”, que argumentaba Rosillo. Por eso negó el recurso.

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Cuando era Fiscal, en 2012, Rosillo fue destituido por faltar a su trabajo más de tres días consecutivos. En ese lapso, estuvo preso debido a una denuncia que una alumna suya interpuso por acoso sexual y un pedido de favores sexuales, a cambio de beneficios académicos, para mejorar sus calificaciones. Luego un juez ordenó su traslado a la cárcel de Quito, tras permanecer hospitalizado.

Aunque el abogado fue detenido en delito flagrante, en un motel, el 5 de mayo de 2012, un tribunal lo declaró inocente. Argumentó que la denunciante planificó la detención y que, supuestamente, el fiscal que estuvo a cargo del caso tenía un nexo sentimental con su alumna. La Fiscalía se opuso a la decisión. No solo apeló la sentencia, sino que ingresó una queja en contra de los jueces del tribunal a cargo del caso, que no prosperó.

Estos argumentos no fueron parte de la acción de protección que Rosillo interpuso para buscar, a como de lugar, regresar al concurso y optar por un cargo de juez anticorrupción y crimen organizado.

En su defensa, Rosillo dijo que la Judicatura “hizo aparecer” sobre la marcha en el concurso un informe donde constaba la inhabilidad. El entonces director general del Consejo, Santiago Peñaherrera, explicó, en septiembre de 2022, que Rosillo omitió en su inscripción al concurso el informe, por el que fue destituido en 2012. Solo declaró que había sido fiscal provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas hasta inicios de 2013. Para ese entonces, el abogado ya era el mejor puntuado del concurso, con 64,3 puntos en la sumatoria de méritos y la prueba teórica y 30 más, por la prueba práctica, alcanzando 94,3/100.

Según Rosillo, sus pedidos de una audiencia no fueron escuchados en la Judicatura. “No se me dio la oportunidad de nada, con un informe administrativo hecho por un subalterno, decidieron sacarme del concurso”.

Para él, eso implicó un cambio en las reglas del juego, lo cual generó inseguridad jurídica, pues no pudo seguir el curso de formación inicial, lo que le habría permitido “estar en el banco de elegibles o ser parte de los jueces”.

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Durante el concurso, Peñaherrera le dijo a Código Vidrio que una persona destituida no puede participar en funciones públicas, en general, por dos años. Pero cuando se trata de la Función Judicial, esa prohibición es “para toda la vida”. Rosillo rebatió ese argumento ante los jueces. Según su criterio, la Ley de Servicio Público no se refiere a funciones del Estado, sino a instituciones. En su caso dijo que fue destituido de la Fiscalía y no del Consejo de la Judicatura. “Una cosa es función y otra institución y la fase del concurso precluyó”.

Pero el CJ, entonces dirigido por Fausto Murillo, ratificó la separación porque Talento Humano debía revisar periódicamente la idoneidad de los candidatos desde que inició el concurso, en marzo de 2022, hasta diciembre, cuando se definieron los ganadores. Fue así que en agosto se detectó que Rosillo, quien formaba parte de los 37 candidatos finalistas, tenía una inhabilidad y fue descalificado.

La Judicatura se defendió durante las audiencias en primera y segunda instancia. Desde febrero, con Wilman Terán a la cabeza, resolvió acatar la sentencia de la Corte Provincial sin responder como es lo usual en estos casos manteniendo una línea institucional. Rosillo y Terán son juristas formados en Santo Domingo de los Tsáchilas y tendrían una relación de amistad.