Comuneros de Santa Elena anuncian acciones legales para frenar construcción de la 'Cárcel del Encuentro'
Comunidades de la provincia de Santa Elena iniciarán acciones legales ante la inminente construcción de la ‘Cárcel del Encuentro’ por parte del Gobierno de Daniel Noboa. Afirman que se está legitimando el despojo de tierras y que se afectaría a un bosque primario.
La mañana de este jueves 27 de junio del 2024, el Comité Permanente de los Derechos Humanos (CDH) realizó una rueda de prensa junto a ciudadanos de las comunas Bajada de Chanduy y Junta del Pacífico para rechazar la construcción de la prisión de máxima seguridad que ya comenzó esta semana.
Telmo Jaramillo, abogado de los afectados, recordó que estas comunidades fueron creadas antes del nacimiento del Estado ecuatoriano. Por ejemplo, el título de propiedad de Bajada de Chanduy data del año 1560.
En ese sector existe un predio llamado ‘La Envidia’, un ecosistema primario que alberga árboles de más de 100 años de existencia y tiene registros de 1920. Precisamente, en este sitio el Gobierno pretende construir la cárcel.
“Por un error del Ministerio de Agricultura se movieron los linderos y provocó que el predio ‘La Envidia’ quede entre las Juntas del Pacífico y Bajada de Chanduy”, comentó Jaramillo.
Denunció que “el Gobierno está legitimando el despojo a tierras comunales, que es prohibido por la Constitución”.
Por su parte, Donald Cabrera, quien pertenece a la comuna de Bajada de Chanduy, dijo que “el Gobierno le miente al país” cuando dice que esos terrenos son del Estado.
“Nosotros hemos enviado la documentación (a las autoridades) desde que se realizó el primer anuncio en el mes de enero, hemos solicitado que nos atiendan, pero nos han ignorado de una manera arbitraria”, apuntó Cabrera.
Este colectivo anunció que presentará una medida cautelar para frenar el proyecto.
¿AFECTACIONES AL AMBIENTE Y CULTURAS ANCESTRALES?
El Comité Permanente de los Derechos Humanos (CDH) emitió un comunicado en el que se menciona que la zona contiene una vasta flora y fauna, así como restos arqueológicos pertenecientes a culturas ancestrales de la Costa.
De igual manera, la organización señaló que el proyecto ha incumplido el debido proceso y vulnerando los derechos colectivos de la comuna Bajada de Chanduy, ya que no se ha hecho la consulta previa.
El CDH también constató que no existiría un informe de impacto ambiental y de restos arqueológicos de culturas costeñas. Así mismo, manifiesta irregularidades en la adjudicación realizada por el Ministerio de Agricultura al SNAI.
El Gobierno ha dicho que la cárcel de máxima seguridad se construirá en el sector Juntas del Pacífico, de la parroquia Simón Bolívar de Santa Elena, con una inversión de $52 millones.
El centro contará con módulos de máxima seguridad para el alojamiento de cerca de 800 personas privadas de la libertad (PPL) de alto perfil de peligrosidad o que presentan un alto riesgo de fuga.
El presidente Daniel Noboa mencionó en la presentación del proyecto que la prisión, similar a las que existen en El Salvador, “va a hacer que cualquiera que busque delinquir se lo piense dos veces”.