Clínicas de diálisis reclaman más de $ 120 millones al IESS y al Ministerio de Salud

La Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador denunció el desabastecimiento de insumos médicos y medicinas que enfrentan, debido a una deuda del Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Mediante un comunicado, la asociación detalló que serían 90 millones de dólares los que adeuda el MSP a las clínicas dializadoras, por 6 meses de tratamiento brindado a 14 mil pacientes con insuficiencia renal crónica, desde enero a junio del 2022, y que "en algunos casos existen facturas impagas del 2020 y 2021".

También señaló que, actualmente, el IESS tiene pendiente un pago de más de $30 millones desde diciembre del 2021, por la atención otorgada a más de 5 mil pensionistas y jubilados que padecen esta dolencia.

"Situación que ha generado nuevamente problemas de desabastecimiento de insumos médicos y medicinas para las personas que padecen esta enfermedad catastrófica, que requieren dializarse 3 veces a la semana, caso contrario su salud se deteriora", apuntó la asociación.

En vista de aquello, solicitaron a las nuevas autoridades de los Ministerios de Salud Pública y de Economía y Finanzas; al igual que a los directivos del IESS que, en el marco de la declaratoria de emergencia en la salud, se destinen los recursos necesarios para cancelar lo adeudado a los Centros de Diálisis, y así pueda continuarse con normalidad el tratamiento a los pacientes renales.

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“Si el tratamiento se lo brinda todos los meses, de igual manera deben hacerse los pagos: todos los mese”, enfatizó la Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador y la Asociación de Pacientes Renales del país.

Además, recordaron que existe una sentencia de la Corte Constitucional emitida hace casi dos años, donde se ordena que exista un plan programático de pagos.

Recientemente, el presidente Guillermo Lasso declaró en emergencia al sector sanitario, en el marco de una serie de demandas presentadas por el movimiento indígena, que entre el 13 y el 30 de junio pasados lideró una "movilización social indefinida" contra la gestión económica del Gobierno.

Uno de las demandas se relacionaban con el deterioro en el sistema de salud y recogía la queja sobre la falta de medicinas e insumos en las unidades de atención del Estado.