Caso Poseidón: Así funcionaba una estructura delictiva encargada de abastecer a narconaves en el Pacífico

Meses de investigación y coordinación entre agencias de Estados Unidos y Ecuador detectaron una estructura organizada, que abastecía de combustible a narcoembarcaciones y semisumergibles. Las naves transportaban, por mar, droga del cartel de Sinaloa. Los dos jueces que en diciembre dictaminaron el estado de inocencia de 18 acusados en este expediente judicial están suspendidos, mientras un tribunal investiga los hechos.

El 18 de agosto de 2018, la embarcación Tahoma del servicio de Guardacostas de los Estados Unidos interceptó una nave cargada con 16 bultos, que contenían 769 kilos de cocaína. Cinco tripulantes, dos mexicanos y tres ecuatorianos, fueron detenidos y trasladados hasta Florida. Los seis teléfonos satelitales y siete dispositivos GPS, encontrados a bordo, se convirtieron en la punta del ovillo.

Casi un año más tarde, el 19 de julio de 2019, Steadfast, otra embarcación del servicio de Guardacostas, interceptó en el océano Pacífico a una nave cargada con una tonelada de cocaína; esta vez, tres mexicanos estaban entre los tripulantes. La investigación de las agencias estadounidenses determinó que tres barcos de bandera ecuatoriana habían abastecido a la narconave con combustible, mientras se encontraba en altamar. De los tres barcos abastecedores identificados, uno pertenece a un miembro de la Marina ecuatoriana, en servicio pasivo. Los seis connacionales que tripulaban las naves abastecedoras fueron detenidos.

El registro de comunicaciones satelitales forma parte de las tres asistencias penales que sustentan el caso judicial, que revisó Vistazo.

“Quiere jugar dos partidos”. “Pero le toca el mismo puesto y trae a los jugadores”. “Tiene que traer unas 90 cajas de cerveza para la fiesta”. Las comunicaciones estaban codificadas, pero la palabra clave era: “pargo”. “El pargo es para dos comidas”. “Tiene que mandar más albacora, está cara la libra”.

El último día de septiembre, del mismo 2019, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó un barco nombrado “Cristalina”, con registro ecuatoriano fraudulento. Novecientos dieciséis kilogramos de cocaína se encontraban bajo un piso falso, los tres tripulantes fueron detenidos. Dos días más tarde, la misma agencia encontró una embarcación llamada “Picudo”, con registro ecuatoriano inválido, y 900 kilos escondidos bajo el piso falso. Mientras se aproximaba el barco guardacostas, uno de los marineros arrojó un teléfono satelital al océano. En ambos casos, se recuperaron las hojas de ruta, los códigos de comunicación y las coordenadas para el abastecimiento en altamar.

A mediados de marzo de 2020, nuevamente Steadfast interceptó una embarcación con 568 kilos de cocaína y dos teléfonos satelitales que permitieron rastrear las comunicaciones.

Dos meses después, una alerta de movimiento crítico advertía que una embarcación que surcaba el Pacífico debía encontrarse con una nave registrada en México, relacionada con el cartel de Sinaloa. A bordo de “Amarillo” los agentes encontraron 709 kilos de cocaína y registros de tres barcos que habían abastecido de combustible.

En pleno pico de la pandemia, en agosto de 2020, el trabajo coordinado entre agencias de Ecuador y Estados Unidos detectó un semisumergible bajo las aguas del Pacífico. De aproximadamente 50 pies de eslora (longitud entre proa y popa), contenía 2.400 kilos de cocaína, y fue detectado a 1.800 millas náuticas del perfil costero. Los indicios relacionaban a varias personas, en ambos hechos delictivos.

Un mes después, a 220 millas náuticas de la isla San Cristóbal, en Galápagos, la Armada del Ecuador encontró una embarcación con ocho lanchas de arrastre. Una de ellas no tenía permiso de zarpe; a bordo se encontraron 300 kilos de cocaína. Veintitrés ecuatorianos y un mexicano fueron detenidos.

Los registros de las comunicaciones revelan además que una tripulación quedó varada a su suerte, sin abastecimiento ni comida. “Digan la verdad, vienen o no, tenemos tres días sin comer”. Hay un intercambio de maldiciones, que denotan la desesperación por saberse olvidados, a la deriva. No se establece si estos hombres de mar perdieron la vida. Los indicios apuntan a que la estructura narcodelictiva tenía un coordinador en tierra. Es requerido por la justicia estadounidense, quien lo identifica como responsable de cuatro envíos de droga entre 2018 y 2019.

“La señora”, como se conocía a una líder de la estructura, fue detenida en España y extraditada a Estados Unidos, bajo cargos de haber coordinado la logística para el abastecimiento de combustibles a las narcoembarcaciones. También fue detenido en España y extraditado a Estados Unidos su esposo, el coordinador del abastecimiento de cuatro embarcaciones para las narconaves. Otros 10 colaboradores de la estructura son requeridos por la justicia estadounidense. En teoría, la justicia ecuatoriana debía hacer su parte, tomando en cuenta que la investigación estaba sólidamente blindada.

Según fuentes de la Fiscalía, la investigación previa se abrió en agosto de 2020, con base en un parte policial de la Unidad de Delitos Transnacionales de la Policía Nacional. Esto permitió identificar a los propietarios y capitanes de buques pesqueros. Además, establecer relaciones con distintas incautaciones de droga, que representaron 20 toneladas. Personas de nacionalidades ecuatoriana, colombiana y mexicana fueron detenidas en las operaciones.

Las autoridades estadounidenses entregaron tres asistencias penales internacionales, respecto al expediente “Pangueros Locos”, como se conoce el caso en ese país. Las asistencias incluyeron análisis químicos de las toneladas de droga incautadas por guardacostas estadounidenses; la identidad de los detenidos por los guardacostas; evidencias de los distintos procedimientos de incautación de droga; indicios encontrados en cada narcoembarcación, incluyendo las anotaciones en clave de coordenadas. El geoposicionamiento de las naves abastecedoras consta en las asistencias.

Todo esto llevó a realizar un megaoperativo, “Operación Poseidón”, a fines de octubre de 2021, con la dirección de la Fiscalía y la participación de la Policía y la Armada. Fueron allanados inmuebles, entre ellos, domicilios de los propietarios de los barcos. Diez embarcaciones fueron incautadas. A día seguido, las autoridades formularon cargos contra 14 personas, como coautoras del delito tipificado en el artículo 221 del Código Orgánico Integral Penal, COIP. En enero de 2022, otras ocho personas fueron vinculadas como coautoras.

Algo inédito. A inicios de marzo de 2022, el agente estadounidense de la agencia HSI (Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional) rindió testimonio durante seis horas. Según la Fiscalía, el agente Flanagan compartió detalles de las aprehensiones e incautaciones de droga, información de los teléfonos satelitales y explicó todos los elementos que sustentan la acusación.

La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se instaló a mediados de 2022. En la diligencia, el juez de instrucción emitió auto de llamamiento a juicio en contra de todos los procesados, acogiendo todos los medios de prueba anunciados por Fiscalía.

La audiencia de juzgamiento se instaló en agosto para resolver la situación jurídica de 18 de los procesados, ya que el resto huyó del país. La diligencia duró 22 jornadas, se practicaron 35 testimonios; se conoció el contenido de las tres asistencias penales. Una experta en análisis financiero explicó que dos procesados movieron más de un millón de dólares en tres años. Otros peritos aportaron elementos. El tipo penal que invocó la Fiscalía sanciona a la persona que directa o indirectamente organice actividades de apoyo al tráfico, o al grupo de personas dedicadas al tráfico de sustancias.

Por todo esto, causó sorpresa que a mediados de diciembre, el Tribunal Penal de Manta, con voto de mayoría de los jueces José Luis Alarcón Bowen y Mary Quintero Prado, confirmara el estado de inocencia de los procesados. En su pronunciamiento oral, mencionaron que el tipo penal invocado correspondía solamente a los dueños de la droga y a sus financistas, y no a sus colaboradores. El voto salvado, correspondiente al juez Carlos Fuentes Zambrano, acogió la acusación fiscal y dictó sentencia condenatoria contra los procesados.

El pronunciamiento de los dos jueces deja sin piso a una investigación transnacional que duró meses. Abona a la percepción de que en Ecuador el sistema judicial favorece la impunidad en los narcodelitos.

Lea también: Dictan prisión preventiva para bombero que fue detenido con 200 kilos de droga en Guayaquil