Caso 30S: Fiscalía emite dictamen acusatorio contra nueve militares por presunto asesinato

En torno a los hechos sucedidos el 30 de septiembre de 2010 (30S), la fiscal especializada en Personas y Garantías de Pichincha, Claudia Romero, presentó el dictamen acusatorio contra nueve militares (activos y pasivos), como presuntos autores del delito de asesinato, cometido bajo la modalidad de ejecución como grave violación a los derechos humanos.

Los procesados son: los oficiales de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo Luis C., Vicente G., Jorge M., Jorge P. y Hegel P.; y, también Fernando C., Marco C., Luis O. y Patricio G., integrantes del grupo de fuerzas especiales que participó en los hechos.

Durante la audiencia preparatoria de juicio, desarrollada en el Complejo Judicial Norte de Quito, la Jueza de Garantías Penales, Luz María Ortiz, declaró la validez del proceso respecto a vicios de procedimiento, cuestiones perjudiciales y competencia, que fueron presentados por Fiscalía, las defensas de los procesados y los familiares de las víctimas.

En su intervención, la fiscal señaló que las investigaciones se fundamentan en cómo se configuró la “Operación Rescate”, ejecutada para extraer del Hospital de la Policía Nacional, en Quito, al expresidente Rafael Correa, durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, la misma que “no contó con la planificación adecuada”.

Además, a través de una línea de tiempo y horas, se pudo determinar los posicionamientos policial y militar el día de los sucesos.

Conforme a las más de 500 versiones tomadas, la Fiscalía argumentó que no se efectuó un plan de acción asertivo: «un operativo improvisado, que no pensó en la gente civil ni en el personal que estaba en el lugar”, precisó Romero.

A estos elementos se suman más de 200 pericias, entre: cincuenta de balística, de reconstrucción y reconocimiento del lugar de los hechos, de seguridad interna, de audio, video y afines, psicológicas y médicas legistas.

Así como el análisis de historias clínicas de los heridos, informe informático forense, entre otros, que –en su conjunto–, según la agente Fiscal, demuestran que las víctimas (militares Darwin Panchi y Jacinto Cortez, y el policía Froilán Jiménez), fallecidas durante los hechos registrados el 30S, estaban expuestos a una situación de riesgo e indefensión, al no tomarse en cuenta su salud física y mental.

Al finalizar la diligencia, Fiscalía solicitó a la jueza que dicte auto de llamamiento a juicio. También hizo el anuncio de la prueba documental, pericial y testimonial que utilizará en la etapa de juicio, en caso de que la magistrada acepte el pedido justificado de Fiscalía.

La jueza Ortiz indicó que analizará el expediente fiscal y notificará oportunamente a las partes procesales para informar su resolución.

Esta causa se investiga y procesa con base en el artículo 140, numerales 2, 4 y 5, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que señalan que la persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años; en concordancia con lo establecido en los artículos 27, 4 y 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos.