Bandas criminales intentan tomarse empresas mineras en Ponce Enríquez

El sector minero que trabaja en el cantón Ponce Enríquez, provincia del Azuay, está en peligro por el constante acecho de ‘sableros’ (mineros informales) que ahora estarían asociados a bandas criminales para apropiarse de las concesiones.

Hace 12 días, se registraron ataques por parte de grupos criminales a las instalaciones de la empresa Agriplaza y las plantas de refinamiento Polecua y Gaona, quienes sí tienen los permisos para operar, pero no lo hacen con normalidad por la irrupción de sujetos armados.

De hecho, en redes sociales circula un video en el que se ve a individuos con ametralladoras. Lanzan tiros al aire, mientras otros saquean un edificio. Afirman ser parte de la banda ‘Los Lobos’. Aquellas imágenes también pertenecen al atentado del 18 de marzo.

Mauricio Murillo, síndico de la Cámara Nacional de Minería, comenta que los enfrentamientos ocurrieron en la parroquia Shumiral, donde los ‘sableros’ han conseguido el respaldo de grupos delincuenciales que los custodian en el saqueo de metales como el oro.

“Hay una especie de asociación ilícita entre estas dos personas: el minero ilegal que quiere trabajar en una concesión ajena y la persona armada que los custodia”, denuncia Murillo.

Agrega que existen denuncias en la Fiscalía de Ponce Enríquez, pero no han prosperado. Por lo que tampoco se sabe qué grupos criminales están operando en la zona o quizás son personas que se toman nombres de bandas para atemorizar.

“Esto va a desembocar en un caos como lo que pasa en Buenos Aires (Imbabura). Ahí es tierra de nadie, trabaja el que tiene el arma en mano”, señala Murillo, quien explica que los últimos actos violentos tienen como objetivo que los empresarios salgan de sus propias concesiones.

El pasado 18 de marzo, miembros de una banda ingresaron a las instalaciones de Agriplaza. Los delincuentes portaban ametralladoras y destruyeron las oficinas. Además, producto del ataque, un guardia de seguridad falleció y se registraron varios heridos.

Tras el incidente, la empresa pidió la intervención del Gobierno, a través de sus ministerios, así como de la Fiscalía y la Policía. “Nuestra compañía y muchas del cantón (Ponce Enríquez) estamos en permanente ataque, extorsión, invasión y paralización”, indicó el gerente de Agriplaza, Alberto Pincay, en un comunicado.

Sin embargo, en una reciente entrevista para Vistazo, Pincay informó que hasta el momento no han recibido ninguna llamada de autoridades gubernamentales para conocer la situación de la empresa, “lo cual me parece inaudito”.

“Presentamos comunicados al Ministerio del Interior, Minería y Bienestar Social también porque hay muchas plazas de trabajo que se pueden comprometer, pero no hemos recibido ninguna respuesta favorable. Es como si el sector minero de Ponce Enríquez que cumple con todos los parámetros legales para trabajar no existiera”.

El gerente de Agriplaza señala que en su momento puso un amparo administrativo, que es una solicitud para que la Agencia de Regulación y Control Minero (ARC) intervenga en caso de existir perturbaciones, sin embargo no ha obtenido resultados eficaces.

Ante los últimos acontecimientos, la compañía hizo una fuerte inversión en seguridad y con ello han podido retomar sus actividades parcialmente. Así mismo, trabajarán en reconstruir el tejido social de Shumiral, como estrategia para prevenir los actos vandálicos.

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