Azogues: Mujer había denunciado a su expareja dos meses antes de ser víctima de femicidio

Dos meses antes de su muerte, Rosa Elena L. I. denunció al su expareja por violencia física, por lo que terminaron su relación. Aun así, Heraldo Y. R. continuaba acosándola. El delito se perpetró en Azogues, provincia de Cañar.

Ambos mantuvieron una relación sentimental por siete años, en la que la mujer sufrió maltratos por la relación de poder que ejercía su pareja.

El 14 de agosto de 2022 –alrededor de las 19:00– Rosa Elena L. I. estaba por llegar a su casa, ubicada en el sector de Cuitun del cantón Biblián, pero fue interceptada por su expareja, quien la atacó con un cuchillo, provocándole una herida mortal en el cuello.

Pobladores de la zona vieron como Heraldo Y. R. huía del sitio, mientras la mujer avanzó unos metros y se desplomó. Intentaron ayudarla, pero cuando llegaron los organismos de socorro la víctima ya no tenía signos vitales.

En audiencia de juicio, Fiscalía probó la relación de poder que ejercía el procesado sobre la víctima con los testimonios de los familiares, de la experta que realizó la pericia de contexto de género y de la profesional de trabajo social.

También expuso los testimonios de los peritos que efectuaron el protocolo de autopsia; el reconocimiento y reconstrucción del lugar de los hechos y levantamiento de evidencias; las experticias de audio y video realizadas a varias llamadas ejecutadas por parte del procesado el día de los hechos; la experticia de perfil psicológico; y, los relatos de los pobladores que vieron lo sucedido.

A esto se sumó la pericia de ADN practicada al cuchillo encontrado en la mano derecha de la víctima, puesto que, tras la puñalada perpetrada por Heraldo Y. R., ella se lo sacó del cuello. El resultado concordó con el perfil genético del agresor.

Tras comprobarse los presupuestos del artículo 141, con las agravantes del 142 numerales 1, 2 y 4, del Código Orgánico Integral Penal, el Tribunal Primero de Garantías Penales de Cañar declaró culpable a Heraldo Y. R., imponiéndole la pena de veintiséis años de privación de libertad por femicidio. También ordenó el pago de una reparación integral material de 107.000 dólares.