Así operaba una banda para robar en transportes públicos de Quito: hay 8 procesados por asociación ilícita
Por una serie de robos y hurtos ejecutados en las unidades de transporte público en Quito, ocho personas fueron procesadas por su presunta participación en el delito de asociación ilícita.
Geovanna P., Pedro V., Marlon C., María C., Kevin S., Wilson R., Édison M. y Paola Q fueron detenidos durante un operativo ejecutado la madrugada del pasado jueves 18 de agosto.
La Fiscalía General del Estado investigó a los sospechosos desde abril de 2022. Desde ese mes, se efectuaron diligencias que revelarían la existencia de una organización delictiva que aprovechaba las horas pico para sustraerse las pertenencias a los usuarios de buses, principalmente teléfonos celulares.
Paulina Oñate, fiscal especializada en Delincuencia Transnacional e Internacional (Fedoti 2), quien estuvo al frente de la investigación, presentó, en la audiencia de formulación de cargos, el resultado de al menos cincuenta seguimientos que la Policía hizo con la respectiva autorización judicial.
En las imágenes se evidenciaría cómo los procesados estableciendo roles y funciones, aprovechándose del descuido de los pasajeros: parte de la supuesta organización se ubicaba en las puertas de los buses, mientras que otro grupo obstaculizaba el paso de sus víctimas para –en medio de la confusión– apoderarse de sus celulares.
Según explicó la Fiscal, una vez que los tenían en su poder, los artefactos eran entregados a Pedro V., quien habría sido el encargado de venderlos en un centro comercial situado en el sur de Quito.
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Esos informes formaron parte del grupo de elementos de convicción presentados por Fiscalía ante una Jueza de Garantías Penales. A estos se sumaron denuncias de víctimas, informes de registros de llamadas entre los procesados, las secuencias de imágenes tomadas a los aprehendidos, versiones, entre otros.
Fiscalía solicitó la prisión preventiva para siete de los ocho procesados. Para Paola Q. pidió medidas sustitutivas: prohibición de salida del país y presentaciones periódicas, por encontrarse en estado de gestación.
La Jueza consideró que Pedro V. también debe cumplir con las mismas medidas de Paola Q. (por haber presentado arraigos), mientras que el resto de sospechosos sí recibieron la medida cautelar privativa de la libertad.
Fiscalía formuló cargos con base en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP): “Asociación Ilícita.- Cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos, sancionados con pena privativa de libertad de menos de cinco años, cada una de ellas será sancionada, por el solo hecho de la asociación, con pena privativa de libertad de tres a cinco años”.