Álex Palacios, exasesor de Wilman Terán, condenado a 15 meses de cárcel por delincuencia organizada
Octava sentencia en el caso Metástasis. Álex Palacios, quien era el hombre de confianza de Wilman Terán, aceptó su participación en el delito de delincuencia organizada y fue sentenciado a 15 meses de prisión. Con ello, podría salir de la cárcel en el 2025.
La mañana de este miércoles 24 de julio del 2024, se llevó a cabo el juicio en la Corte Nacional de Justicia en Quito. La fiscal Diana Salazar presentó 34 elementos de convicción contra el procesado, quien –a la fecha de los hechos– se desempeñaba como subcoordinador jurídico del despacho del entonces juez nacional Wilman Terán.
Estas pruebas confirmaron su participación en la estructura criminal, aprovechando sus influencias en los juzgados.
El Ministerio Público confirmó que asesoraba al sentenciado Helive Angulo sobre cómo comprar la decisión de los jueces de la Sala de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores que iban a conocer un habeas corpus a favor de los familiares del fallecido narco Leandro Norero.
Previamente, en su testimonio anticipado, Palacios también narró una serie de irregularidades que habría cometido Wilman Terán, conocido en los chats del caso Metástasis como alias ‘El Diablo’. Incluso, el expresidente de la Judicatura lo habría amenazado.
“En la cárcel, luego de mi testimonio en otro caso, recibí amenazas de Wilman Terán: que voy a ser un muchacho muerto”, reveló el testigo protegido.
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RESOLUCIÓN DEL JUEZ
Al concluir la audiencia, el juez de la Corte Nacional de Justicia que llevó la causa aceptó los argumentos de la Fiscalía y sentenció a Álex Palacios a 15 meses de cárcel.
Esto porque el implicado se acogió al procedimiento abreviado y aceptó su participación en el delito de delincuencia organizada. Además, firmó un acuerdo de cooperación eficaz.
“Proporcionó información precisa, verídica y comprobable que ayudó al esclarecimiento de los hechos”, apuntó el Ministerio Público.
El magistrado también dispuso el pago de una multa de 12 salarios básicos unificados (5.520 dólares), el comiso de los bienes incautados y el pago –a favor del Estado– de 11.040 dólares.
A esto se suma la obligación de publicar la sentencia en la página web del Consejo de la Judicatura, la publicación y difusión de la parte resolutiva de la sentencia en un medio de comunicación y ofrecer disculpas públicas.