Advierten sobre riesgo de que dinero ilícito contamine las elecciones en Sucumbíos: La provincia está sumida en pobreza e inseguridad

Sucumbíos es considerada una de las provincias más peligrosas del país, no solo por su alto índice delictivo sino porque es el punto de entrada de grandes cantidades de cocaína desde Colombia, hace más de dos décadas. Estas circunstancias gravitarán silenciosamente en las elecciones seccionales de 2023, según informes de Inteligencia, que advierten el riesgo de que dineros sucios contaminen algunas candidaturas. Los postulantes a la alcaldía y la prefectura aseguran que han tomado precauciones para evitar cualquier infiltración.

Sucumbíos, en la frontera con el Putumayo colombiano, es considerado un polo estratégico del narcotráfico. En este ambiente de zozobra e inseguridad, reflejado en un creciente aumento de asesinatos y otros delitos, ocho candidatos buscan ganar la Alcaldía de Lago Agrio y siete la Prefectura de la provincia, en las elecciones de febrero de 2023.

Tres de ellos son rostros conocidos en la política de esa provincia amazónica. Se trata de Amado Chávez, de la alianza Unidos Somos Más, coalición entre Pachakutik, Suma, Construye, ID y Reto, quien va por la reelección a la prefectura; Guido Vargas, de Sociedad Patriótica, quien estuvo en ese cargo entre el 2014 y el 2019; y Joffre Poma, de RC5, quien fue asambleísta por esa provincia desde 2017 hasta 2021.

Chávez y Poma son adversarios, pero enfrentaron procesos penales relacionados con el paro de octubre de 2019. El primero es del movimiento Suma y tenía meses en funciones cuando ocurrió la medida de hecho. Hoy busca continuar en el cargo con el auspicio de una alianza. El segundo es la ficha del correísmo, con el movimiento Revolución Ciudadana.

Juntos fueron apresados y declarados culpables de complicidad por el delito de paralización de servicio público, debido a la toma del Sistema Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) en Lago Agrio. Esta protesta impidió que se bombearan más de 36.000 barriles de crudo.

La sentencia fue de un año y cuatro meses de prisión, pero finalmente, tras un mes, Chávez recuperó su libertad. Poma permaneció más tiempo en prisión, pero en febrero del 2020 consiguió el recurso de suspensión condicional de su pena, que cumplió en libertad. La toma del SOTE significó un perjuicio para el Estado de aproximadamente 1,7 millones de dólares, pero ambos implicados volvieron a sus cargos tras salir de prisión.

Los organismos de Inteligencia tienen datos de los riesgos de que las candidaturas en esta provincia sean permeadas con recursos del crimen organizado, a través de donantes. Eso es negado por los postulantes, quienes aseguran que hacen seguimientos detallados de los fondos que ingresan a sus campañas, que son de origen lícito.

En Sucumbíos, el narcotráfico, la trata de personas y los sicariatos son parte de la lógica delincuencial imperante. “Muchos jóvenes se ven tentados a vincularse a esas estructuras delictivas, porque ven una forma de generar recursos económicos”, dice Ángel Gómez, coordinador del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP).

Esto está ligado a la falta de oportunidades, servicios de salud (falta de especialistas y equipos), vialidad (accesos deficientes o inexistentes), servicios básicos, etc. Los jóvenes tienen que salir a estudiar en otras provincias o regiones y no todos vuelven porque es difícil encontrar una opción laboral acorde a lo que aprendieron.

Gómez cree que ninguna de esas razones justifica los delitos pero sí las explica. “Aquí hay sicariatos cada fin de semana, así como una disputa de territorios entre las bandas. Si no se hace algo, vamos por el mismo camino de Esmeraldas y Guayas”.

Desde enero hasta noviembre de este año, en la provincia ocurrieron 72 homicidios intencionales, lo que significa un incremento del 118 %. La diferencia preocupa pues el año pasado hubo 33 crímenes y el 2018 se registraron 29. 53 de ellos ocurrieron en Lago Agrio, 30 casos más que el año previo y 38 más que en el 2018, según la Policía

De esas 72 víctimas mortales, 11 tenían antecedentes penales. Oficiales de la Policía dijeron a Código Vidrio que no solo llama la atención el incremento de casos sino la forma en que ocurrieron. Por ejemplo, en una noche ocurrieron siete asesinatos y todos tenían algo en común: los fallecidos eran consumidores de droga o se dedicaban al microtráfico. Entonces, la Policía manejó la hipótesis como una disputa territorial o una especie de “limpieza social”.

Estos casos no son ajenos para la población y en cualquier conversación salen a flote. No obstante, algunos habitantes describen a Lago Agrio, la ciudad con más casos de violencia, robos y demás, como un lugar tranquilo. Pero los uniformados dicen que es una tranquilidad aparente, tensa, más bien un espejismo.

Y sí, es la posibilidad de ganar mucho dinero en poco tiempo la que atrapa a más personas en el mundo criminal. Pero otros se resisten. “¿Me pelan y qué hago con la plata? Así sea un verde sin sal, pero como tranquilo. Ellos pueden estar comiendo delicias pero ni el sabor han de sentir de la preocupación. Yo prefiero trabajar para bien”. Es la respuesta de un cuencano que lleva décadas viviendo en Lago Agrio y se dedica al servicio de transporte. Reconoce que no es raro recibir propuestas para involucrarse en negocios ilícitos en ese cantón, cuyo nombre oficial es Nueva Loja.

Guido Vargas dice que si no se ofrece fuentes de trabajo bien remunerado, la amenaza de la inseguridad seguirá creciendo sin control. Pero tanto él como Chávez y Freire coinciden en que se podrá frenar ese problema solo por medio de un trabajo coordinado con el Estado y generando política pública que refuerce el tejido social.

Esos casos de muertes violentas son conocidos por la población. No especifican la fecha, pero saben que un sicario acabó con la vida de un hombre en los exteriores del ECU 911, hace varios meses. Dicen que se trataba de un conductor que trabajaba con alguien cercano al prefecto Chávez. La Policía confirma que la víctima era el chofer de Luis Guerrero, el empresario que colabora con la campaña y asesora al Prefecto que busca su reelección. Sin embargo, no dan más detalles pues dicen que este caso está en investigación.

El último hecho violento que preocupa a las autoridades es el asesinato del juez Nelson Yánez, ocurrido el 25 de agosto en Lago Agrio, a la salida de su domicilio. Fue baleado por sicarios. Su caso sigue en investigación.

El río San Miguel es el límite natural entre Ecuador y Colombia. A diario, ciudadanos de ambos países, al igual que migrantes que provienen de Venezuela cruzan por este afluente en pequeñas embarcaciones. Otros usan el puente de San Miguel, en el poblado de General Farfán, que lo transitan a pie, para luego embarcarse en un bus o en una camioneta de alquiler que los lleva hasta Lago Agrio. Recorrer ese camino toma aproximadamente media hora.

Por su ubicación, este cantón y esta provincia tienen un historial conflictivo, incluso antes de haberse formado, en 1989. Antes, este territorio era parte de la provincia de Napo. Pero la presencia de grupos armados organizados en el cordón fronterizo, constantemente salpica la violencia hacia Ecuador desde hace dos décadas. Especialmente los Comandos de la Frontera y la Constru. Eso, ligado a la problemática del narcotráfico, ha delineado un perfil delictivo en esta provincia distinto al del resto del país.

“Si yo fuera usted, no preguntaría tanto”, dice un quiteño que vive muchos años en Lago Agrio. Y explica por qué: “De gana esconde el celular en los semáforos, no tenga miedo. Aquí robarle, no le roban. No hay inseguridad. Pero si se mete en algo chueco o con alguien que no debe, le pelan ahí no más, los de las motos”.

Así explica la calma aparente, engañosa, de esta ciudad. “Lago Agrio es tranquilo para quien trabaja honradamente y no se mete con el resto. Si se mete, tenga”, dice y usa su mano para imitar un disparo de una arma de fuego. De hecho, las cifras policiales muestran que los robos a personas, motos o domicilios si bien aumentaron 53 %, 97 % y 3 %, con respecto del 2021, aún no alcanzan los niveles prepandemia.

La gente repite este tipo de testimonios constantemente. Sonríen al relatar las cosas que se escuchan pero, eso sí, piden que sus nombres no se hagan públicos. “Aquí uno mira, escucha y calla para estar en paz”, dice el conductor azuayo.

Él maneja una de las camionetas que llevan y traen gente desde General Farfán, en el Puente Internacional, hacia Lago Agrio. Ahora. Su gremio, los pasajeros y los conductores de buses tienen un lugar para descansar, con wifi gratuito, baños y vigilancia mientras esperan la hora de salir con otra carrera. Se trata de la Zona de Parqueo, una miniterminal que el alcalde Abraham Freire, de Acuerdo Ciudadano, entregó a la comunidad recientemente. Él también corre para ser reelecto para la Alcaldía. Así, la conexión con Colombia mejoró para quienes habitualmente se surten de productos a ambos lados de la frontera.

Sin embargo, el prefecto Chávez dice que mucho más que eso no se puede hacer en cuanto a vialidad para los habitantes fronterizos. Hacerlo -agrega- puede convertirse en un arma de doble filo, pues mientras mejores vías se construyan, más facilidades se le concede al narcotráfico.

En Sucumbíos los secretos a voces abundan, así como negocios que aparecen constantemente, con capacidad para atender a decenas de clientes, pero que casi siempre lucen vacíos. “Eso es lavado”, dicen algunos lugareños. “¿Qué otra cosa puede ser?”.

Las autoridades policiales y organizaciones sociales que trabajan en la zona confirman que estas sospechas no son infundadas. Todo el dinero que ganan los diferentes operadores de la cadena de producción y distribución de cocaína que pasa al Ecuador desde el Putumayo colombiano necesita ser lavado.

Por eso, una parte de la estructura criminal ofrece invertir en negocios como peluquerías, panaderías, tiendas, restaurantes, joyerías, empresas de transporte, hoteles, ferreterías, dentro y fuera de Sucumbíos. Esas organizaciones criminales no cobran intereses, lo único que piden es que tiempo después parte de ese dinero, luego de ser ingresado al sistema financiero, vuelva a sus manos. Esta dinámica afecta directamente a pequeños emprendedores que cumplen la ley y la normativa y se esfuerzan para sacar sus negocios adelante, en medio de limitaciones. Algunos pobladores pidieron también no estigmatizar a toda la población que trata de sobrevivir entre adversidades y el abandono estatal.

Guido Vargas y Amado Chávez consideran que la vialidad es uno de los principales problemas de la provincia. Mejorarla podría ser el mejor mecanismo para combatir la pobreza. Por eso, ambos ofrecen trabajar en los precarios caminos de Sucumbíos.

Según Chávez, su administración ha transcurrido en épocas complicadas, pues la provincia estuvo a su cargo durante los paros de octubre del 2019 y junio del 2021; el proceso legal que enfrentó y, por otro lado, el confinamiento por la pandemia.

En el periodo que terminará en mayo próximo, Chávez resalta que contó con el respaldo “de un equipo de trabajo, con un compañero empresario que nos ofreció ayudar; nos da camisetas, banderas, etc porque apoyan el proyecto”. El empresario del que habla, y que continúa apoyándolo para las próximas elecciones es Luis Mario Guerrero. “Su papá falleció hace pocos meses. Son una familia que viene desde abajo. Él no trabaja dentro de la Prefectura, es un asesor externo”, dice.

Agrega que sus empresas están en el ramo de la construcción de vialidad y los “ayuda a ver que todos los proyectos que se realizan sean de buena calidad”. A pesar de que esta es una de sus líneas de trabajo más importantes, Chávez dice que no hay ningún conflicto de intereses pues los contratos que Guerrero, a quien en Sucumbíos se conoce como el poder detrás del poder, no gana todos los concursos sino únicamente aquellos en los que es el mejor oferente. “Todo se tiene que hacer por el portal de compras públicas y otras empresas también participan”.

Freire y Chávez señalan que ni la existencia de la Ley Amazónica ha garantizado un retorno justo y efectivo a sus territorios del dinero que genera la extracción minera y petrolera. De hecho, ambos reclaman que el Estado adeuda a Lago Agrio 21 millones de dólares y a Sucumbíos, 21 millones.

Esto es algo que se repite cíclicamente, dice Vargas, de Sociedad Patriótica, quien perdió en su intento de reelección del periodo en marcha pero espera volver a la Prefectura en mayo. Afirma que cuenta con el apoyo de organizaciones sociales, gremiales, culturales y de pueblos y nacionalidades indígenas. Además de la vialidad, Vargas cree que hay que fomentar la producción de café, cacao, yuca, etc., impulsando el transporte fluvial por los ríos San Miguel, Aguarico, Napo y Putumayo. Eso ayudará, dice, a quienes viven en comunidades alejadas y de difícil acceso. Por eso ofrece entregar canoas a estos sectores.

Sucumbíos fue una de las ocho provincias que hasta el 13 de noviembre finalizó su proceso de calificación de candidaturas. El 18 de diciembre serán oficiales las candidaturas en firme a escala nacional. En ese proceso, de 248 inscritos tres no consiguieron avanzar. Hubo casos que se revisaron y fueron subsanados. Un postulante a alcalde de Shushufindi no pudo demostrar que cumplía con el requisito de haber nacido en el cantón o haber vivido ahí en el tiempo reglamentario, fue descalificado y la Revolución Ciudadana no inscribió ningún reemplazo.

Edwin Lozada, director de la Delegación Provincial del CNE en Sucumbíos, dijo que para este proceso electoral se han mejorado las normativas, reglamentos y protocolos para el control de los distintos procesos dentro de las elecciones. Explica que toda actividad realizada antes de la fecha de inicio de campaña electoral debe ser sancionada y, según su tipo, se considera leve, grave o muy grave y tiene sus sanciones.

La Delegación ha ofrecido talleres y capacitaciones a las organizaciones políticas y envió oficios para que los candidatos se enteren de los protocolos. Sin embargo, los candidatos en Sucumbíos y en el resto del país realizan constantemente reuniones con organizaciones sociales en distintos puntos de la provincia, los unos sumando apoyo y los otros, entregando obras municipales o provinciales.

Por ejemplo, en medio del Mundial de Fútbol, convocaron a la ciudadanía a mirar partidos en espacios públicos, con pantalla gigante y amplificación. Sin embargo, ese tipo de actividades no se sanciona necesariamente.

El personal de la Delegación realiza recorridos con el apoyo de miembros de la Policía y municipios para monitorear la colocación de publicidad electoral no autorizada y la retiran, de ser el caso. Lozada afirma que se toman fotos y se suben al sistema como una prueba, para sancionar las infracciones electorales en su momento. Las organizaciones deben presentar informes cada 15 días sobre sus gastos de campaña y luego, un informe final, cuando terminen las elecciones.

Algo más difícil es controlar el origen del financiamiento. Lozada dice que se hace un seguimiento a los informes de campaña electoral y se envía oficios al Sercop, Superintendencia de Compañías, SRI, UAFE para que envíen información de los aportantes directos a las campañas que han firmado el formulario que se registra en el sistema del CNE. “Eso es para ver si alguno de los aportantes tiene algún vínculo fuera de la ley y nosotros hacemos un análisis que pasa por los informes económicos, técnicos y jurídicos. Posterior a eso, verificamos si se cumple o no, si hubo exceso de gasto electoral”, dijo.

Además, las organizaciones políticas deben mandar informes una vez al año de todas sus actividades y que incluya lo que gastaron en cada reunión, agregó. Desde 2023, el CNE le dará a las organizaciones sociales el acceso a un sistema integrado para ingresar toda esa información en época de elecciones y fuera de ellas.

Freire, Vargas y Chávez dicen que han escuchado de financiamiento de campañas provenientes del narco, pero los tres niegan que en la suya haya posibilidades de que eso exista. Vargas dice que aceptar alguna propuesta de ese tipo permitiría que luego “a uno le tengan que poner una pistola en la cabeza para que haga lo que quieren”. En ello coincide Chávez, quien dice que aceptar esos recursos “sería endeudarse con gente muy peligrosa”, un riesgo que, dice, no quiere correr.

Aunque es una de las provincias que más aporta al país por su alta producción petrolera, las carencias que enfrenta Sucumbíos son evidentes para quienes la visitan y mucho más para quienes viven ahí. En enero pasado, el presidente Guillermo Lasso informó que Frontera Energy halló petróleo y gas en uno de los pozos de exploración del bloque Perico. Eso, según dijo, significará un aumento de producción de 925 barriles de petróleo por día.

Pero eso aún no ha significado una mejora en las condiciones de vida de la provincia ni de la inversión estatal para su desarrollo. Abraham Freire, alcalde de Lago Agrio y postulante por la reelección, dice que por décadas la población que se asentó ahí desde inicios de la explotación petrolera en los setenta atestiguó la salida del petróleo, sin que eso signifique un desarrollo para la comunidad. “La Texaco era una ciudad con todos los servicios, mientras que Lago Agrio vivía en la pobreza y todavía es así”.

En esta provincia las carencias abundan. Por ejemplo, en el área de salud, pasó de 95 a 327 camas hospitalarias entre 2004 y 2021. Una cifra baja para una provincia con unos 230.000 habitantes. La recomendación internacional recomienda que se cuente con 2,7 camas por cada 1 000 habitantes. Sucumbíos debería tener aproximadamente 621 camas disponibles.

Los parámetros sociales son preocupantes. Según el INEC, en situación de pobreza vive el 50,9 % de sus habitantes.

Los candidatos se apalancan en estas cifras para diseñar su campaña. “Sucumbíos es la segunda provincia más pobre del país, después de Esmeraldas”, destaca el alcalde Freire en sus recorridos.

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