Activista trans fue asesinada tras negarse a pagar a bandas delincuenciales para ejercer como trabajadora sexual

Conmoción en Ambato por la muerte de Jéssica Martínez, mujer trans que luchó por los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La activista fue asesinada tras recibir amenazas por parte de grupos delincuenciales que exigía pagos a trabajadoras sexuales.

El suceso ocurrió el pasado sábado, tres de agosto, en los exteriores de un hostal ubicado sobre la calle Marieta de Veintimilla entre Juan Hervás y Luis A. Martínez, cerca del mercado Central. La víctima habría recibido alrededor de ocho balazos, según reportan medios locales.

“Repudiamos los hechos suscitados, llamando a las autoridades e instancias al esclarecimiento de su asesinato y justicia para la hoy occisa”, manifestó la Fundación Visión y Diversidad en un comunicado.

Algunas compañeras indicaron que Jéssica fue amenazada de muerte en las últimas semanas porque se negó a pagar “vacunas” a cambio de trabajar en las calles. Incluso, habría notificado las extorsiones a la Policía, pero no prestaron atención.

“Lo de Jéssica era una muerte anunciada”, dijo la activista trans, Odalys Cayambe, en una transmisión en su cuenta de Facebook.

Agregó que, un día antes, habló con la víctima para que se integre a una marcha trans, puesto que ellas son pioneras en la reivindicación de los derechos de la comunidad, pero se negó por miedo a que la maten.

De hecho, la misma Odalys filtró un audio en el que Jéssica describe el estado de pánico en el que se encontraba.

“Tengo mucho miedo por mi vida. La única que pelea, salta y grita soy yo. Las otras sabes que son totalmente calladas. Aquí la que se pelea, soy yo pues, como por mí no han podido cobrarles a las de mi grupo, a las que son socias ... La cabeza que ellos piden es la mía”, señaló la hoy occisa.

En el audio también dice que se siente acorralada porque en la Policía hay infiltrados que avisan a los grupos criminales cada paso que ella da.

Sin embargo, esta no es una situación única de Ambato, en Guayaquil también se han reportado hechos similares. La Fundación Tacones Rojos junto a la Red Comunitaria Trans del Ecuador denunciaron estos actos criminales en contra de sus compañeras, sin que hasta el momento tengan respuesta de las autoridades.

En un comunicado, describen que a las mujeres trans, que ejercen el trabajo sexual, les están imponiendo el pago de 30 dólares semanales ordenado por alias el coronel y sus secuaces.

"El trabajo sexual en Ecuador no es un delito. Pero las garantías de las personas trans y cisgénero que la ejercen son nulas. Han estado siempre desprotegidas", escribió la periodista Karol Noroña en Twitter.

Para La Movida Feminista, "el asesinato de Jéssica Martínez es consecuencia de la discriminación, el racismo y el prohibicionismo del Trabajo Sexual que permite que las mafias extorsionen a quienes lo ejercen. Responsabilizamos al Estado por negligencia".