¿A quién beneficia la postergación del cierre del ITT? Petrolera china proyectó una inversión millonaria
China es el actor oculto en la operación del bloque 43-ITT. La empresa CDCC, subsidiaria de CNPC, también china, proyectó una inversión de 148 millones de dólares. El financiamiento es otorgado por la misma compañía, con una tasa anual de 6,37 por ciento, según el informe sobre actividades de empresas chinas en nueve países de la región, del Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA). Varios sectores ven con preocupación el anuncio presidencial de extender el plazo para el cierre de las operaciones del bloque petrolero. En agosto de 2023, la mayoría de votantes decidió dejar el crudo bajo el subsuelo de esa zona. El plazo para el cierre vence en agosto de 2024.
En agosto de 2023, el 59 por ciento de ecuatorianos votó a favor de dejar el petróleo bajo el subsuelo del bloque 43, conocido como ITT, en el Yasuní. En ese grupo de votantes se encontraba el entonces candidato presidencial Daniel Noboa. Han transcurrido apenas cinco meses; el escenario cambió. El último lunes de enero, Noboa –hoy presidente- anunció la posibilidad de aplazar el cierre de las operaciones del bloque. Éste debería cumplirse en agosto de 2024. Ahora está por verse; no está dicha la última palabra.
El estallido de la violencia, que tuvo su clímax el martes nueve de enero, provocó que el gobierno de Noboa declarara la existencia de un conflicto armado interno en el país. Es una declaratoria de guerra contra el terrorismo, identificado en 22 grupos narcodelictivos.
Aplazar el cierre de operaciones del bloque 43 permitiría un alivio económico al Gobierno, que busca financiar la decisión adoptada en materia de seguridad.
El anuncio sorprendió a más de uno. Especialmente, a los grupos de la sociedad civil que realizan vigilancia y monitoreo sobre proyectos extractivistas en la Amazonía.
“Por la dinámica del conflicto armado, otra de las víctimas del narcotráfico es el Yasuní. Es paradójico, el pueblo votó por la consulta; era una medida de reparación hacia los colectivos que hace diez años plantearon la iniciativa. Aplazar el cierre del bloque es un anuncio grave para la sostenibilidad democrática, en el marco de condiciones de lo que implica declarar un conflicto armado interno”, advierte Sofía Jarrín, asesora de Incidencia Internacional de Amazon Watch.
Esta organización integra el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente – CICDHA. Se trata de una iniciativa de la sociedad civil, que arrancó hace más de seis años, explica Jarrín. “Documentamos de forma sistemática las inversiones chinas en América Latina”. El grupo articula a organizaciones de nueve países, incluido Ecuador.
En julio de 2023 el colectivo CICDHA presentó el informe sobre “Actividades empresariales chinas y derechos humanos en América Latina: Casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela”. Esto, en el contexto del Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas a la República Popular China.
China ratificó el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “en el marco de ese documento se desprenden obligaciones en temas de derechos humanos”, explica la experta.
El informe del colectivo presenta el resultado del monitoreo a 28 proyectos, en los que participan 28 empresas domiciliadas en China y al menos ocho bancos chinos. “Se desarrollan en territorios de nueve países de América Latina: Argentina (tres); Bolivia (cuatro); Brasil (uno); Chile (dos); Colombia (uno); Ecuador (ocho); México (dos); Perú (cinco) y Venezuela (dos).
Los proyectos comprenden los sectores de minería (14), hidroeléctricas (cinco); hidrocarburos (cuatro); infraestructura (dos); industria agroalimentaria (dos) y energía (uno)”. Sofía Jarrín explica que la cantidad de proyectos ecuatorianos analizados refleja la actividad de los grupos de la sociedad civil.
La explotación de petróleo en el Yasuní es analizada en el marco de este estudio. Y hay hallazgos, preocupantes.
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Los problemas del ITT
Las observaciones del informe se focalizan en uno de los campos del bloque 43, llamado Ishpingo Tambococha Tiputini, ITT. Este bloque, cita el informe, se encuentra en las inmediaciones del territorio de la nacionalidad indígena waorani y el parque Yasuní, reconocido por la Unesco como reserva de biósfera.
“De los tres campos que conforman el ITT, Ishpingo es el área más sensible, tanto por la vulnerabilidad de los pueblos indígenas que habitan en este territorio, como por la potencial afectación de la riqueza ecosistémica del Yasuní y su vital contribución en el equilibrio del clima global”.
China National Petroleum Corporation, CNPC, explica el informe, empezó a operar en el ITT en 2016. Esto se tradujo en la asignación del contrato de perforación y completación de pozos en el área de trabajo del Campo Tambococha, del bloque 43, desde 2017, operado por la estatal Petroamazonas EP, que hoy es Petroecuador. El contrato se extendió hasta diciembre de 2019.
Según el informe de monitoreo, en febrero de 2022, la Empresa Pública Petroecuador adjudicó el contrato de prestación de servicios para la perforación de 40 pozos en las plataformas A y B de Ishpingo a la empresa china Chuanquing Drilling Engineering Company Limited (CDCC), que es subsidiaria de National Petroleum Corporation (CNPC).
“El proyecto cuenta con una inversión proyectada de 148 millones de dólares. El financiamiento es otorgado por la misma compañía, con una tasa anual de 6,37 por ciento”, detalla el documento.
La operación del campo Ishpingo vulnera tres derechos: al territorio; a la vida de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario Tagaeri y Taromenane; y el derecho al ambiente sano y evitar los efectos del cambio climático.
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Derechos vulnerados
Al territorio. El bloque intersecta con los territorios de vida de los pueblos en aislamiento voluntario (PIAV) Tagaeri y Taromenane, y la Zona Intangible (ZITT), que fue delimitada en 1999.
El campo Ishpingo A interfiere directamente en la vida de los pueblos en aislamiento, al vulnerar los principios de no contacto y autodeterminación, cita el informe.
La explotación del bloque 43 – ITT impacta a una de las zonas más importantes del mundo en cuanto a biodiversidad y fauna, el Parque Nacional Yasuní, el cual ha sido catalogado por la UICN como un área protegida. Abarca más de 770 hectáreas de bosque húmedo, en el cual se han registrado unas 1.500 especies de plantas, 600 especies de aves y 167 especies de mamíferos. Entre ellos, especies acuáticas amenazadas como el manatí amazónico y las nutrias gigantes.
El informe de monitoreo enfatiza que por las irregularidades y potenciales afectaciones a los derechos de la naturaleza, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador interpuso en junio de 2022 una Acción de Protección. Esto, para impugnar al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. En ella, se señalaba a las entidades ecuatorianas por la “omisión de sus funciones por la ausencia de control y seguimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado frente a la suscripción del contrato con la empresa China National Petroleum Corp (CPNC) para la operación de pozos en el campo Ishpingo”.
Las organizaciones de la sociedad civil determinan que las empresas chinas tienen responsabilidades. Según el informe, “China tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) de las personas afectadas por sus decisiones, acciones y omisiones, dentro y fuera de sus fronteras, de manera progresiva, no discriminatoria y hasta el máximo de sus recursos disponibles”. Una de las recomendaciones menciona que “las empresas domiciliadas en el territorio y/o jurisdicción de los Estados partes deben ejercer la debida diligencia para identificar, prevenir y atender las violaciones a los derechos”.
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Los intereses de China
El estudio “China en el Yasuní ITT” fue lanzado a mediados de 2023 por la organización de la sociedad civil Latinoamérica Sustentable (LAS). Es una voz de alerta.
En él se describe que cuando la empresa china CDCC entró por primera vez al campo Ishpingo Norte, llegó a 300 metros de la Franja de Amortiguamiento de la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT).
La Corte Constitucional prohibió actividades extractivas en la Zona de Amortiguamiento de la ZITT, esto suspendió la expansión de nuevas plataformas petroleras en el campo Ishpingo Sur.
“El campo Ishpingo no solo es el campo más sensible del Bloque ITT-43 por su proximidad a la ZITT en el Yasuní, sino que también este territorio es fundamental para garantizar la supervivencia de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario Tagaeri-Taromenane debido a su riqueza en palmas de morete, importante fuente de alimento y refugio para estos pueblos”.
La empresa china CDCC se adjudicó la explotación de 40 pozos en las plataformas A y B del campo. “Dos meses después de la firma, el 13 de abril se abrió la primera válvula del pozo A5 en Ishpingo y para el 5 de mayo se incorporó el segundo pozo A6”, alerta el estudio. El objetivo era perforar 36 pozos más, para obtener 200 mil barriles diarios. Eso no se cumplió. Todo indica que en Ishpingo el crudo es de baja calidad. “Una de las principales razones que presionan la expansión petrolera en Ishpingo es la deuda externa con China, que al menos durante los siguientes tres años continúa atada al pago con petróleo. Ishpingo es el área con mayores reservas de todo el Bloque ITT-43. Según fuentes oficiales, de los 458 millones de barriles de petróleo en reservas probadas en el bloque, el 87% están en el campo Ishpingo”, señala el documento.
Escenarios
A fines de enero, el presidente Noboa advirtió que pediría un criterio a la Corte Constitucional para determinar si se puede aplazar el cierre de las operaciones del bloque. Este estaba previsto para agosto de 2024.
“Si la Corte accede, estaría actuando en forma incoherente, frente a su decisión de dar paso a la consulta popular, resuelta en mayo de 2023, con diez años de retraso frente a las demandas de los colectivos”, advirtió Sofía Jarrín, de Amazon Watch.
Para la experta, no deja de ser paradójico que mientras la sociedad civil señala a las empresas chinas por sus prácticas violatorias de derechos, el Gobierno busque irrespetar la voluntad popular, expresada en las urnas en agosto de 2023.