Una tanqueta y decenas militares desplegados para resguardar a Mayra Salazar durante su salida de prisión

A las 06:45 de la mañana de este viernes se puso en marcha un amplio despliegue de la Fuerza Pública en las inmediaciones del Centro Penitenciario Tungurahua No. 1, en Ambato, para resguardar a Mayra Salazar, quien será liberada tras cumplir 15 meses de condena por su implicación en el caso Metástasis.
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El dispositivo de seguridad incluye una tanqueta militar y alrededor de 50 efectivos del Ejército, quienes se movilizaron en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, como la avenida El Cóndor, justo frente al centro penitenciario, y en la zona de la Real Audiencia, mientras se realizaban los trámites para la excarcelación.
En el despliegue también participan unidades de la Policía Nacional, que patrullaron las áreas cercanas al penal. Además, como parte de las medidas de seguridad, se realizó un sobrevuelo con un dron por los alrededores del centro carcelario para mantener una vigilancia aérea constante.
Mayra Salazar, operadora del narco fallecido Leandro Norero que se sometió a un proceso abreviado, debía cancelar una multa económica de 22.860 dólares hasta este jueves 13 de marzo del 2025. Esa era la única diligencia pendiente para cumpliría con todo lo dispuesto en su sentencia, pues ya emitió disculpas públicas que le fueron solicitadas.
Previamente, Leonardo Toledo, abogado de Salazar durante el proceso penal, informó que la excomunicadora de la Corte Provincial del Guayas viajará a otro país apenas salga del reclusorio en Ambato.
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La vida de Mayra Salazar cambió por completo el 14 de diciembre del 2023, cuando fue detenida en un operativo simultáneo que dio inicio al caso Metástasis. Su nombre acaparó titulares durante todo el 2024 luego de que la Fiscalía publicó chats de su celular, en los que revelaba información de una estructura criminal para favorecer al narcotraficante fallecido Leandro Norero.
En julio de ese año, Salazar fue sentenciada por el delito de delincuencia organizada a 15 meses de privación de libertad tras acogerse a la figura de procedimiento abreviado y firmar un acuerdo de cooperación eficaz; con lo cual aceptó su autoría en los hechos ilícitos atribuidos por el Ministerio Público.