Caso Malvinas destapa otras presuntas 17 desapariciones y 'patrones' que implicarían a militares, revela Comité de DD.HH.
Como parte de la fiscalización del Caso Las Malvinas, Billy Navarrete, representante de la entidad de derechos humanos que apoya a las familias, reveló varios casos de "graves violaciones a los derechos humanos", en lo que se ha identificado desapariciones forzadas cometidas por agentes de la fuerza pública, especialmente en la provincia de Guayas.
Este lunes, ante la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional, Navarrete expuso los elementos cronológicos en la desaparición y muerte de los cuatro menores de edad, así como una serie de casos registrados desde enero de 2024.
Recordó, que según la Convención Interamericana, la desaparición forzada se define como la privación de libertad de una o más personas por parte de agentes del Estado o personas que actúan con su autorización o apoyo.
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Además, que esto se agrava con la falta de información y la negativa a reconocer dicha privación de libertad o a informar sobre el paradero de la persona, "con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes"
Desde una perspectiva de derechos humanos, la desaparición forzada es considerada una de las formas más graves de tortura que una persona y su familia puede sufrir, enfatizó Navarrete.
Además, se agrava cada día que pasa sin conocer el paradero de la persona detenida por las fuerzas públicas.
Navarrete presentó los elementos cronológicos del caso de los menores de Las Malvinas, en el que un niño y tres adolescentes fueron detenidos de manera "arbitraria". Posteriormente, fueron reportados como desaparecidos y sus cuerpos hallados días después.
El hecho ocurrió el 8 de diciembre, cuando una patrulla de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) detuvo a los cuatro menores que habitaban en el sector precario de Las Malvinas, al sur de Guayaquil.
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"Esta patrulla, hasta la fecha, no ha justificado legalmente los motivos para privarlos de la libertad", acotó Navarrete, en relación con un supuesto asalto o robo, que no ha sido documentado, "por lo que se configura de forma categórica la detención arbitraria de estas personas".
Además, cuestionó que los menores fueron sacados de la jurisdicción y trasladados a otro cantón, en Naranjal, específicamente a Taura. Según la versión oficial, los dejaron en la carretera alrededor de las 10 de la noche, aunque la detención ocurrió a las 8 p.m. "Es decir, hay un trayecto irregular de unas dos horas, en las cuales estos chicos están en custodia de la patrulla militar", subrayó.
El hallazgo de los cuerpos no reemplaza la desaparición forzada, sino que la agrava, aseguró Navarrete, al mencionar que existen dos procesos judiciales en curso: uno en el que 16 militares están en prisión, y otro que ha sido iniciado por la muerte de los jóvenes.
Navarrete afirmó que este trágico hecho se suma a otros casos documentados por el Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos.
Expuso que, desde el 9 de enero de 2024, la Fiscalía, a través de la Unidad de Uso Ilegítimo de la Fuerza, ha registrado 9 denuncias de desapariciones, 15 ejecuciones extrajudiciales, 80 casos de tortura y 145 investigaciones abiertas.
Asimismo, con el objetivo de que el caso de los menores de Las Malvinas no sea considerado un hecho aislado, Navarrete expuso 17 casos similares de personas desaparecidas tras haber sido detenidas por militares, en diferentes provincias del Litoral, desde enero de 2024.
En estos casos, como parte de los patrones irregulares se han identificado allanamientos ilegales, amenazas, violencia y el uso excesivo de la fuerza.
“Es una lista de casos que hemos registrado, en los que muchas familias mantuvieron en silencio la desaparición de sus parientes por temor. Sin embargo, a partir de este caso, se han atrevido a hacerlo público, con la esperanza de que se actúe de manera efectiva en la búsqueda”, destacó.
Navarrete enfatizó la necesidad de iniciar un juicio político contra el Ministerio de Defensa, liderado por Gian Carlo Loffredo, señalando que este fenómeno ha sido el resultado de la decisión de involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado sin la capacitación adecuada. “Es una responsabilidad política que debe ser asumida”, concluyó.
En torno a la gestión de los procedimientos judiciales, Navarrete lamentó que la situación de las familias de las víctimas, en condiciones de vida muy precarias, es "bastante dramática".
Una de ellas, incluso, para estas diligencias no han tenido dinero para pagar transporte que los lleve de su casa hasta la Fiscalía.
A pesar de las dificultades, Navarrete subrayó que todos los jóvenes de Las Malvinas estudiaban y formaban parte de un equipo de fútbol.
Este jueves 30 de enero se desarrollará la audiencia de reconstrucción de los hechos, en la Avenida 25 de Julio, precisamente a la hora en que ocurrieron los hechos.