A un mes de la desaparición de los niños de Las Malvinas: ¿Cómo ocurrió y qué se sabe del caso?

El lunes 9 de noviembre, a las dos de la madrugada, Luis Arroyo ponía una denuncia en Fiscalía por secuestro. Habían pasado menos de seis horas desde que una patrulla militar arrestó a Josué, Ismael, Steven y Nehemías, cuatro chicos del barrio Las Malvinas, en Guayaquil. Y habían pasado apenas tres horas desde que Luis Arroyo habló por última vez con uno de sus hijos, quien le dijo que los militares los abandonaron en Taura, golpeados y desnudos. Lo que vino después fue la peor pesadilla que podría atravesar un ser humano.

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Durante días estas familias suplicaron por ayuda para encontrar a sus hijos. No fue hasta el sábado del 21 de diciembre, a las 10 de la noche, cuando el ministro de Defensa, Gian Carlo Lofredo, apareció en un video para decir que se sentía indignado y compartía la preocupación de los padres. Atribuía la desaparición de los chicos a grupos delincuenciales y descartaba cualquier participación de los militares, a quienes ahora se investiga por desaparición forzada.

Días antes de que el gobierno reaccionara, los padres de los niños ya habían denunciado en medios de comunicación que una patrulla militar se los llevó. En efecto, la Policía y las FF.AA. desde el 11 de diciembre ya tenían los videos de las cámaras de Segura EP que captaron el momento en que los militares los detuvieron y los transportaron en dos camionetas. Y ya se habían encontrado varias prendas como camisetas, zapatos y un bóxer en el sector de Taura. Desde ese momento el mando militar, ya estaba al tanto, según los documentos del caso.

Aunque desde varios sectores se señala a los militares, Billy Navarrete, miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), organismo que auspicia la causa de las familias, dice que es difícil pensar que agentes de las fuerzas del orden hayan asesinado a los chicos de esa manera brutal y despiadada. Tampoco cree que se configura un crimen de Estado, según dijo entrevista con Vistazo, pero sí señala una grave violación de los derechos humanos por parte de los militares, ya que la detención fue arbitraria.

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Los hermanos Ismael y Josué Arroyo, y sus amigos Nehemías Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15, eran aficionados al fútbol. De hecho, Ismael pertenecía a la Escuela Richard Borja, con la que obtuvo cuatro medallas. Sus padres relatan que ese día, como muchos otros, salieron a jugar fútbol.

Pero a eso de las nueve de la noche, cuando los chicos estaban a la altura del Mall del Sur, en Guayaquil, una patrulla de militares los detuvo. En sus versiones a Fiscalía los militares han coincidido en que los cuatro menores de edad habrían estado participando de un robo y los llevaron para entregarlos en la UPC de Taura. Los militares estaban por esa zona porque había escoltado un camión detenido por la Aduana.

Pero en el camino a Taura, cerca de un Night Club se encontraron con problemas. “Vimos unas motocicletas que salieron en precipitada carrera. Al observar esta desproporcionalidad del personal de mi patrulla frente a este número grande de personas, y para precautelar la integridad de nosotros y los aprehendidos, di la disposición verbal para ir por la otra vía y llegar a la UPC”, relató en su versión en Fiscalía J. Z., el subteniente al mando de la patrulla.

Luego, el subteniente dijo que había un árbol caído en la vía y pidió que los otros militares se bajaran de las camionetas para ayudar a quitar el obstáculo. También ayudaron los cuatro aprehendidos y uno de ellos habría pedido que los dejaran libres. Los militares accedieron. La patrulla continuó su camino hacia la base aérea de Taura y los menores de edad se habrían dirigido al pueblo.

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Cerca de las 11 de la noche, Luis Arroyo, padre de Josué e Ismael recibió una llamada. Era Israel, hablando de un número desconocido. Le decía que los militares los cogieron y los dejaron abandonados, golpeados y desnudos en Taura. Un habitante de la zona, que había prestado su celular para hacer la llamada, le decía a Luis que fuera pronto porque en el sector “está la mafia y no quería problemas”, y le envió la ubicación en GPS.

Luis llamó inmediatamente al ECU-911 y comunicó lo sucedido. Pero cuando minutos después llegó la Policía al sitio no había rastro de nadie. Luis insistía al número de celular del que le llamaron, pero ya sería inútil. En la madrugada del día siguiente, fue a Fiscalía a poner la denuncia. Por la mañana, una agente de una UNASE se comunicaba con él. Empezaba la búsqueda. Nadie imaginaría que dos semanas después, sus cuerpos serían hallados en un manglar en Taura, calcinados y cercenados.

Para el 11 de diciembre, un agente de inteligencia militar se contactó con la UNASE. Dijo que el arresto de los chicos quedó registrado en las cámaras de videovigilancia Segura EP. Esa misma fuente le dijo que las camionetas pertenecían a la Fuerza Aérea, específicamente a la Base de Taura. Otro oficial militar de la base de Taura dijo a la UNASE conocer varios puntos donde se presumía había gente secuestrada, pero la Policía no encontró ningún rastro.

Para ese entonces, ya todo el mando militar sabía lo que había pasado. Ese día ya habían hallado, en algún lugar de Taura, dos camisetas, tres zapatos y un bóxer que correspondían a los chicos de Las Malvinas.

El 12 de diciembre, estos indicios fueron entregados a la Policía. En esa fecha, la Fiscalía pidió que los 16 militares implicados rindieran versión y también solicitó al jefe de la base aérea de Taura que remita las copias de las grabaciones de los videos de las cámaras de seguridad, ubicadas a la entrada y salida del recinto. Ese mismo día fue identificado el hombre que prestó su celular a los menores de edad de Las Malvinas.

Dos días después, un grupo de militares arribó a la casa de esta persona. En ese momento él no estaba en la vivienda, pero sí su padre. El adulto mayor detalló que los uniformados tumbaron la puerta y que no especificaron las razones de la intervención. Al pueblo habrían llegado unas 20 camionetas.

Todo no se supo sino hasta el 19 de diciembre, cuando esta persona rindió su versión ante Fiscalía y se convirtió en testigo clave porque fue el último que vio a los chicos con vida. Dijo, además, que había recibido amenzas. Todo se manejó bajo la mayor reserva y sigilo. Dos días después, el 21 de diciembre, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo se pronunciaría por primera vez sobre el caso.

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Después de que se encontraran varias prendas de vestir de los chicos, las familias y la Policía recibieron algunas pistas aparentemente falsas. El 15 de diciembre, por ejemplo, un familiar recibió un mensaje anónimo que mencionaba que el líder de una banda tenía a los niños en un inmueble de Taura, pero las autoridades revisaron la zona y no encontraron nada.

El 16 de diciembre, recibieron otro mensaje porque supuestamente se había hallado un cuerpo en el estero Juan Chabelo, según un parte policíal. Un día después, agentes acudieron al recinto Pocos Palos con un helicóptero a la zona. Además, llegó otro mensaje que decía que no buscaron en las coordenadas correctas y enviaba otra ubicación. Ninguno de estos avisos ayudó.

Finalmente, la Policía anunció el 24 de diciembre que había encontrado varios cuerpos en un manglar de Taura. Pero no se podía confirmar su identidad porque había sido cercenados y calcinados. Los exámenes forenses demorarían días. Luis Arroyo dijo después que el cuerpo de uno de sus hijos no tenía cabeza. A otros cuerpos les faltaban las extremidades.

Las familias tuvieron que pasar la Navidad en la morgue entregando datos de sus hijos para las pruebas antropológicas y luego de ADN. Guardaban la esperanza de que no fueran sus seres queridos, pero al poco tiempo, las autoridades confirmaron lo que se temía.

El 31 de diciembre, la Fiscalía informó que los cuatro cuerpos pertenecían a los chicos de Las Malvinas. La noticia salió apenas terminó la audiencia de formulación de cargos contra los uniformados por el presunto delito de desaparición forzada. En la diligencia, un juez dictó prisión preventiva para los 16 militares, quienes permanecen en la cárcel de Latacunga.

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La jueza Tanya Loor Zambrano dictaminó que el caso sea tratado como desaparición forzada y el juez juez Dennis Ugalde dictó prisión preventiva para los 16 militares implicados, mientras se realizan las investigaciones.

Por el momento, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, ha manifestado que los militares cometieron un error de procedimiento al no entregar a los chicos a la Policía, lo que conllevaría una sanción disciplinaria, más no la responsabilidad por la desaparición y muerte de los la cuatro de Las Malvinas.

¿Fueron los militares? En entrevista con Vistazo, Billy Navarrete, miembro CDH, organismo que auspicia la causa de las familias, dice que sería imposible pensar que los militares tengan ese nivel de violencia. “Me resulta imposible imaginar a un agente estatal con ese nivel de crueldad y a un grupo que, premeditadamente, quita la vida a estos adolescentes y luego destruye sus cuerpos”, concluye.

Navarrete cree que también es una exageración hablar de un crimen de Estado, pero considera que hay una clara violación de los derechos humanos, por el procedimiento que se siguió al retener a los chicos: “pegarles, desnudarles y abandonarles”. “Evidentemente eso es un delito”, dice Navarrete.

El caso está en etapa de instrucción fiscal, que demorará hasta 90 días. Eso quiere decir que, hasta marzo, la justicia puede seguir recabando elementos para determinar la participación de los 16 militares o vincular a otros presuntos responsables.

El lunes 6 de enero, el ministro de Defensa apareció en cadena nacional para ofrecer disculpas públicas a los familiares de los chicos desaparecidos. Esa fue una orden de la jueza Tanya Loor Zambrano.

No obstante, a renglón seguido arremetió contra la jueza y advirtiendo que llegaría a las últimas consecuencias para que se la sancione, supuestamente usar el caso como “persecución política” para “arrodillar a las Fuerzas Armadas”.

La Asamblea calificó la declaración de “vergonzosa”, mientras la Corte Nacional de Justicia emitió un comunicado en el cual llamó al gobierno a no hacer amenazas a los jueces y a respetar la independencia judicial. Los familiares de las víctimas también rechazaron las disculpas, pues no sintieron que fueran sinceras.