Familiares de niños desaparecidos de Las Malvinas se trasladaron al centro forense de Guayaquil
Familiares de cuatro menores que desaparecieron el pasado 8 de diciembre tras ser detenidos por integrantes de la Fuerza Aérea de Ecuador se trasladaron este miércoles, 25 de diciembre, al centro forense de Guayaquil, en compañía de miembros del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).
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Esto ocurre después de que varios cuerpos parcialmente calcinados fueran hallados en una zona de difícil acceso de la parroquia rural de Taura, en donde los menores de edad habrían sido liberados por la patrulla que los retuvo en el sur de Guayaquil, pese a que se encontraban a más de 30 kilómetros de su hogar.
Los familiares de los niños, que fueron reconocidos este martes como víctimas de desaparición forzada tras el fallo de una jueza en una audiencia de revisión de habeas corpus, habrían sido citados a la morgue para confirmar si los restos hallados serían de los niños.
Hasta el mediodía de este miércoles, las autoridades no han proporcionado ningún detalle sobre los cadáveres encontrados.
La jueza Tanya Loor Zambrano aceptó la acción de habeas corpus presentada por el Comité por la Defensa de los Derechos Humanos y declaró la desaparición forzada de los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11).
La magistrada indicó que los militares involucrados, quienes actualmente se encuentran bajo custodia, no siguieron los protocolos establecidos al retener a los menores de edad, que, según reiteró el Ministerio de Defensa, fueron trasladados hasta la parroquia rural de Taura y liberados "sanos y salvos" allí.
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Aproximadamente a las 23h00, los niños habrían realizado una llamada desde el celular prestado de un ciudadano en el que informaron a una de las familias sobre el arresto. A partir de ese momento no se conocen más detalles sobre lo que les ocurrió.
La resolución judicial fue emitida en el Complejo Judicial Florida Norte, ubicado en Guayaquil, al que acudieron familiares de los menores de edad y representantes del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos.