Coronel policial en servicio pasivo fue enviado a prisión por delincuencia organizada en Caso Gibraltar; hay 8 procesados
El coronel de Policía Nacional en servicio pasivo, Julio César Miño, fue enviado a prisión preventiva por su presunta implicación en una trama de delincuencia organizada, con fines de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, cuyo destino habría sido Europa (principalmente España).
La medida se dio en el marco del Caso Gibraltar, en el cual la Fiscalía General del Estado inició un proceso penal contra Geovanny Javier C., María Auxiliadora M., Galo Manuel L. (militar de la Armada), José Luis B., Édison Andrés E., Carlos Eduardo Z. y Laureano Leonel A.
REVISE| Policías que traicionan el uniforme: ¿Por qué altos y bajos mandos sirven al crimen?
Durante el operativo liderado por Fiscalía, en coordinación de la Policía de Ecuador y la intervención de autoridades de España, se ejecutaron las órdenes de detención de ocho investigados que estarían presuntamente vinculados con el envío de drogas desde el Ecuador.
La madrugada del jueves 12 de diciembre, cinco de ellos fueron detenidos en Pichincha, dos en Guayas y uno en El Oro.
Tras varios allanamientos, también se incautaron indicios relacionados a la comisión del delito investigado, como celulares y vehículos, entre otros.
En el desarrollo de la investigación, a cargo de la Unidad Nacional Especializada de Investigación Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot), los partes investigativos evidenciaron la participación de los procesados en una organización criminal que estaría enviando drogas a Europa, a través de la contaminación de contenedores de exportación.
En la audiencia de formulación de cargos –que se instaló la noche del jueves 12 de diciembre y cuya resolución se conoció la madrugada del domingo 15 del mes en curso–, el Fiscal del caso expuso como elementos de convicción: el informe de seguimientos y vigilancias, interceptación de comunicaciones, la sinopsis de las conversaciones que habrían mantenido los integrantes de la organización delictiva, entre otros.
Al culminar la audiencia –y por pedido motivado de Fiscalía–, la Jueza Especializado en Corrupción y Crimen Organizado que conoció la causa dictó orden de prisión preventiva para Geovanny Javier C., María Auxiliadora M., José Luis B., Édison Andrés E., Carlos Eduardo Z., Julio César M. y Laureano Leonel A.
Mientras que el militar de la Armada Galo Manuel L. quedó con medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, como presentaciones periódicas y prohibición de salida del país. El plazo de la instrucción fiscal será de noventa días.
La delincuencia organizada está tipificada en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.