Falsos cadáveres causan alarma en Guayaquil: simulaban amenaza en complejo judicial Albán Borja
La presencia de dos bultos con forma humana causaron alarma a tempranas horas de este viernes 13 de diciembre en las inmediaciones del centro comercial Albán Borja en Guayaquil, donde está ubicado un complejo judicial.
Tras recibir la alerta, agentes especializados de la Policía Nacional se trasladaron al lugar para inspeccionar el contenido de las dos fundas negras, que simulaban cadáveres y, que también, generaron sospechas de contener posible material explosivo.
Con la ayuda de personal del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y de canes, se descubrió que los bultos estaban llenos de papeles.
"Ante la publicación que circula en redes sociales sobre dos bultos en el Complejo Judicial Albán Borja de Guayaquil, unidades especializadas de la Policía Nacional acudieron al lugar, logrando verificar que las bolsas estaban llenas de papel", confirmó la Policía Nacional de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón).
Sobre el hallazgo, el jefe de operaciones del distrito Florida, Jorge Loaiza, informó que este viernes estaba programada una audiencia de un miembro de un Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) de alto perfil, lo que sugiere que podría tratarse de un acto intimidatorio.
“Por este tipo de audiencias tratan de suspender con estos eventos. Con estas alertas tratan de amedrentar a jueces”, acotó.
El auge criminal hizo que Ecuador se situase en 2023 como el país con más homicidios per cápita de Latinoamérica, con una tasa de 47,2 homicidios por cada 100.000 habitantes, un indicador que según las últimas estimaciones del Gobierno podría bajar en unos 7 puntos porcentuales en 2024.
Así lo anunció este jueves el comandante general de la Policía, Víctor Zárate, durante el informe semanal que presenta el Bloque de Seguridad.
Según el Gobierno, las cifras de muertes violentas pasaron de 7.687, entre enero y el 8 de diciembre de 2023, a 6.395, registradas en el mismo período de este año, lo que significa una disminución del 17 %.
Tras la declaración de "conflicto armado interno", el Gobierno pasó a catalogar a las bandas de delincuencia organizada como "terroristas", para facilitar la acción de las fuerzas de seguridad del país, en conjunto con una serie de estados de excepción.