Abuelas quedan al cuidado de miles de huérfanos por femicidio en Ecuador: 'Mi nieto guarda mucho dolor'

En Ecuador al menos 1.846 niños, niñas y adolescentes han quedado huérfanos por el femicidio de su madre, según revela un reciente estudio. La mayoría permanece al cuidado de sus abuelas, pero enfrentan dificultades económicas. Las afectaciones emocionales son irreparables, sin embargo, tampoco cuentan con apoyo psicológico.

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“Ya no tengo mamá, pero ahora te tengo a ti”, es la frase que le dijo un niño de cinco años a su abuela Anabel Campos luego de que su madre fuera víctima de femicidio en manos de su padre.

El caso ocurrió en octubre del 2019, cuando Valeria Vargas Campos, madre del pequeño, llegó desde España a Guayaquil. Su expareja le había pagado el boleto para un mes de vacaciones, pero él estaba planificando acabar con su vida. Para ello había simulado un robo y secuestro.

“La mejor amiga de mi hija me comentó que él había dicho que la iba a matar. De hecho, Valeria tenía una boleta de auxilio en España”, recordó Anabel Campos, madre de la víctima.

Posteriormente, se confirmó que era un femicidio, en el que también estuvo implicada la tía del acusado y tres personas más. Actualmente, todos están sentenciados, pero el individuo huyó a Alemania y aún no se concreta su extradición.

Desde entonces, el hijo de Valeria quedó al cuidado de su abuela Anabel. No fue un proceso fácil, ya que el niño tuvo que adaptarse a un nuevo hogar y escuela.

Este caso no es el único, el país registra 1.846 niños y niñas en la orfandad por la violencia de género desde el primero de enero del 2014, año en el que se tipificó el femicidio, hasta el 31 de mayo del 2024, según una reciente investigación de la Fundación ALDEA y UNICEF. Un 66% perdieron a su madre durante la primera infancia y edad escolar y el 30% en la adolescencia.

El estudio, que abarcó a 76 familias, también evidencia que la mayoría de menores de edad quedan al cuidado de las abuelas, lo cual es un reto para las cuidadoras porque vuelven a asumir el papel de madre, pero además deben solventar todos los gastos de manutención y cuidado.

“La vida de los niños, niñas y adolescentes se trastoca por completo: no solo enfrentan la pérdida de su cuidadora, sino también la posible ausencia del padre o padrastro cuando este es femicida. Su protección pende de un hilo si el Estado y la sociedad no actúan”, apunta Juan Enrique Quiñones, representante a cargo de UNICEF en Ecuador.

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Otro descubrimiento de la investigación es que más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes (55%), a raíz del femicidio, cambió de casa, aunque sí permanecen en la misma ciudad. En cambio, el 18% no solo cambió de vivienda, sino además de cantón o provincia. También, las familias acogientes pasan a ser familias extendidas, con más de cinco miembros.

Fue el caso de Elizabeth Bodero, quien, tras el femicidio de su hija en Guayaquil, tuvo que trasladarse a Esmeraldas para preservar la seguridad de su familia. La abuela quedó al cuidado de dos niños, a los que los sustenta con un pequeño emprendimiento porque no puede dejarlos solos.

“Los niños pierden a la madre, padre y familia paterna, quedan en total abandono. Por eso las autoridades deberían ponerse en nuestros zapatos y brindar más apoyo”, comentó Bodero a Vistazo.

Agrega que no ha podido acceder al bono de orfandad por problemas con el seguro social. Espera que esto se solucione pronto, ya que no le alcanza el dinero para salvaguardar las necesidades de sus nietos e hija de 16 años.

De hecho, el estudio de ALDEA y UNICEF describe que 6 de cada 10 familias no han recibido acompañamiento ni asesoría por parte de las instituciones gubernamentales. Mientras que el 72% de los casos considera insuficientes sus ingresos para cubrir las necesidades básicas (alimentación, salud y educación). Frente a esta circunstancia, las familias se encuentran obligadas a asumir deudas: el 67 % dijo que tuvo que endeudarse en el último año para cubrir gastos del hogar.

“Lo más duro ha sido el tema económico porque no tengo un trabajo fijo, vendo productos naturales en la calle. Todos los días debo salir, ya sea que haya sol o lluvia”, asegura Alexa Pedraza, una abuela que está al cuidado de dos nietos luego de que su hija recibiera 13 puñaladas por parte del esposo en Esmeraldas.

Pedraza percibe 189 dólares como parte del bono de orfandad, pero no es suficiente, ya que también está a cargo de su otra hija. Al igual que esta abuela, otras mujeres que formaron parte de la investigación también expresaron su preocupación por el monto. Consideran que deberían otorgarles un salario básico unificado por cada menor de edad.

“A duras penas tenemos el bono y ni eso alcanza. Es muy poco. Somos familia de extrema pobreza, no tenemos trabajo y tenemos a cargo a los niños”, narró una familiar de víctima de femicidio en la investigación.

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Por otra parte, más de la mitad (55%) de las familias consultadas no han recibido atención de salud mental. Mientras que los casos que sí han tenido acceso a este servicio manifiestan que es regular o malo.

Las madres de víctimas aseguraron en el estudio que la atención psicológica debe ser especializada para casos de femicidio; de lo contrario, no es útil, porque solamente revictimiza a las niñas, niños o adolescentes. ​​“Mi nieto me manifestó algunas veces que quería buscar al femicida y matarlo. Siento que mi nieto guarda mucho dolor”, apuntó una abuela.

Mientras que otras familias comentaron que a veces los nietos no quieren salir de casa porque “tienen miedo a todo” o tienen ataques de rabia e incluso pesadillas constantes, entre otras actitudes que no son tratadas por psicólogos.

Algo similar ocurre en el acceso a otros servicios. Por ejemplo, dos de cada 10 familias señalaron que las niñas, niños y adolescentes tienen alguna enfermedad y que el acceso a salud es limitado.

Otro elemento que caracteriza con frecuencia la trayectoria de los menores de edad que han perdido a sus madres por femicidio es la lucha por su custodia. El informe de ALDEA y UNICEF indica que el 70% está en manos de sus cuidadoras, pero solo el 41% respondió que era la custodia definitiva.

De hecho, este tema usualmente genera tensiones con la familia paterna. Durante el levantamiento de datos “se percibió un miedo latente” en los parientes al iniciar los trámites de custodia legal, dice el informe. Por ello, muchas veces evitan entrar en procesos legales y se conforman con medidas administrativas.

“Hubo un caso extremo en el que el padre (presunto femicida) obtuvo la custodia evidenciando las graves fallas que tiene el sistema”, manifestó Alexandra Escobar, representante de UNICEF.

Agregó que “el impacto del femicidio en niñas, niños y adolescentes y sus familias tiene consecuencias a largo plazo”. Por ello, subrayó que las medidas de reparación “deben ser sostenibles en el tiempo, abarcando múltiples dimensiones de su vida y garantizar un futuro con acceso pleno a sus derechos”.

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El estudio ‘Esperando el verano: trayectorias de los niños, niñas y adolescentes víctimas de femicidio en Ecuador’ concluye que las autoridades deben implementar un sistema de seguimiento y monitoreo a las víctimas de violencia de género, así como a los niños, niñas y adolescentes sobrevivientes de femicidio.

Teniendo en cuenta que 7 de cada 10 familias afirman que las medidas de reparación integral son insuficientes. Los expertos manifiestan que es esencial garantizar apoyo psicosocial, educativo, económico y acceso a la justicia.

Por otro lado, ALDEA y UNICEF ven con preocupación el galopante aumento de feminicidios de niñas y adolescentes. Desde el primero de enero del 2014 hasta el 31 de mayo del 2024, se han reportado 199 femicidios. La mayor parte de casos ocurrieron en las provincias del Guayas, Pichincha y Manabí.

En 2014, el promedio de edad de las niñas y adolescentes asesinadas fue de 10 años, mientras que para 2023 bajó a 8 años. Por ello las organizaciones feministas instan a las autoridades a tomar medidas de prevención urgentes, de lo contrario esta tendencia continuará creciendo.