Mayra Salazar 'se ha refugiado en la actividad física y la lectura' tras casi un año bajo las rejas
Mayra Salazar, sentenciada por delincuencia organizada en el caso Metástasis, se ha refugiado en la actividad física y la lectura tras casi un año de estar encarcelada en distintas prisiones del país, según relata su abogado. Se alista para salir libre el primer trimestre del 2025. Ella ha colaborado con otra investigación que está por destaparse: el tráfico de tierras que habría manejado el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes.
El pasado fin de semana, la comunicadora fue trasladada del Centro de Privación de Libertad (CPL) Cotopaxi N.°1 (en Latacunga) hasta el CPL Tungurahua N.°1 (en Ambato) como parte de un operativo ejecutado por el Gobierno para especializar los centros penitenciarios de acuerdo al género; puesto que antes en esos dos reclusorios estaban mezclados hombres y mujeres.
Es así que Salazar llegó a la capital de la provincia de Tungurahua en medio de un fuerte contingente de seguridad. La privada de la libertad, a quien se ha extremado la seguridad desde que decidió “cantar” en el caso Metástasis” como cooperadora eficaz, fue movilizada en un vehículo blindado con escolta militar.
Su abogado, Leonardo Toledo, comentó a Vistazo que ya pudo visitarla y la encontró “anímicamente bien”. “Tiene una alimentación que está a la altura del lugar”, detalló el jurista.
Al ser una colaboradora eficaz de la Fiscalía, Mayra Salazar no puede hacer las actividades comunes de otros reos, pero su defensor comentó que “se ha refugiado mucho en la actividad física y en la lectura”.
Han pasado casi un año desde que fue arrestada y más de siete meses desde que confesó su participación en la red de Leandro Norero. “Es verdad que me equivoqué, pequé de pensamientos, pequé de deseos. Pero nunca pequé de acción. Soy un ser humano y me equivoqué”, dijo el 28 de marzo de 2024 en su testimonio.
“Noto una Mayra optimista, está llena de fe porque es una persona creyente”, apuntó Toledo, quien estima que su defendida saldrá en libertad durante el primer trimestre del próximo año.
Cabe recordar que ella aceptó su culpabilidad y firmó un acuerdo de cooperación eficaz, por lo cual se sometió a un proceso abreviado y recibió una pena reducida de 15 meses, de los cuales ya ha cumplido 11. Mientras Wilman Terán, expresidente de la Judicatura, recibió 9 de años de cárcel en esta misma causa. Terán negó las acusaciones hasta el final, pero el Tribunal lo encontró culpable de ser colaborador del narco Leandro Norero.
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Salazar fue detenida el 14 de diciembre de 2023. Inicialmente, estuvo en la cárcel de Chillogallo, al sur de Quito, desde donde denunció que había recibido al menos siete atentados contra su vida.
Personal que estaba a cargo de su seguridad detectó que incluso habían intentado envenenarla a través de la comida. Por lo cual, la mujer afirmó que temía por su estabilidad.
El 12 de julio del 2024, la exempleada de la Corte Provincial del Guayas fue llevada a la cárcel de Cotopaxi para precautelar su seguridad, según informó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI).
“En Latacunga no tuvimos ningún reporte de alguna amenaza o algún atentado”, aseguró el abogado Leonardo Toledo. Sin embargo, reveló que en el proceso de traslado a Ambato “hubo unos incidentes” que ya fueron informados al director de aquella cárcel.
El jurista evitó dar detalles sobre los incidentes y subrayó que no fue nada de preocupación, “pero son alertas que no se pueden dejar pasar”.
Actualmente, la comunicadora permanece en un calabozo pequeño y con todo lo elemental para su estadía. Por razones de seguridad, tampoco cuenta con una compañera de celda.
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Mayra Salazar operó desde la Corte Provincial de Justicia de Guayas, en el período de mayo a octubre de 2022, sin haber sido funcionaria judicial. Desde ahí ejecutaba una serie de acciones a favor de los intereses del narco fallecido Leandro Norero y su familia. Por ejemplo, ofrecía dineros o dádivas a jueces para que emitan fallos favorables para el líder criminal.
Sin embargo, con el objetivo de redimir sus culpas, decidió cooperar con la justicia y proporcionó información que destapó otros casos como Purga, en el que justamente se investiga una estructura criminal, liderada por el exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Pablo Muentes.
Tras el testimonio de la procesada, también se conoció que el exlegislador había logrado una sentencia, a través de presuntas irregularidades, para recibir cuatro millones de dólares por parte del Banco del Pacífico. Además, salió a la luz que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército ganó un fallo en contra de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas de Quito a cambio de la remodelación de un salón de la Corte del Guayas.
“Esa es una pequeña parte de una extensa información que dio Mayra”, recalcó Leonardo Toledo, quien agregó que una parte fundamental de la cooperación eficaz es la información relacionada con un presunto tráfico de tierras en el que estaría implicado Pablo Muentes y su familia.
“El tráfico de tierras tal vez sea más lucrativo que el narcotráfico. Se calcula que hay más de 300 millones de dólares en manos de Pablo Muentes, su familia, amigos y operadores”, manifestó Toledo, quien cree que el asambleísta del PSC “viene a ser lo que es en México el Chapo Guzmán, nosotros tenemos el Chapo Muentes”.
El jurista sostiene que “es cuestión de tiempo” que salga más información por parte de Fiscalía en relación con este nuevo entramado, pero advirtió que se empezarán a ver “campañas mediáticas para destruir la información que se ha entregado”.
De hecho, la propia Mayra Salazar dijo en su testimonio anticipado que ella manejó un troll center que servía para atacar a los enemigos o las publicaciones en contra del político socialcristiano.
Finalmente, Toledo alertó que “las operaciones económicas de Pablo Muentes no han sido neutralizadas” a pesar de que ya ha sido procesado en el caso Purga. “De ahí salen los recursos para atacar a Mayra, a su abogado y ahora la Fiscal General del Estado”.
Por su parte, Muentes aseguró en un comunicado de abril del 2024 que las declaraciones de Mayra Salazar “son mentiras y burdas tergiversaciones con el ánimo de rebajar su pena”. Agregó que la comunicadora fue quien le ofreció sus servicios y la contrató “para una corta campaña”.
Recalcó que esa fue su “única relación con Salazar” y calificó como “absolutamente falso” que él le pagara un sueldo por llevar a cabo órdenes dentro de la Corte Provincial. En adición, dijo que nunca confió en ella y agregó que era “evidente” que utilizó información falsa para perjudicarlo en la diligencia y “beneficiarse ilegalmente" de una cooperación.
“Por estas falsas declaraciones, se me acusa de manejar la justicia en Guayas, lo cual es totalmente falso”, aseveró Muentes.