Dictan medidas contra diez agentes de tránsito en Quito por concusión: amenazas de arresto y cobros ilegales por Pico y Placa
Diez agentes metropolitanos de tránsito detenidos ayer en diferentes operativos en Quito fueron procesados en dos investigaciones separadas, aunque por el mismo delito de concusión.
En el marco del "Caso Pico y Plata", la Fiscalía General del Estado fundamentó el inicio de un proceso penal contra los agentes Cristian B., Oscar M., Luis G., José P., Henry T., Fernanda G., Víctor V.
Este viernes 18 de octubre se informó que un Juez Anticorrupción dictó medidas alternativas a la prisión, como la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad. La instrucción fiscal se extenderá por noventa días.
Durante la audiencia de formulación de cargos, el Fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción presentó los elementos recabados en la etapa de investigación previa: informes de seguimientos y vigilancias, el informe de relacionamiento telefónico, entre otros.
Estos indicios apuntan a una presunta red de corrupción integrada por agentes metropolitanos de tránsito, que habrían exigido sumas de dinero a sus víctimas a cambio de no reportar infracciones, especialmente respecto al incumplimiento de la medida “pico y placa”, que es la más común en Quito.
Durante los catorce allanamientos efectuados la madrugada del 17 de octubre, se incautaron teléfonos celulares, computadores, dinero en efectivo, licencias de conducir y matrículas, los cuales fueron asegurados bajo cadena de custodia. Toda la información recolectada será analizada durante la instrucción fiscal.
Estos casos de agentes de tránsito implicados en concusión llegaron a Fiscalía a través de las denuncias ciudadanas presentadas ante la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción “Quito Honesto”.
En la madrugada del 17 de octubre, la Fiscalía General del Estado también ejecutó órdenes de detención contra otros tres agentes metropolitanos de tránsito por concusión.
Durante la primera audiencia, la Fiscal de la Unidad de Administración Pública relató los hechos ocurridos el 28 de septiembre de 2022 en las calles Ambato e Imbabura, en Quito. En este caso, el agente Cristian Fernando C. habría exigido 150 dólares a la víctima, amenazándola con la posibilidad de arresto, debido al supuesto mal estado de las llantas de su vehículo. La víctima realizó la transferencia a la cuenta del hermano del hoy procesado.
En la segunda audiencia, la víctima fue un joven de 19 años que conducía con restricción de pico y placa. Los agentes Segundo Patricio J. N. y Geovanny Medardo M. S. le habrían solicitado 65 dólares (monto equivalente al valor de la multa), a cambio de no registrar la infracción en el sistema de tránsito. Le insinuaron que había una forma “más rápida” de resolver el trámite, por lo que el joven hizo la transferencia a través de su padre.
Según la investigación, los hoy procesados registran al menos tres transferencias vinculadas a estas actividades ilícitas.
Asimismo, el Juez Anticorrupción dispuso medidas alternativas a la prisión para los procesados: Cristian Fernando C., Segundo Patricio J. N. y Geovanny Medardo M. S. Estas medidas incluyen la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante la Fiscal del caso. Además, se dispuso un plazo de noventa días para la instrucción fiscal.
La Fiscalía General del Estado hace un llamado a la ciudadanía a continuar denunciando este tipo de delitos cometidos por servidores públicos.
El delito de concusión sanciona a servidores públicos o personas que actúen en representación del Estado que, abusando de su cargo, ordenen o exijan la entrega de bienes materiales o beneficios económicos indebidos. La pena para este delito es de tres a cinco años de prisión.