El albanés Dritan Gjika y doce personas más irán a juicio por presunto lavado de activos
La Justicia ecuatoriana ordenó la apertura de juicio por presunto lavado de activos a Dritan Gjika, al que las autoridades identifican como el capo de la mafia albanesa en el país sudamericano y supuesto cabecilla de una red de narcotraficantes que ha enviado toneladas de cocaína a Europa desde puertos ecuatorianos.
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La Fiscalía detalló este lunes en un comunicado que presentó 1.441 elementos de convicción durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por presunto lavado de activos, en el caso denominado 'Pampa', que involucra a trece personas naturales y ocho jurídicas.
Los elementos levantados durante la investigación demostrarían que los acusados constituyeron y administraron varias empresas dedicadas a la exportación de productos agrícolas, como el banano, la compraventa de bienes inmuebles y productos cárnicos, indicó.
En un comunicado, el Ministerio Público añadió que estas actividades "habrían sido usadas para ocultar el origen ilícito de dinero proveniente del narcotráfico, dándole apariencia de legalidad".
A través de esos recursos -señaló- se habrían adquirido terrenos, viviendas, bodegas, aparcamientos, maquinaria pesada y vehículos, entre otros bienes, entre 2015 y 2023.
En el proceso, un juez resolvió llamar a juicio a: Dritan Gjika (albanés), Mario S. (argentino), Jairo M. (colombiano) y a los ecuatorianos Carlos G., Teresa P., Julio L., Bryan L., Julio L., Jonnathan L., Fulgencio C., Pablo H., Carina E. y a Yongdeng Z.
Además, a las personas jurídicas Holtexsa S.A., Produccón de Cárnicos Carniproduccion S.A., Ingrener S.A., Cresmark S.A., Agricomtrade S.A., Negoglobal S.A., Sentilver S.A. y Damascoswett S.A.
"Todos los procesados enfrentarán el juicio como autores directos, a excepción de Gjika y Pablo H., quienes están prófugos y para los cuales se ordenó la difusión roja de Interpol. Además, el magistrado ratificó las medidas cautelares personales y reales sobre todos los procesados", señala la Fiscalía.
Los elementos de convicción presentados demostrarían que los imputados formaron y administraron empresas con actividades aparentemente legales, pero que en realidad ocultaban el origen ilícito del dinero procedente del narcotráfico, apunta.
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Los bienes inmuebles, localizados en las provincias de Guayas, Cotopaxi y Santa Elena, fueron adquiridos a través de estas actividades. Según la Fiscalía, el monto aproximado del lavado de activos asciende a más de 43,4 millones de dólares.
Detalló que Dritan Gjika habría utilizado empresas como Cresmark S. A. y Agricomtrade S. A., dedicadas a la exportación de banano, para disimular el origen ilícito de activos. Se le atribuye el liderazgo en las actividades tanto de narcotráfico como de lavado de activos.
Gjika habría contado con colaboradores estratégicos, como Julio L. M., su esposa Teresa P., y sus hijos Byran L. y Julio L. P., además de Pablo H., detalla la Fiscalía en un comunicado.
Estas personas, a través de actividades comerciales como la producción agrícola, forestal y la compraventa de oro, habrían incrementado su patrimonio de manera desproporcionada, adquiriendo terrenos, viviendas, vehículos de alta gama y maquinaria pesada, pagados en efectivo, para ocultar la procedencia ilícita de fondos.
Habrían actuado a través de las empresas Producción de Cárnicos Carniproduccion S.A. y Agricomtrade S.A., precisó la Fiscalía.
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Mario S. y su esposa, Carina E., habrían controlado los recursos financieros y humanos de empresas como Holtexsa S. A., Ingrener S. A., Negoglobal S. A., Sentilver S. A. y Damascoswett S. A. Utilizando su rol como grandes empresarios del sector bananero, se habrían beneficiado de actividades de narcotráfico, incrementando su patrimonio no solo en Ecuador, sino también en Argentina, Estados Unidos, España y Emiratos Árabes, agregó.
El caso Pampa es producto de una colaboración entre las autoridades ecuatorianas y españolas que derivó en un operativo conjunto realizado a inicios de febrero donde fueron detenidas 30 personas (18 en Ecuador y 12 en España) de nacionalidades ecuatoriana, española, argentina, colombiana, albanesa y china.
De acuerdo a la investigación, esta organización se encargaba de enviar toneladas de cocaína producidas en el Valle del Cauca (oeste de Colombia) camufladas en contenedores con exportaciones de fruta de Ecuador, principalmente banano.
Bajo esa modalidad la organización criminal sería la responsable de al menos 11 envíos de cocaína desde el puerto de Guayaquil, el más grande de Ecuador, hasta países de Europa como Bélgica, Países Bajos y España.