Exasambleísta Bella Jiménez, su hijo, hermano y cuñada procesados en caso ‘En Familia’: ordenan uso de grillete

Los implicados fueron trasladados a Quito para la audiencia de formulación de cargos, realizada en la Corte Nacional de Justicia.
Redacción Vistazo
Exasambleísta Bella Jiménez, su hijo, hermano y cuñada procesados en caso ‘En Familia’: ordenan uso de grillete
Con base en cincuenta y nueve elementos de convicción, la Fiscalía General del Estado formuló cargos a la exlegisladora Bella Jiménez y sus familiares.

La exasambleísta Bella Jiménez fue procesada por presunta concusión, junto a su hijo, hermano y cuñada, en un caso que la Fiscalía ha denominado "En Familia".

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La madrugada de este martes 8 de octubre de 2024, la Policía Nacional, a través de la Unidad de Investigación de la Policía Judicial y en coordinación con la Fiscalía General del Estado, llevó a cabo cuatro allanamientos en Guayaquil, donde se detuvo a la exlegisladora y a sus familiares:

Los implicados fueron trasladados a Quito para la audiencia de formulación de cargos, realizada en la Corte Nacional de Justicia, en la que participó, vía telemática, la fiscal general Diana Salazar.

Según la investigación de Fiscalía, luego de Bella Jiménez fuera elegida como legisladora por votación popular, el 7 de febrero de 2021 –y una vez posesionada en su cargo–, habría exigido 3.000 dólares a un ciudadano, a cambio de vincularlo laboralmente como parte del equipo de su despacho legislativo.

Ante esta exigencia, el 27 de abril de 2022, habría transferido el dinero a la cuenta de Jorge P., hijo de la exasambleísta. Tras esta acción, la entonces legisladora solicitó a la Presidencia de la Asamblea Nacional del Ecuador la vinculación laboral del mencionado ciudadano, quien ocuparía el cargo de asesor nivel 2.

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Pero este no es el único hecho que Fiscalía investiga, pues Bella Jiménez habría continuado abusando de su cargo: alrededor de la misma fecha, Elena O. (su cuñada) habría contactado a otra ciudadana con la finalidad de ofrecerle un cargo como asistente 2 en la Asamblea Nacional, en el despacho legislativo de Bella Jiménez. Para el efecto, habría exigido 6.000 dólares, a cambio de su contratación.

Una parte del dinero habría sido entregada al hermano de la entonces legisladora, Jimmy Steven J. –a través de un cheque–, recalcando que la diferencia se consignaría cuando se efectivice la contratación.

La mujer fue contratada; sin embargo, dos meses después, fue notificada con la terminación de su contrato sin que recibiera explicación alguna.

Fiscalía presentó certificados y oficios que demuestran las vinculaciones laborales de los denunciantes al despacho de Bella Jiménez en la Asamblea Nacional.

También, interceptaciones telefónicas, que dan cuenta de las acciones antes descritas, que configurarían el ilícito que se investiga en este caso.

A esto se sumaron informes periciales, certificaciones bancarias de las transacciones efectuadas, versiones, entre otros.

En octubre de 2021, el Pleno de la Asamblea Nacional destituyó por unanimidad a Bella Jiménez el martes 12 de octubre, tras ser acusada de gestionar cargos públicos a cambio de dinero.

Jiménez, quien ocupaba una curul por el partido Izquierda Democrática y se desempeñaba como segunda vicepresidenta del Legislativo, fue removida de su cargo en medio de un escándalo por presuntos cobros indebidos, conocidos como "diezmos".

Con base en cincuenta y nueve elementos de convicción, la Fiscalía General del Estado formuló cargos a la exlegisladora Bella Jiménez –en calidad de autora–, Jorge P., Jimmy Steven J. (su hermano) y Elena O. (su cuñada) –como cómplices– por su presunta participación en el delito.

En su resolución, el juez nacional Marco Rodríguez ordenó la colocación de grillete electrónico, la presentación periódica ante la autoridad competente y la prohibición de salida del país para los cuatro.

Además, la retención de cuentas por 5.520 dólares a cada uno, con la finalidad de garantizar el pago de una eventual multa; la prohibición de enajenar bienes por 20.000 dólares a la imputada en el grado de autora y por 10.500 dólares a los presuntos cómplices, para garantizar una eventual reparación integral. La instrucción fiscal durará 90 días.