Destituyen a juez por caso de lavado de activos de Leandro Norero y a otros cinco jueces que habrían recibido más de $60.000
El Consejo de la Judicatura destituyó al juez de la Unidad Judicial Penal Norte 2 de Guayaquil, Ronald G. C., por incurrir en un error inexcusable en el manejo de un caso de lavado de activos vinculado con capo del narcotráfico Leandro Norero (+).
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El 15 de agosto de 2023, la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas determinó que el juez había cometido una infracción disciplinaria gravísima, tipificada en el artículo 109.7 del Código Orgánico de la Función Judicial.
Ronald G. C. había emitido un auto de sobreseimiento a favor de dos procesados, excluyendo sin justificación elementos de convicción relacionados con Norero, alegando que era irrelevante incluirlos debido a su fallecimiento. Esta decisión provocó un impacto negativo en la acción penal que ostenta la Fiscalía General del Estado.
Ante estos hechos, este jueves 3 de octubre, los vocales Yolanda Yupangui, Solanda Goyes, Merck Benavides y el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, votaron a favor de la destitución.
Las autoridades manifestaron que "en esta administración no se permitirán actos de corrupción que pongan en tela de duda el trabajo de la Función Judicial".
En medio de la trama de corrupción judicial "Caso Plaga", seis servidores judiciales fueron destituidos porque habrían recibido más de $ 60.000 por cobros indebidos.
Los servidores judiciales destituidos, en la sesión ordinaria desarrollada este 3 de octubre, incurrieron en las infracciones disciplinarias previstas en los artículos 109.11 y 109.19 del Código Orgánico de la Función Judicial, es decir, por solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios, que ponen en tela de duda la imparcialidad del servidor judicial.
En esa línea, el Pleno del CJ destituyó a cinco jueces y a una secretaria de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas, que son investigados por delincuencia organizada en el caso Plaga y que habrían beneficiado a personas procesadas penalmente, a cambio de recursos económicos.
Además, por no poner en conocimiento de la máxima autoridad, cualquier acto tendiente a vulnerar la independencia de la Función Judicial y la imparcialidad de jueces y otros servidores judiciales.
Se detalló que uno de los magistrados destituidos vendía resoluciones judiciales a cambio de beneficios económicos. Emitió sentencias favorables para liberar a líderes del grupo de delincuencia organizada Los Lobos, a cambio de dinero proporcionado por los miembros de la cúpula criminal.