Exjuez va a juicio por prevaricato: habría actuado a favor de presos, entre ellos un miembro de Los Lobos

Byron O., también es uno de los implicados en el caso Plaga por delincuencia organizada.
Redacción Vistazo
El delito de prevaricato conlleva penas de prisión de cinco a siete años.

El exjuez multicompetente Byron O. ha sido llamado a juicio por un Juez de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, tras la presentación de pruebas por parte de la Fiscal Provincial. Enfrenta cargos por su presunta responsabilidad en el delito de prevaricato.

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Byron O., también implicado en el caso Plaga por delincuencia organizada, se encuentra en el ojo del huracán tras una decisión que tomó a favor de presos.

Durante la audiencia preparatoria de juicio, la Fiscal explicó que los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2023, cuando Byron O. extendió dos boletas de excarcelación para dos internos del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, Luis Alfredo A. y Jairo Fernando Z.

El beneficio fue otorgado pese a que estos privados de la libertad cumplían condenas por tenencia de armas y tráfico de drogas, respectivamente, y uno de ellos estaría vinculado con la organización terrorista "Los Lobos".

La Fiscal argumentó que Byron O. actuó sin competencia y desnaturalizó la acción constitucional, vulnerando el debido proceso y los derechos de los internos. Los informes investigativos y otros documentos respaldan la acusación.

La resolución en contra del exjuez también incluye la medida cautelar de prisión preventiva, la inmovilización de cuentas y la retención de bienes por un monto de 50.000 dólares, para asegurar una posible multa y reparación integral.

El delito de prevaricato de las o los jueces o árbitros está tipificado en el artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Quienes lo cometan serán sancionados con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Por otra parte, en el caso 'Plaga' se ha destapado una nueva trama de delincuencia organizada que sacude al sistema judicial ecuatoriano. Esta investigación, que involucra a jueces, secretarios, policías, exfuncionarios públicos y abogados en libre ejercicio, tiene como epicentro la manipulación de acciones constitucionales para favorecer indebidamente a personas privadas de la libertad.