Expertos de ONU instan a Daniel Noboa a detener extracción en Yasuní; Ministro de Economía anuncia que cierre tomará años

Casi el 59 % de los ecuatorianos votó a favor de prohibir la explotación petrolera de este parque.
EFE y Redacción Vistazo
Foto aérea de la plataforma petrolera Ishpingo de Petroamazonas, en el Parque Nacional Yasuní.

Expertos de la ONU instaron este martes al Gobierno de Daniel Noboa a detener la extracción de petróleo en el yacimiento del Parque Nacional Yasuní, en cumplimiento con la voluntad expresada por los ecuatorianos en la consulta popular del año pasado.

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Recordaron que casi el 59 % de los ecuatorianos votó entonces a favor de prohibir la explotación petrolera en el bloque 43 ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini), ubicado en el corazón de la Amazonia y hogar durante siglos de una amplia diversidad de especies, así como de varios pueblos indígenas.

"La nación ecuatoriana envió un mensaje claro al Gobierno: se debe dar prioridad a la protección del clima, del medioambiente y de los pueblos indígenas que dependen de él", dijeron en un comunicado los expertos, entre los que se encuentra el relator de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos, Olivier De Schutter.

Tras la proclamación oficial de los resultados del plebiscito el 31 de agosto de 2023, la Corte Constitucional dio al Gobierno el plazo de un año para proceder con el cese de las operaciones y el desmantelamiento de las instalaciones petrolíferas.

Sin embargo, los expertos alertaron de los escasos avances realizados hasta ahora por las autoridades y las empresas petroleras implicadas.

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En este sentido, mostraron su preocupación por informaciones que apuntan a la supuesta perforación de nuevos pozos petrolíferos en el parque, los cuales, advirtieron, "ponen en riesgo la protección del medioambiente, la integridad de los procesos democráticos de Ecuador y los derechos humanos".

Reconocieron que, si bien esta explotación aporta actualmente el 13 % de la producción nacional de crudo, el Gobierno debe buscar nuevas formas de financiación para iniciar una transición hacia un modelo económico que se aleje del agotamiento de los recursos naturales y la extracción de combustibles fósiles.

El comunicado también fue firmado por la relatora sobre el derecho a un medioambiente sano, Astrid Puentes Riaño; el relator sobre las consecuencias de la gestión y eliminación de las sustancias y desechos peligrosos, Marcos Orellana; y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre los derechos humanos y las empresas transnacionales y comerciales.

A dos semanas de que se cumpla el plazo impuesto por la Corte Constitucional para cumplir con el cierre del bloque 43 ITT, el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, dijo que el proceso tomará su tiempo.

En una entrevista realizada este lunes 19 de agosto, el ministro fue consultado sobre si el ITT será cerrado el próximo 31. Vega respondió que “el Gobierno iniciará el proceso de cierre”, pero que podría tardar entre tres y cinco años.

El funcionario señaló que el cierre se llevará a cabo con cautela debido a los riesgos ambientales y sociales que podrían derivarse de una clausura prematura.

“Se están presentando todas las argumentaciones técnicas sobre todos los riesgos, para ir en un proceso de cierre que no traiga ninguno de esos riesgos”, afirmó Vega.