175 profesionales de la salud murieron por negligencias durante la pandemia en Guayas, sus familias exigen justicia
En 2020 el mundo se paralizó con la llegada del covid-19, la angustia y desolación por la partida de millones de personas afectó el ritmo normal de todas las sociedades. A Guayaquil se le llamó la Wuhan de América y por varias semanas fue considerada como el epicentro de la pandemia en Latinoamérica.
Hoy la historia ha dado una vuelta de 360 grados. Lo que no se creía posible el año pasado está sucediendo, hay provincias que han alcanzado la ansiada inmunidad de rebaño, y la gente puede reunirse libremente, hasta los eventos masivos están a la vuelta de la esquina.
Sin embargo, los recuerdos del 2020 siguen latentes y para muchos, implican un trauma que dejará huella para toda la vida. Entre estas personas, están las familias de los ‘héroes sin capa’, como se llamó a los médicos durante la emergencia sanitaria, quienes todavía no cierran su proceso de duelo en medio de reclamos para acceder a una indemnización.
175 familias de médicos que fallecieron piden una indemnización al Estado, porque no les fue capaz de dotar con los implementos de bioseguridad necesarios para afrontar la pandemia.
RECUERDOS DIFÍCILES DE ASIMILAR
Es el caso de Annabella Avilés, cirujana pediatra, quien perdió a su esposo que también era médico, justo cuando los profesionales de la salud luchaban por implementos para combatir al covid-19.
“Es muy doloroso hablar de ese momento porque nos sentíamos desprotegidos. No había elementos de protección. Entre marzo y abril, era difícil poder cambiarse de mascarilla cada tres horas, cada uno compraba los medios de protección de su bolsillo”.
Tanto la doctora como su esposo se contagiaron de coronavirus, pero fue él quien tuvo los estragos más fuertes de la enfermedad. El médico internista estuvo hospitalizado por 18 días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Teodoro Maldonado Carbo.
En ese tiempo, Annabella vivió situaciones difíciles, pues a pesar de estar contagiada tenía que salir a la calle a conseguir medicinas para su esposo porque el hospital estaba desabastecido.
“Era como una persona deambulando para conseguir un medicamento que me pedían para mantenerlo cesado, pero no se conseguía fácilmente. Fue una situación escalofriante que no tiene comparación”.
El 30 de abril de 2020, el esposo de Annabella falleció tras 10 años de servicios en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. El padre de tres hijos se fue con un nombramiento provisional, a pesar de haber solicitado por años el puesto definitivo.
“Nosotros teníamos un proyecto de vida, el cual quedó prácticamente aniquilado. Pedimos una indemnización para todos los héroes sin armas”.
CADENA DE DOLOR
La pandemia también se llevó a grandes profesionales que motivaron e inspiraron a una nueva generación de médicos. Es el caso del oncólogo Enrique Benites, especializado en otorrinolaringología, quien días después de realizar una operación fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos de Solca.
A la par, también se contagiaron de coronavirus la esposa del doctor y otros miembros de la familia, fue una cadena de dolor y desesperación. El primero de abril del 2020 falleció Enrique Benites, cuatro días después, un amigo importante de la familia y luego la hermana de él.
“Ver todos los días como fallecían amigos, familiares, era realmente traumático”, señala el hijo del médico, quien pide a las autoridades que no se olviden de las familias que quedaron en la orfandad.
“El Estado debe considerar que quienes estuvieron en primera línea no fueron los políticos o militares, sino los médicos que por curar pacientes fueron los primeros afectados y no solamente se perjudicó su salud y vida, sino que afectó la economía de muchas familias”.
FALLECIÓ EN LAS PUERTAS DEL HOSPITAL
Cuando recién arrancaba la pandemia y la incertidumbre reinaba en todo el mundo, la mamá de Grace López, Marta Sevillano, se contagió de covid-19. Pese a que durante 15 días presentaba síntomas, las pruebas salían negativas, hasta que un viernes empezó el calvario.
Sevillano, quien trabajaba como obstetra en el Centro de Salud Camino al Sol en Guayaquil, estuvo cuatro días hospitalizada en el hospital Teodoro Maldonado Carbo. El 26 de marzo fue dada de alta, pero en peores condiciones de las que ingresó. A la mañana siguiente empeoró y nuevamente la llevaron a emergencias, pero en las puertas del hospital falleció.
“En el Centro de Salud no había implementos de seguridad, ella compró de su bolsillo las mascarillas y demás insumos. Además, le obligaron a que vaya a trabajar a pesar de que era del grupo vulnerable, hipertensa y diabética”, dijo la joven. Dos meses después murió su padre tras un infarto.
Ahora Grace es parte de un grupo de 175 familias que piden una indemnización al Estado, pues consideran que hubo negligencia por parte de las autoridades al no dotar de los implementos de bioseguridad necesarios para afrontar la pandemia.
¿CÓMO AVANZA EL PROCESO?
El Colegio de Médicos del Guayas lidera un grupo de familiares de los profesionales de la salud que piden una reparación. Su presidente, Wilson Tenorio explicó que la demanda está basada en el artículo 352 del Código del Trabajo.
La ley reconoce el derecho que tienen los deudos de los médicos, especialistas, estudiantes de medicina, enfermeras, empleados en sanidad y demás personal de salud, “que fallecieren en el ejercicio de sus cargos, por razones de contagio de enfermedades infectocontagiosas, para reclamar al Estado las indemnizaciones que corresponden por accidentes de trabajo”.
Bajo esta norma, el gremio solicita al Gobierno que se haga justicia para las viudas y huérfanos “que hasta el momento las entidades empleadoras no han liquidado de manera completa o que la seguridad social no ha otorgado los respectivos montepíos”.
Este grupo viene solicitando las indemnizaciones desde el año pasado. El entonces ministro de Salud, Mauro Falconí, reconoció este derecho a través de un documento firmado, donde también pide disculpas. Sin embargo, la solicitud no avanzó y ahora buscan un acuerdo con las nuevas autoridades.
Entre otras cosas, el Colegio de Médicos del Guayas solicita disculpas públicas, una placa conmemorativa a los héroes y heroínas de la pandemia y una indemnización de 500 mil dólares por cada familia de los fallecidos en la provincia.
El 31 de agosto se realizó una primera reunión con representantes del Ministerio de Salud, pero faltó la Procuraduría General. Ahora están a la espera de una nueva convocatoria con la ministra Ximena Garzón y el procurador Íñigo Salvador.
“Solicitando una audiencia con estas dos autoridades para trasladarnos a Quito y sentarnos a dialogar sobre estos pedidos. Estamos a la espera de la fecha, día y hora que ellos convengan”, dijo Wilson Tenorio.
PERSONAL DESVINCULADO
A los pedidos de los deudos, también se han sumado otros gremios de profesionales de la salud que están reclamando a las autoridades de los diferentes hospitales del IESS y del Ministerio de Salud que vuelvan a reintegrar a los despedidos en plena pandemia.
El abogado Pedro Cruz, asesor jurídico del Colegio de Médicos, explicó que por ejemplo, en el Teodoro Maldonado Carbo fueron más de 300 personas, entre trabajadores y médicos despedidos, que no han sido vueltos a contratar.
“Ellos son los que enfundaban los cadáveres, los que recogían a los muertos y los mandaban a las bodegas con pocos elementos de bioseguridad y una vez que pasó esas tenebrosas noches los despidieron y no los han vuelto a contratar”.
Al pedido también se han adherido gremios de otras provincias como Sucumbíos, Esmeraldas, Los Ríos y Manabí, aunque en todas las provincias hay desvinculaciones.
MINISTERIO DE SALUD
Al cierre de esta nota el Ministerio de Salud aún no ha contestado el pedido de información solicitado por Vistazo sobre los pedidos del Colegio de Médicos del Guayas.
Sin embargo, la ministra Ximena Garzón dijo en entrevista con Vistazo en vivo, el pasado primero de septiembre, que están recopilando información sobre el número de profesionales de la salud que perdieron la vida durante la pandemia.
“Solamente en el Ministerio de Salud Pública son más de 75 personas que perdieron la vida. Estamos recogiendo los datos de todos los sectores, incluidos los centros privados, porque todos ellos dieron su vida y merecen un reconocimiento justo”.
Desde el punto de vista constitucional, proveer de los elementos de seguridad para los médicos es una responsabilidad del Estado, sobre todo del funcionario público que tiene la obligación de cumplir con su deber y en el caso de que omita debe existir una reparación.
Por lo tanto, los exfuncionarios de la cartera de salud podrían ser responsables administrativa, civil y penalmente por la muerte de los médicos.