¿Qué sucede con el dinero que EE.UU. decomisó por corrupción en Venezuela?
En 2018, la justicia estadounidense le quitó a Alejandro Andrade, el guardaespaldas y confidente del fallecido Hugo Chávez, expresidente de Venezuela, una fortuna sin presedentes. El hombre fue sometido a 10 años de prisión por lavado de dinero y se le decomisaron cinco propiedades, diez vehículos de lujo, 17 caballos de competencia, 35 relojes de marca, así como el dinero depositado en nueve cuentas bancarias en EE.UU. y Suiza.
Además, durante el juicio admitió haber cobrado 1.000 millones de dólares en sobornos para facilitar a empresarios el acceso al sistema de control de cambios, del cual él estaba encargado. Andrade se comprometió a pagarle a las autoridades estadounidenses una cifra similar. Así, la detención del hombre se convirtió en “el caso más grande en la historia de Florida bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero", según explicó el abogado Michael Díaz, a la BBC. Díaz es el director del Buffet que representó a dos personas implicadas en el juicio de Andrade.
Datos de la ONG Transparencia muestran que los Estados Unidos investigaban, hasta febrero de 2021, 38 casos de corrupción en los cuales 164 personas e importantes empresas estaban involucradas. El pasado 21 de abril, un juez de Florida ordenó la detención del exrepresentante legal de la estatal PDVSA, Edoardo Orsoni, por haber aceptado sobornos a cambio de concesiones. Orsoni se comprometió a devolver 4,5 millones de dólares y entregar dos propiedades en un condominio de lujo en Miami.
La BBC señaló que entre estos dos empresarios deben mucho dinero, mientras el país entero pasa por una profunda crisis económica.
EL DINERO PERDIDO
Venezuela vivió una bonanza petrolera hasta el 2014, en la que se generaron alrededor de 1 billón de dólares. En 2016, el miembro del gabinete Jorge Giordani denunció la desaparición irregular o injustificada de 300.000 millones de dólares, de las cuentas públicas.
La organización Transparencia Venezuela ha ubicado 236 casos de corrupción en Venezuela, de los cuales se conoce que la cantidad de dinero público comprometida en 114 casos, cuya cifra asciende a 52.000 millones.
¿Cuánto de esto ha recuperado Estados Unidos? Nate Sibley, investigador de la iniciativa contra la Cleptocracia, del Instituto Hudson, ha indicado que el gobierno tiene esas cifras pero que no están disponibles para el público de forma conjunta, sino que “hay que ir juntando datos sueltos en notas de prensa y resoluciones judiciales”, dijo el experto a BBC Mundo.
La Iniciativa para la Recuperación de Activos de Venezuela (Inrav), registra que el valor de los bienes decomisados en los juicios estadounidenses por casos de corrupción en Venezuela, es de casi 1.500 millones de dólares. La BBC reseñó que varias fuentes expertas consultadas aseguraron que, de esta cifra, aproximadamente 500 millones se encuentran de forma inmediata. El resto correspondería a propiedades que aún no han sido vendidas o están relacionadas a procesos judiciales inconclusos.
El monto total decomisado equivaldría a una cuarta parte de las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela, 6.269 millones. Mientras tanto, el dinero que toda la comunidad internacional ha dedicado a aliviar la crisis migratoria en ese país escala a 580 millones.
El caso de Andrade no es ni mucho menos el más grande en el mundo, sino solo de los resueltos en Estados Unidos. Por ejemplo, la BBC señaló que Andorra está procesando a varios exfuncionarios de PDVSA acusados de haber recibido 2.300 millones de dólares en sobornos.
Lo que sucedería es que muchas de las personas investigadas en EE.UU. han colaborado con la justicia declarándose culpables y facilitando las investigaciones, lo que se traduce en consideraciones. Díaz dijo que no se imputó a ninguna de las personas que representó y ninguna recibió una sanción como la revocatoria de la visa estadounidense. Solo tuvo que entregar bienes correspondientes a un total de 300 millones de dólares.
A QUIÉN LE PERTENECE EL DINERO
Sibley señaló que el dinero de los bienes decomisados es legalmente transferido a Estados Unidos. Una vez que los procesos penales han sido concluidos, el monto es depositado en un arca común con dinero de casos de otros países. Normalmente estos fondos se usan para cubrir los gastos de las investigaciones, decomisos, gestión de bienes, responder a los afectados por los casos y hacer la respectiva retribución a las organizaciones que participaron.
"No suele ser un proceso particularmente transparente, es algo que ocurre tras bastidores entre las agencias gubernamentales", apunta Sibley.
El Departamento de Justicia decide cuáles de sus agencias compartirán esos fondos. No obstante, Sibley recordó que el objetivo final es devolverlos a sus países de origen.
"Ellos no toman simplemente el dinero y se olvidan. Saben que ese dinero fue robado", afirma.
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DEVOLUCIÓN DE FONDOS
María Alejandra Márquez, presidenta de la Inrav, explicó a la BBC que normalmente el dinero se devuelve de Estado a Estado. Los países deben pelear caso por caso en los tribunales y argumentar por qué ese dinero debe regresar al país victimizado. Este proceso es la única forma de que el dinero retorne, pero suele ser lento y complejo.
El caso de Venezuela ha sido más complicado que los demás, de acuerdo con la experta, porque “Venezuela no tiene ni la situación ni la capacidad institucional para llevar eso a cabo en este momento".
Otra forma que existe para que los fondos sean devueltos es que las autoridades del país en cuestión participen activamente en la investigación, por lo que al concluir el proceso pueden compartir los recursos recuperados. No obstante, esto está regido por acuerdos con EE.UU. Esta forma tampoco es viable para Venezuela porque el gobierno de Nicolás Maduro no es reconocido por 50 países, incluyendo Estados Unidos, y no cuenta con tres poderes separados y funcionales.
"El drama de Venezuela es que es un Estado que es a la vez víctima y victimario, porque sus instituciones son las que causan el daño que termina afectando a la gente y al propio país", explicó.
Mientras tanto, Maduro acusa a Washington de querer “asfixiarle económicamente” para forzar un cambio de gobierno en Venezuela. El mandatario ha denunciado varias veces que Estados Unidos quiere “apropiarse ilegalmente" de los recursos congelados.
Mientras tanto el gobierno de Juan Guaidó intentó negociar con quien era presidente de Estados Unidos en ese tiempo, Donald Trump, pero fracasó. Luego acudieron a los tribunales y tampoco corrieron con mejor suerte. También se intentó que el Departamento de Justicia cambie la definición de víctima que estaban aplicando, argumentando que el pueblo venezolano necesitaba ser resarcido, pero, una vez más, la iniciativa fracasó.
No obstante, el congreso del país norteamericano creó en 2019 la “Ley Verdad”, que proponía la creación de un fondo con parte del dinero venezolano para devolverlo a un futuro gobierno, aunque la Casa Blanca nunca llegó a concretar la acción.