¿Qué hay detrás de las muertes por la convulsión social en Perú? Informes confirman uso de armas de guerra

Una serie de necropsias e informes balísticos -obtenidas por OjoPúblico-que forman parte de la investigación fiscal por homicidio calificado confirman muertes de personas -no todos eran manifestantes– por armas de uso militar. Se registra también que, en por lo menos en 30 de los civiles fallecidos durante las protestas, los agentes causantes fueron proyectiles de arma de fuego de carga única; es decir, fusiles o pistolas, y especialistas descartan que sea por perdigón o bomba lacrimógena. Los cuerpos presentan orificios de ingreso y salida, principalmente en tórax y cabeza, y en varios casos la bala entró por la espalda.

El 15 de diciembre del 2022, un día después de que el gobierno de Dina Boluarte decretó el estado de emergencia en Perú, cientos de personas intentaron tomar el aeropuerto de Ayacucho. La policía y los militares reprimieron a los manifestantes con armas de fuego letales para liberar la pista de aterrizaje. Los disparos continuaron, incluso, cuando los manifestantes huían. Ese día, Edgar Prado Arango, de 51 años, salió de su casa para auxiliar a un herido y fue alcanzado por dos disparos. En las imágenes grabadas por una cámara de seguridad de esa calles, se lo ve de rodillas intentando levantar a una persona. Luego, cae al piso. Murió por traumatismo toracoabdominal abierto.

La necropsia –que forma parte de la investigación fiscal– confirma que Edgard Prado Arango recibió el impacto de dos proyectiles de armas de guerra. Dentro de su cuerpo se halló un proyectil “para cartucho de Fusil HK, GALIL, calibre 5,56 mm y/o 223” de 1,6 cm x 1,1 cm. de eje mayor por eje menor, y el otro de calibre 9 mm Ojival”, según el Informe Pericial Balística Forense emitido por la Dirección de Criminalística de la misma Policía Nacional del Perú a la que accedió OjoPúblico.

El fusil HK (marca alemana) es un arma de asalto, con proyectiles calibre 5,56 mm, usada principalmente por las fuerzas armadas. El Galil (de origen israelí) también es un fusil de asalto, con balas de calibre entre 5,56 mm y 7,62 mm. El alcance efectivo de ambas armas varían de entre 400 a 800 metros, dependiendo de sus tipos. Ambos fusiles son considerados armamento de guerra y forman parte del tipo de armas que usan las fuerzas armadas peruanas.

“La velocidad [del proyectil] es de 700 a 800 metros por segundo, la energía es altísima. Es brutal usar un arma como esta porque va a causar daño. Son armas de alta velocidad, clasificados como armamentos de guerra”, explica la fundadora del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), Carmen Rosa Cardoza.

Según los datos consignados en el peritaje balístico, la especialista señala que en el caso de Edgard Prado se encontró dos tipos de proyectiles: uno de alta velocidad (fusil de guerra) y otro de corto alcance (pistola).

Ese 15 de diciembre, la magnitud de las protestas –que comenzaron el 7 de diciembre, tras el fallido golpe de estado de Pedro Castillo y su destitución de parte del Congreso– ya había escalado en varias regiones y el gobierno declaró el estado de emergencia. Solo aquel día en Ayacucho, se registraron 50 heridos y 10 civiles murieron durante la represión, entre ellos un menor de edad. Todos los fallecidos fueron por proyectiles de armas de fuego.

Un análisis de las necropsias e informes balísticos revisados por OjoPúblico confirman el uso de armas de guerra (fusiles) y otras letales (pistolas) por parte de las fuerzas del orden, para reprimir a los manifestantes. Aún cuando en diversos momentos, la presidenta Dina Boluarte ha señalado que no se sabe el origen de los disparos, el informe balístico del ayacuchano Edgar Wilfredo Prado Arango –que según los testimonios e imágenes de video difundidas salió de su domicilio a ayudar a los heridos– confirma el uso de armas de armas de alta velocidad de parte de los militares.

Desde que Dina Boluarte asumió la presidencia se reportan 48 personas muertas directamente durante las protestas (47 civiles y un policía). Además, otros 10 civiles han fallecido en accidentes de tránsito y hechos vinculados a los bloqueos de carreteras.

En la mayoría de las necropsias de las muertes directas “se consigna como agente causante de la muerte: proyectil de arma de fuego”.

Ese 15 de diciembre, Jhon Mendoza Huarancca, joven ayacuchano de 34 años, murió por dos proyectiles que le causaron cinco heridas. La necropsia detalla que fueron dos orificios de entrada, un orificio de reingreso y dos orificios de salida.

Médicos legistas especializados en el tema –que solicitaron no ser identificados por seguridad– explicaron a OjoPúblico que esto implica que uno de los proyectiles atravesó el cuerpo y el otro ocasionó dos heridas y la bala quedó dentro del cuerpo.

Los informes balísticos –que forman parte de la investigación fiscal por homicidio calificado– señalan que los cuerpos de Josué Sañudo Quispe (31 años), Raúl García Gallo (35 años) y David Huancco Chacca (27 años), que también murieron durante la violenta represión en Ayacucho, presentaron dos heridas: un orificio de entrada y un orificio de salida. En todos los casos se trató de un proyectil disparado con arma de fuego para “cartucho para fusil calibre 5,56 mm y/o su equivalente en pulgadas”.

Las evidencias que exponen las necropsias y los peritajes balísticos confirman que las muertes a causa del uso de armas de guerra continuaron en Puno.

El 9 de enero, un grupo de manifestantes también intentó tomar a la fuerza el aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca. Los militares y la policía respondieron con disparos. La represión dejó 17 civiles fallecidos, entre ellos una menor de edad y seis jóvenes menores de 23 años, todos también a causa de proyectiles de armas de fuego. En las necropsias se han hallado orificios producidos por proyectiles de calibre 7,6mm (armas de guerra) y restos de calibre 9 mm (pistolas).

Los peritajes realizados a las personas que fallecieron en Puno en las protestas plantean un patrón claro respecto al uso de las armas y la distancia de los disparos.

Fuentes cercanas al Ministerio Público, relataron a OjoPúblico que el patrón de las muertes en Juliaca –de acuerdo al tipo de heridas identificadas en los fallecidos– corresponden a disparos de larga distancia.

“Los agentes causantes fueron por armas de fuego, tanto en la cabeza y tórax, la mayoría tuvo orificio de entrada y salida por arma corta y larga, de los dos tipos. Fue parecido a Ayacucho, son armas de carga única, fueron de un solo proyectil que en menos de la mitad [de los casos] quedó restos o proyectiles completos dentro del cuerpo. No fueron a corta distancia, a todos les han disparado de lejos, ha sido disparo indiscriminado a quien le caiga”, señaló la fuente.

Dos de las personas que murieron por esta represión fueron Eberth Mamani Arqui (40 años) y Reynaldo Ilaquita Cruz (19 años). Recibieron impactos de balas en la cabeza y tórax, respectivamente. En ambos casos los agentes causantes fueron proyectiles de arma de fuego de carga única (fusil o pistola): registraron orificio de entrada y salida.

La región donde inicialmente se presentó la mayor cantidad de muertes por la represión del gobierno fue Apurímac, entre el 11 y 12 de diciembre del 2022. Los hechos ocurrieron antes de la declaratoria del estado de emergencia y también cuando un grupo de manifestantes intentó tomar el aeropuerto de Andahuaylas.

En esa región, los protocolos de necropsia a los que tuvo acceso OjoPúblico también confirman que los fallecidos presentaron, como en Puno y Ayacucho, disparos en el tórax y cabeza.

Ese es el caso, por ejemplo, de Wilfredo Lizarme Barboza (18 años), quien falleció por el impacto de un proyectil de arma de fuego que ingresó de frente por el tórax y salió por la espalda. Esto le ocasionó trauma pulmonar, hemotórax masivo y shock hipovolémico que finalmente lo condujo a la muerte. El orificio de entrada tuvo una medida de 0,7 cm x 0,7 cm y el orificio de salida fue de 2,2 cm x 1,4 cm.

David Atequipa Quispe (15 años), la primera víctima menor de edad del estallido social, recibió un impacto de bala por la espalda que traspasó las costillas, el pulmón, sus músculos y salió por la clavícula derecha. El disparo le causó un traumatismo torácico abierto, fractura costal, laceración pleural, laceración pulmonar, hemotórax y fractura clavicular. El orificio de entrada fue de 0,7 cm x 0,5 cm y el de salida fue de 2,8 cm x1,4 cm.

Jhon Enciso Arias (18 años) recibió el impacto del proyectil también por la espalda. La bala ingresó por la parte axilar izquierda y –luego de atravesar sus órganos vitales– salió por la clavícula izquierda. El proyectil chocó con la parte baja de su rostro y cuello, y reingresó a su cuerpo.

En ese momento, al chocar con un hueso, la bala se dividió en dos: un fragmento tomó una dirección hacia el cuello, colisionó con el cervical 5 y se detuvo en los laterales del cuello del lado derecho; mientras que el mayor fragmento del proyectil atravesó la base de la boca, avanzó hacia la parte temporal derecha y se detuvo en el conducto auditivo externo.

Los objetos metálicos encontrados dentro del cuerpo de Jhon Enciso Arias fueron de 0,7cm x 0,4 cm y 2,2 cm x 0,7cm, respectivamente. La causa de muerte registrada en el protocolo de necropsia es de trauma vertebro medular, fracturas múltiples en cráneo y cara, edema cerebral, herida perforante con orificio de re-entrada por proyectil de arma de fuego.

Los peritos consultados por OjoPúblico señalaron que por las características de las heridas, en estos tres casos de Apurímac, el disparo corresponde al uso de una arma corta (pistola), que generalmente son los de calibre 9 mm. Por la intensidad y el impacto del reingreso de la bala en el caso de Enciso Arias, se puede tratar de un disparo a corta distancia.

Para la antropóloga Carmen Rosa Cardoza, de la EPAF, los proyectiles de calibre 9 mm corresponden a armas cortas de baja y mediana velocidad, es decir, alrededor de 350 metros por segundo. “La distancia efectiva es de 100 metros, por eso [tras analizar la información] se puede concluir que se trata de disparos de más cerca. Hay que precisar que mientras más cerca, más fuerte es el impacto”, apuntó.

Luego de revisar los peritajes de Ayacucho, Puno y Andahuaylas a los que accedió OjoPúblico para este informe, la especialista forense descartó que estas muertes hayan podido ser provocadas por perdigones o bombas lacrimógenas, ya que el patrón general fueron por armas de carga única (fusiles y pistolas), y no de carga múltiple como es el perdigón.

La mayoría de heridas corresponden a perforaciones en el cuerpo: tienen orificios de entrada y salida, o de reingreso. “El perdigón en la mayoría de los casos se queda dentro del cuerpo, no traspasa todo el cuerpo, salvo que pase rozando”, precisa Cardoza.

Las leyes peruanas y estándares internacionales prohíben el uso de armas letales y de guerra para controlar las manifestaciones. Incluso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomienda que, cuando se trate de asuntos de control del orden interno, no se incluya a las FF.AA, debido a que acarrea el riesgo de violaciones de derechos humanos.

Incluso, en los Lineamientos administrativos y operativos aplicables a las operaciones policiales de control, mantenimiento y restablecimiento del orden público, emitido por la Comandancia General de la Policía Nacional en octubre del 2022, se lee expresamente:

“En las operaciones policiales de control, mantenimiento y restablecimiento del orden público, durante disturbios o reuniones tumultuarias violentas, el personal policial no debe emplear armas de fuego letales, salvo cuando se individualice a la persona que genere un peligro real e inminente de muerte o de lesión grave contra el personal policial o terceros, y cuando medidas menos extremas resulten insuficientes o sean inadecuadas”.

Estos lineamientos también señalan que el personal policial debe priorizar “la conservación de la vida e integridad física de las personas, de sí mismo, e inclusive de los infractores de la ley”.

Lo mismo señala el Manual de procedimientos para las operaciones de mantenimiento y restablecimiento de orden público: “Para el uso de las armas de fuego en las operaciones de mantenimiento y restablecimiento del orden público se debe tener en consideración que las armas de fuego no deben considerarse como una herramienta táctica, sino como un recurso excepcional y de última instancia en respuesta a situaciones individuales que amenazan con causar muertes o heridas graves”.

Al respecto, la antropóloga forense Carmen Rosa Cardoza, sostiene que “este tipo de armamento no se puede utilizar para manifestaciones de orden social, estas armas son clasificadas para armas de guerra, y esto no es una guerra”.

El Estado de Emergencia no es una carta aval para que las fuerzas del orden disparen indiscriminadamente, dice Gloria Cano, directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh). La también abogada de los familiares de algunos de los fallecidos en estas protestas, enfatizó que “en cualquier caso, los disparos deben hacerse en forma racional: si hieren a una persona, es lesiones; si pierde la vida, es asesinato”.

El reglamento del decreto legislativo N° 1095, que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional en un contexto de Estado de Emergencia, es explícita al señalar que las FF.AA solo pueden usar armas de fuego en caso extremo y que “en cualquier caso, está prohibido disparar indiscriminadamente”.

Tanto a Gloria Cano como a Carmen Rosa Cardoza les preocupa la persistencia de los disparos en el tórax y cabeza.

“Cuando estás en un combate tradicional, la mayor parte de lesiones son en los miembros superiores o inferiores (brazos y piernas). En cambio, cuando tú quieres matar a la persona, vas a las zonas consideradas letales, por los órganos que tienen, y por la poca posibilidad de sobrevivir (...) Acá el patrón que se observa, tras lo sucedido en Apurímac, Ayacucho y Puno, es que la mayor parte de las lesiones con proyectiles de alta velocidad está en los segmentos tórax-abdomen y cabeza-cuello, es decir es un patrón de violación de derechos humanos”, señala Carmen Rosa Cardoza.

En reiteradas ocasiones, desde que se registraron las primeras muertes en las protestas, la presidenta Dina Boluarte ha negado tajantemente que las fuerzas del orden utilicen armas de fuego para reprimir a los manifestantes. Incluso ahora, tras más de 50 días de protestas, y a pesar de las evidencias que muestran los informes balísticos y las imágenes de video continúa señalando que no se puede decir que los disparos provengan de la policía y los militares.

En un inicio, tras los hechos en Apurímac, aseguró el 13 de diciembre que “había dado las indicaciones a la policía de no usar ninguna arma letal, ni siquiera perdigones de goma”.

“Las indicaciones fueron que si hay violencia pueden usar las bombas lacrimógenas de manera disuasiva, ni siquiera usen lo que está permitido por ley, los perdigones de goma, que no son letales pero sí pueden causar impacto, ni siquiera usen eso; esas fueron mis indicaciones. Y no solo una vez, yo me comuniqué con los ministros para que en cualquier momento se salvaguardara la integridad física de todas las personas”, repitió la mandataria el pasado 2 de enero, cuando ya se registraban 22 fallecidos, y a pesar de que decenas de videos grabados por vecinos y manifestantes exponían el uso de armas letales.

A pesar de que los protocolos de necropsias e informes balísticos –como los detallados en este reportaje– concluyen muertes por uso de fusiles de guerra como HK o Galil, la mandataria continúa diciendo que se debe investigar la procedencia de las armas, e incluso acusó a los mismos manifestantes de matarse entre sí.

Sobre las muertes en Juliaca, dijo que a la zona llegaron más de 7.000 personas cargadas de huaracas, de herramientas artesanales letales, y que unas armas denominadas ‘dum dum’ serían las que provocaron las muertes. Sin embargo, ninguno de los peritajes e informes hasta ahora muestran alguna evidencia de ello.

También pese a los videos y peritajes que exponen lo contrario, Boluarte ha asegurado que el Ejército y Fuerzas Armadas no tienen contacto con la población.

Sin embargo, además de las imágenes registradas en videos, los testimonios de familiares y otros manifestantes la contradicen. “Yo he visto los documentos de necropsia que indican que mi esposo ha sido asesinado por arma de fuego. ¿Por qué ella dice que no fue reprimido por los militares? Si yo he sido testigo, yo fui ese día a buscar a mi esposo al aeropuerto, he visto cómo los militares han disparado y matado a las personas (...) Las personas no han muerto con perdigones ni con bomba lacrimógena”, dijo a OjoPúblico Ruth Barcena, viuda de David Huancca y presidenta de la Asociación de familiares de víctimas del 15 de diciembre en Ayacucho.

El último jueves 26 de enero, el Ministerio Público informó que abrió 11 investigaciones fiscales, entre diciembre de 2022 y enero de 2023, para determinar a los responsables de las muertes de ciudadanos ocurridas durante las movilizaciones que se desarrollan en el país contra el gobierno y el Congreso.

El Ministerio Público aún no ha presentado una denuncia formal. Las investigaciones se están realizando de acuerdo a las denuncias presentadas por diversos colectivos de abogados. A pesar de tratarse de diferentes procesos, Gloria Cano señaló que en algún momento los casos podrían acumularse.

Una de estas investigaciones es contra la presidenta de la República Dina Boluarte es tipificado por los presuntos delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves". Esta denuncia recae también sobre el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, así como a los ministros de Interior y Defensa, Víctor Rojas y Jorge Chávez.

“Mi análisis es que no hay genocidio, pero si ejecución extrajudicial. Como no hay ese tipo penal en el Código Penal, debe investigarse y judicializarse por asesinato”, precisa Cano.

La abogada también señaló que durante las investigaciones se están presentando obstáculos en el acceso a la información, ya que no se ha dado respuesta a los pedidos fiscales, sobre todo en Ayacucho, sobre el plan de operaciones, la asignación de armamento, entre otros.

OjoPúblico solicitó información a las FF.AA sobre la estrategia y planes de operaciones y otros documentos que sustenten sus acciones frente a los manifestantes, pero negaron estos datos argumentando que esa información “se encuentra prevista dentro de las excepciones al ejercicio del derecho de acceso a la información pública” por su carácter confidencial.

Lea más detalles del reportaje publicado por Ojo Público aquí.