Corte IDH debate el caso de una joven obligada a parir un feto sin cerebro en El Salvador

La Corte Interamericana de Derechos Humanos comenzó este miércoles a tratar por primera vez el derecho al aborto. El órgano adscrito a la OEA dirime sobre el caso "Beatriz vs. El Salvador" por la prohibición de interrumpir el embarazo a una mujer del país centroamericano a pesar de que estaba en riesgo su vida.

A Beatriz (nombre ficticio), diagnosticada en 2013 con una enfermedad autoinmune - lupus eritematoso sistémico -, se le negó un aborto pese al riesgo que corría y a que el feto presentaba anencefalia, o sea, ausencia de desarrollo del cerebro durante la gestación.

En enero de 2022 la Corte IDH comenzó a tratar el caso de Beatriz, quien falleció en 2017 en un accidente de tránsito, contra el Estado de El Salvador, donde el aborto está prohibido bajo penas de cárcel de entre dos y ocho años.

Habitualmente, los tribunales salvadoreños tipifican el aborto como homicidio agravado, elevando la condena a entre 30 y 50 años de prisión.

Originaria de la localidad de La Noria Tierra Blanca, a unos 100 km al sureste de San Salvador, Beatriz tenía 20 años cuando le confirmaron su segundo embarazo en febrero de 2013, entonces ya diagnosticada de lupus y además tras haber tenido un primer parto de riesgo.

Un mes después, los médicos vieron que el feto sufría una malformación congénita incompatible con la vida, con "probabilidad de que ella muriera" si continuaba con el embarazo.

Las autoridades le negaron el aborto pese a la inviabilidad del feto. 81 después los médicos finalmente le practicaron un cesárea. El bebé murió cinco horas después.

Gisela de León, directora jurídica del Centro de Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), explicó a la AFP que a Beatriz "se le violaron sus derechos a la vida y a la integridad personal".

"Estamos alegando que el sufrimiento al que se le sometió sabiendo que su derecho a la vida estaba en riesgo es una forma de tortura", afirmó De León.

Un centenar de activistas feministas se congregaron afuera de la sede de la Corte Interamericana, en San José, para seguir en directo la audiencia.

"La situación de Beatriz en realidad es paradigmática porque representa la de miles de mujeres (...) a quienes no se les respeta el derecho a tener decisiones sobre su vida", dijo a la AFP Carla Ansolini, de 36 años, docente que llegó desde Brasil para seguir el juicio.

Grandes pancartas fueron desplegadas en las consignas como "esta lucha es por Beatriz y por todas" o "Beatriz quería vivir y ser feliz" mientras decenas de mujeres presenciaban la audiencia en una pantalla gigante.

"Estamos confiados en que va a ser una sentencia histórica", afirmó Ansolini.

Del otro lado de la calle, una veintena de activistas contrarios al aborto se manifestaban en silencio con banderas celestes. En voz baja, en ocasiones rezaban.

En San Salvador, un centenar de mujeres coparon el auditorio de la Universidad de El Salvador para seguir la audiencia vía internet. Vestían en su mayoría camisas verdes con la leyenda “Beatriz quería vivir y ser feliz”.

En la audiencia, la madre de Beatriz, cuyo nombre se mantuvo en reserva, explicó que los médicos que atendieron a su hija recomendaron que interrumpiera su embarazo por el riesgo que suponía para su vida.

"Los doctores le habían dicho que no podía seguir con su embarazo, que la vida de ambas estaba en peligro y que había una posibilidad de salvar su vida y que podían hacer un tratamiento (aborto) pero que ellos no lo podían hacer" al estar prohibido en El Salvador, señaló la madre.

"Que este caso que le pasó a Beatriz no le vuelva a pasar a ninguna otra mujer", pidió.

En América Latina el aborto es legal en Argentina, Colombia, Cuba, Uruguay y algunos estados de México. En Chile es ilegal con la excepción de riesgo para la salud de la madre, violación o malformaciones en el feto.

En El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y República Dominicana está absolutamente prohibido.

"Estos contextos tan hostiles generan una constante criminalización. Las mujeres terminamos eligiendo entre nuestra vida o nuestra libertad", afirmó a la AFP Rocío García, abogada de 32 años que llegó desde Argentina a San José para seguir el caso.

La audiencia es el último paso antes de que el tribunal interamericano emita su sentencia, que podría demorar seis meses.

La situación en la que vivía Beatriz, "en una zona rural de El Salvador, marginada, muy pobre y excluida" es para Humberto, su hermano, un estigma que afecta a las mujeres en sus derechos.