¿Hasta cuándo durará la plata para los jubilados?

Ocho mil millones de dólares del fondo de pensiones del IESS se hicieron humo por dos decisiones antitécnicas adoptadas en 2015. Ahora, para salir del bache, se recomienda aumentar la edad de jubilación y un incremento gradual de los aportes patronales y/o personales.

 

"Regla número 1: Nunca pierdas dinero. Regla número 2: Nunca te olvides de la regla número 1”. Eso aconseja Warren Buffet, el tercer hombre más rico del mundo. Ojalá lo hubieran escuchado las autoridades del IESS en 2015.

 

Dos antitécnicas decisiones adoptadas ese año, por el directorio del instituto de seguridad social ecuatoriana de la época, le costaron más de 8.000 millones de dólares al patrimonio del fondo de pensiones, del cual depende casi medio millón de pensionistas y jubilados. La cifra consta en el estudio actuarial del seguro de Invalidez, Vejez y Muerte del Seguro General Obligatorio, con el aval de la firma Risko Velez y Velez Risk Management, presentado a fines de 2019.

 

El documento presenta en blanco y negro las cifras del sistema de pensiones, y lanza alertas. Si no arrimamos el hombro, y si el Gobierno deja de contribuir con el 40 por ciento de esas pensiones, el último año de reserva positiva sería 2023. 

 

“Los ingresos del fondo disminuyeron a partir de 2015, por el impacto de la eliminación del 40 por ciento de la contribución del Estado para el pago de pensiones, el cambio en la tasa de aportación y la situación económica”, explica el estudio. La contribución gubernamental constituye uno de los tres pilares de financiamiento del esquema, junto con la tasa de aporte (pagada por los afiliados y empleadores) y los rendimientos de las inversiones que efectúa el BIESS.

 

En el escenario de que el Gobierno cumpla con el 40 por ciento de contribución, el último año de reserva sería 2053 según la proyección actuarial. El 40 por ciento equivale, en la actualidad, a unos 1.700 millones de dólares. Desde 2015, el IESS recurrió a su patrimonio para financiar este valor porque dejó de recibir la asignación gubernamental. La Corte Constitucional restituyó la obligación. Este año, el Gobierno desembolsó cerca de mil millones por este concepto.

 

El informe actuarial contempla un horizonte de 40 años. En 2058, habrá dos aportantes por cada jubilado. Hoy, por cada pensionista son ocho aportantes. Los jubilados por vejez son casi 400 mil, pero serán 2,4 millones dentro de 40 años. Si la contribución del Estado representa casi el 1,5 por ciento del PIB en la actualidad, dentro de 40 años representará entre el 7 y 8 por ciento del PIB de la época. ¿Qué recomienda entonces? Un conjunto de medidas estructurales. Una de ellas, que los afiliados trabajen durante más tiempo antes de jubilarse: la base actual es 60 años de edad y 30 de aportaciones. Otra, el posible incremento gradual de unos dos puntos en los aportes mensuales de los patronos y/o de los trabajadores.

 

 

Sin embargo, el presidente del consejo directivo del IESS, Paúl Granda, advierte que empezará un proceso de discusión nacional. Y que ninguna decisión, sea el aumento en la edad para la jubilación o el aumento en la tasa de contribución, se tomará en forma unilateral.

 

El informe tiene detractores. Meitner Cadena, PhD en Matemáticas y actuario, afirma que hay “deficiencias de orden técnico, ya que se sobreestiman las reservas”. En su análisis, cuatro variables deben ser incluidas: la longevidad de la población; las tablas de mortalidad; el contexto laboral marcado por el aumento del desempleo y su incidencia en la cartera de cobro de los créditos que concede el BIESS, tanto quirografarios como hipotecarios, pues al perder el empleo las personas dejan de pagar sus préstamos, por lo que el porcentaje de mora bordearía el diez por ciento. Desde esta perspectiva, la situación es más crítica.

 

 

De su lado, el consultor financiero Rodrigo Astudillo Valarezo alerta que en la mayor parte de países del mundo la edad de jubilación es de 65 años, con 35 años de aportes. Actualmente, el afiliado destina el 9,10 de sus aportes para financiar su jubilación. “Cuando se creó la Ley de Seguridad Social en Ecuador, hace casi 100 años, los actuarios partieron del supuesto de que no existiría incremento de los salarios y las pensiones, y que los trabajadores se jubilarían con el mismo sueldo que tenían al iniciar su actividad laboral. La esperanza de vida para alguien de 60 años era de unos siete años más, mientras que en la actualidad es tres veces mayor”. Según este analista, el actual sistema es financieramente insostenible.

 

El tema de fondo, dice el estudio actuarial, es que no existe una norma que determine de manera clara y explícita el sistema de financiamiento. Esta es la base que soporta la estructura financiera general del seguro. El conjunto de posibles sistemas de financiamiento presenta alternativas entre dos extremos: capitalización individual, en el cual cada asegurado financia sus prestaciones a través del ahorro propio, no hay solidaridad entre generaciones y se requieren altas reservas; y el sistema de reparto puro, en el cual las prestaciones de los jubilados en un año determinado se financian con los aportes de los jubilados ese año, por lo que hay un alto grado de solidaridad.

 

¿Cuál es el esquema que debe seguir el modelo ecuatoriano? Esa parece ser la pregunta crucial.