Exfuncionarios del Hospital Teodoro Maldonado Carbo son vinculados a proceso por presunto peculado en compra de insumos médicos
Adquisición de insumos médicos para esta casa de salud, que ocasionó un perjuicio al Estado de más de 300.000 dólares.
Fiscalía vinculó a cuatro exfuncionarios del Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, presuntamente involucrados en la adquisición de insumos médicos para esta casa de salud, ocasionando un perjuicio al Estado de más de 300.000 dólares.
El fiscal de la Unidad de Administración Pública, César Suárez Pilay, investiga un presunto delito de peculado en la casa asistencial, tras un informe de Indicios de Responsabilidad Penal emitido por la Contraloría General del Estado, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de octubre de 2019.
La investigación se centró en un contrato del año 2018, valorado en 938.969 dólares y destinado para la compra de insumos médicos correspondientes a cánulas de guedel, filtro bacteriano, humificador descartable y estéril, sondas, filtro higroscópico, entre otros productos, destinados para la Unidad de Terapia Respiratoria del centro hospitalario.
En allanamientos ejecutados la noche del jueves 25 de febrero en Guayaquil, tres personas fueron detenidas por su presunta participación en el hecho.
En esta fecha, a César Antonio T. G. y Juan Vicente M. A. (exdirector y exmiembro de Comisión Técnica del Hospital Teodoro Maldonado, respectivamente), así como el proveedor, el ciudadano extranjero Juan Pablo J. D., se les dictó prisión preventiva en la audiencia de formulación de cargos.
En la audiencia de vinculación, desarrollada el martes 18 de mayo en la Unidad Judicial Albán Borja, la jueza Ivonne Moreno acogió en parte el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para Jorge H. A. (jefe de compras) y María Cristina A. (analista de compras), mientras que a Lady Z. V. (área requirente) y Gustavo P. J. (exdirector administrativo) les dictó la prohibición de salida del país y presentación semanal ante la autoridad judicial.
Con ello, se amplía en treinta días el cierre de la instrucción fiscal, proceso investigativo que inició en febrero de 2021.