Empresa de Agua Potable de Quito recupera más de un millón de dólares en caso de transferencias fraudulentas
2020/08/0703:15H.
Continúan las investigaciones en torno al desvío de fondos, unas tres transferencias que suman $1,3 millones, desde una cuenta de la Empresa de Agua Potable y Saneamiento de Quito (Epmaps) hacia el exterior.
Al respecto, el gerente de Epmaps, Luis Medina, durante la presentación de su informe ante el Concejo Metropolitano de la capital, aseguró que se logró recuperar una parte de esa cantidad.
Según informó, la Empresa de Agua Potable ha recuperado más de un millón de dólares de las trasferencias realizadas de manera fraudulenta al exterior el pasado mes de junio.
Además, aseguró que la empresa continúa con el proceso para identificar a los responsables del hecho.
Por su parte, Andrea Sáenz, gerente jurídica de la Epmaps, indicó que se tiene pendiente la reversión de la tercera transferencia de 173 mil dólares.
A inicios de junio, hubo una alerta de que se habría hecho una transacción fraudulenta desde las cuentas de la Epmaps en el Banco Central hacia Hong Kong y Estados Unidos.
Por otra parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) formuló cargos contra cinco funcionarios de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps), por su presunta participación en el delito de peculado.
Durante una audiencia de formulación de cargos, desarrollada en junio pasado, la Fiscalía solicitó al Juez que dicte prisión preventiva en contra de tres de los procesados, por su participación directa en el contrato para comprar insumos de bioseguridad, con presunto sobreprecio: Guido A., gerente general de la empresa municipal; Óscar M., administrador del contrato de emergencia; y, Astrid A., del departamento de Salud Ocupacional y generadora de la necesidad de dicho contrato.
En este caso se investiga un supuesto delito de peculado en la adquisición de insumos de bioseguridad por parte de la Epmaps, en el contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19.
Las investigaciones también determinaron que entre los representantes legales de las empresas ofertantes había vínculos familiares.