Contacto forzado: sobreviviente de la masacre de indígenas aislados alza su voz desde la selva

Tenía unos 17 años. La profundidad de la selva se adivinaba en sus ojos oscuros, enmarcados por una larga cabellera negra. La franja de color rojo, pintada en parte de su rostro, le daba un aire ceremonial. C (nombre protegido) se dirigía ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de un vídeo grabado en la Amazonía ecuatoriana, donde ella vive. “Quiero que venga (la) Corte para hablar en persona... dicen que no pienso nada; que venga, y (que) diga al Gobierno que deje vivir libre con territorio. Que no acabe la selva”.

La audiencia del caso 12.979 “Pueblos Indígenas en Aislamiento Tagaeri y Taromenane versus Ecuador” se realizó en Brasil el 23 de agosto de 2022. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinará si el Estado ecuatoriano ha sido ineficiente en proteger a los últimos pueblos aislados de la Amazonía.

Los pueblos Tagaeri y Taromenane también han sido identificados como grupos aislados al otro lado de la frontera, en la Amazonía de Perú. Su reconocimiento por parte del Estado peruano ya es oficial. “Los pueblos indígenas no tenemos fronteras, nos separan las políticas, pero los pueblos existimos desde mucho antes que se conformaran los Estados”, explicaba en entrevista con esta alianza Jamner Minhuari, vicecoordinador general de COICA y líder indígena del pueblo Kukama Kukamiria. La organización es la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica.

C, de 17 años, perteneció a uno de los grupos indígenas aislados. Su testimonio es crucial. “Nunca antes la Corte Interamericana de DDHH conoció un caso relacionado con pueblos indígenas en aislamiento; es un hecho sin precedentes y la sentencia marcará jurisprudencia a nivel internacional”, explica el jurista Mario Melo, procurador común de los demandantes. El proceso internacional empezó en 2006, tras la masacre a un clan sin contacto, que no fue investigada por el Estado. Para entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, dispuso medidas cautelares a favor de los pueblos no contactados.

En 2013, el clan familiar al que pertenecía C fue asesinado durante un ataque con armas de fuego, por parte de un grupo waorani. Ella tenía unos siete años en ese momento; su hermanita menor, D, entre dos y cinco años. Ambas sobrevivieron, pero fueron forzadas a integrarse en un mundo al que no conocían y además fueron separadas; las llevaron a vivir con familias waorani de comunidades distintas.

Los grupos waorani son considerados de contacto reciente. Sus parientes que se resistieron optaron por internarse selva adentro, para mantener su aislamiento. Sin embargo ellos no permanecen en un solo sitio, sino que mantienen patrones de movilidad estacional y cíclica en la selva, según el antropólogo Roberto Narváez. El primer patrón tiene que ver con la temporada en que obtienen frutos y alimentos en distintas zonas del bosque. El segundo patrón obedece a la lógica de volver a la tierra de sus ancestros, respetando el linaje femenino, es decir, regresan a la tierra donde las abuelas sembraron alimentos para sus descendientes, de acuerdo con este investigador.

Por esta lógica de movilidad, crear la Zona Intangible Tagaeri Taromenani (ZITT) en la Amazonía ecuatoriana fue insuficiente. La razón es simple. Los indígenas aislados no se restringen a esos límites. En 1999, la ZITT fue constituida en territorios sin actividades extractivas y sin reservas de petróleo. Se delimitó recién en 2007, con una zona de amortiguamiento en la que estaban prohibidas nuevas obras de infraestructura, como carreteras e instalaciones petroleras. En 2019 se aumentó el área de la ZITT, pero al mismo tiempo se permitió la realización de actividad extractiva en una parte de la zona de amortiguamento. La máxima autoridad de control constitucional en Ecuador (Corte Constitucional) dejó sin efecto el permiso para nuevas actividades extractivas en la zona de amortiguamiento. Todo esto consta en el texto de la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos; ésta se basa en testimonios, documentos y peritajes.

La superficie actual de la ZITT alcanza 8.185 kilómetros cuadrados, algo más de un tercio del territorio tradicional del pueblo waorani. Los grupos aislados se movilizan fuera de esos límites. ¿Quién puede explicarles que deben restringirse a un cerco para ellos desconocido?

Ahora, los expertos se preguntan si los pueblos aislados están a un paso del exterminio. “El incesante cerco territorial amenaza con devenir en exterminio”, concluye el antropólogo José Proaño, director para América Latina de Land is Life. Esta organización actúa como Secretaría del grupo de trabajo internacional sobre Pueblos en Aislamiento y Pueblos Indígenas en Contacto Inicial.

El mapa de encuentros violentos en el territorio tradicional Waorani muestra que los indígenas en aislamiento se desplazan más allá de los límites de la ZITT.

La consulta popular del próximo 20 de agosto incluirá una pregunta respecto a la posibilidad de dejar el crudo bajo la tierra en el bloque 43. Al ver el mapa petrolero, se aprecia que el bloque sometido a consulta es apenas un área mínima en todo el contexto del Yasuní. Según Proaño, la presencia de aislados se ha detectado en los alrededores de los bloques 14, 16, 17, 31, 43 y 55. “Los derechos de los indígenas no pueden ser sometidos a consulta, eso debe estar claro”, advierte. Sin embargo, reconoce que este ejercicio de participación es necesario para tomar conciencia sobre la importancia de este territorio. En su globalidad, constituye una reserva de Biósfera que ha permanecido inalterable desde hace más de 12 mil años.

La masacre que dejó a las dos niñas sobrevivientes ocurrió, de hecho, fuera de la Zona Intangible, ZITT. Tuvo un antecedente. A inicios de ese año, 2013, la pareja de ancianos waorani conformada por Ompore y Buganey murió por lanzas de indígenas aislados. Algunos de ellos habían mantenido algún tipo de comunicación inicial con el viejo Ompore: le habían pedido que terminara el ruido incesante de los generadores en el pozo petrolero. Todo esto ocurrió en el bloque 16, entonces operado por la firma española Repsol. A pesar de las muertes, la operación extractiva nunca se suspendió. No eran solo hechos de violencia intertribal, como intentó posicionar el Gobierno de la época. El fenómeno respondía a otras lógicas.

El grupo waorani de reciente contacto y los pueblos en aislamiento comparten un tronco familiar común, detalla José Proaño, antropólogo. El primero fue contactado por la fuerza, por misioneros evangélicos desde fines de la década del 50. Los segundos se negaron. Ahora, ambos comparten similares problemas: “una serie de presiones territoriales, conflictos interétnicos y expansión de las fronteras extractivas, especialmente madereras”. Éstas desembocaron en el estallido de conflictos motivados por varios factores, entre ellos, la presión sobre territorios ocasionada por la expansión de la frontera de colonización, señala Proaño.

El territorio tradicional waorani cubría 2 millones de hectáreas en la selva amazónica, apenas medio siglo atrás, según recoge el texto de la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, basado en peritajes, como el de la geógrafa Paola Maldonado.

Esta zona es conocida como la Reserva de Biósfera Yasuní. En su interior, se crearon el Parque Nacional, la Zona Intangible Tagaeri Taromenani, el área de amortiguamiento, el área titulada para los waorani. Algunas de ellas se superponen entre sí, y además cobijan actividades extractivas, como las madereras y las petroleras. Ese es uno de los problemas. Las distintas zonas superpuestas tienen además diferentes autoridades, desde el punto de vista administrativo. Esto dificulta el manejo y el control.

El expediente ante la Corte Interamericana incorpora los argumentos de los demandantes. El antropólogo Roberto Narváez, quien presentó su testimonio, explicó que una vez que sucedió el ataque contra los ancianos waorani, “no existió gestión eficiente del Estado para evitar el ingreso de parientes en busca de venganza. La única gestión del Estado fue judicial contra los atacantes waorani, pero no se consideró la incidencia de las actividades extractivas en el contexto del bosque”.

Desde esa perspectiva, cuando el Estado no investigó ni sancionó las masacres previas (2003 y 2006) “generó un clima de impunidad”. Es más, según Narváez, agentes estatales tuvieron información relevante “sobre la inminencia de un ataque en contra de pueblos en aislamiento a raíz de la muerte de Ompore y Buganey”, sin que tomara medida alguna frente a terceros. Por esa razón, la demanda menciona que el Estado habría vulnerado el derecho a la vida.

“Soy waorani, pero de otra familia”, explicó C en el video transmitido al inicio de la audiencia de la Corte Interamericana. (LINK de la audiencia). Vivía con su abuelita, fue a visitar a su mamá y vio el ataque. Parece que su madre alcanzó a esconderlas antes de perder la vida. Su hermanita menor, a quien identificaremos como D, fue llevada a una comunidad distinta. Esto “implicó la pérdida para D de su único referente familiar directo”, según la demanda contra el Estado. “No se ha presentando, por parte del Estado, una justificación sobre la necesidad y razonabilidad de la medida”.

El destino de C fue distinto. Primero fue conducida hasta la comunidad de Yarentaro. Meses después, en noviembre de 2013, en medio de un operativo con helicópteros y enmascarados, fue sacada y llevada primero hacia Coca, luego a la comunidad Bameno. Ésta se encuentra en el corazón de la Zona Intangible Tagaeri Taromenane, ZITT.

En el video transmitido durante la audiencia, C contó cómo la llevaron, cuando estaba en el aula de clase, en la comunidad de Yarentaro, “Vino un sonido feísimo, todos los niños salieron y me quedé solita. Vinieron tres personas con mascarilla, me quedé llorando, no conocía en qué mundo estoy, (me) estaban llevando al mundo cowore (extraño), pensaba en qué mundo estoy, estaba perdida”. El operativo lo decidieron las autoridades, ante la información de un posible ataque por parte de aislados a esa localidad, para vengar el crimen masivo.

En Coca su custodia fue entregada al líder waorani Penti Baihua, de Bameno. El encargo, según se explicó durante la audiencia ante la Corte, fue temporal y debía durar 30 días.

En su nuevo hogar, relató la mayor de las hermanas, “me sentía feliz, porque era lo mismo que la familia de mi familia. Me llevaron a bañar al río, a sembrar yuca y plátano, a comer carne y pescado”. Fue a casa de Kemperi, el shamán legendario que habría vivido más de cien años; falleció en marzo de 2023. Fue el último indígena que tenía la visión del jaguar, que es parte del mito waorani, el cual se expresa en el lenguaje de los sueños.

La sobreviviente tiene el estatus de protección de testigos y víctimas, programa que dirige la Fiscalía ecuatoriana. No es dueña de su destino y teme ser reubicada en cualquier momento, cuando las autoridades crean que corre peligro.

Tuvo una bebé. Durante su embarazo, el “Gobierno no dejó vivir, me dio miedo de que (me) iban a separar de mi familia, estaba triste y llorando”. El Estado no respeta su forma de pensar, según su defensa. Como muestra, asegura que no es suya la firma que aparece en un documento en el cual consta un supuesto consentimiento de su parte, para que le efectuaran una extracción de sangre. “No firmé ahí”. Se trata de un documento oficial de Salud, con una rúbrica de aceptación para realizar una prueba de VIH.

Judith Kimerling es la representante legal de C en la demanda contra el Estado ecuatoriano. Su trayectoria en defensa de las causas ambientales es larga. Ella fue pionera en denunciar el daño que causó la petrolera Texaco en la Amazonía norte ecuatoriana. Desde Nueva York, donde ejerce la docencia, la abogada atiende la entrevista de esta alianza.

“Penti Baihua es el tutor, la persona encargada del cuidado de C. Penti no tuvo nada que ver con la decisión de sacarla de Yarentaro; tampoco tiene relación alguna con el pueblo que causó el ataque. Él estuvo en Coca por casualidad, llevando un turista, allí el Gobierno y el presidente de la organización waorani le pidieron cuidarla”.

Para Judith, “es un problema que nadie se sentó con la niña y con la familia para saber qué quería, qué esperaba”. “Las medidas que el Estado ha tomado para protegerla, en términos de DD.HH., han sido de manera unilateral, sin escucharla a ella, sin dejarla ejercer su derecho; sin reconocer sus derechos colectivos e individuales”.

Según Judith Kimerling, “En la cultura waorani, C es parte de la familia de Penti, es parte de su pueblo waorani Baihuaeri de Bameno y comparte sus derechos con ellos”. Por eso, pide a la Corte “que reconozca que ella por ser adoptada por la familia de Penti ha adquirido derechos colectivos”. De este modo, la intención es que la Corte pida al Estado ecuatoriano reconocer y garantizar los derechos individuales y los derechos colectivos, que implican reconocimiento territorial. “Queremos que la Corte diga al Estado que reconoce, que garantice los derechos individuales de C y los derechos colectivos hacia la familia que la acogió y con la que comparte territorio”.

Según Kimerling, una de las medidas que se solicita a través de la Corte es que salga del programa de víctimas “porque el marco jurídico de ese programa no es transparente, no es voluntario para ella, da poder a funcionarios del gobierno sobre la vida de ella, sin garantizar sus derechos”. En última instancia, aclara, “estamos buscando un diálogo intercultural entre ella, su familia y el Gobierno para desarrollar un marco jurídico seguro que garantice los deberes del Estado hacia ella, por su situación de contacto forzado”.

A través de los años ha habido rumores de que la llevarían a vivir en otro lugar, “vive con la incertidumbre de nunca saber lo que va a hacer el gobierno”.

El pueblo amazónico cree en el simbolismo de los sueños. En uno de ellos C vio a su mamá, la fue a visitar con ollas y tazas. Su madre la vio contenta, orgullosa. “Estoy feliz en la mujer que te has convertido”. Cuando vio alrededor, tuvo miedo porque los otros aislados querían “pincharla”, (atravesar su cuerpo con una lanza). Entonces despertó violentamente, su bebé le estaba halando el cabello.

A su hermana menor la habría visto apenas una vez, en un acto de acercamiento organizado por la Fiscalía. Hasta donde conoció esta alianza, la niña D se integró a la familia que la acogió y no ha presentado una demanda frente al Estado.

La anunciada visita de jueces de la Corte Interamericana de DDHH, al poblado waorani donde vive C, se esperaba para mayo de este año. Sin embargo, la crisis política causada por la disolución del Legislativo y el anticipo de elecciones en Ecuador dejó en suspenso la llegada. Y la sentencia.

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