Santos: Libertad de presunto violador es un contrasentido
Redacción jueves, 4 junio 2015 - 07:05
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El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, destacó hoy que la puesta en libertad del exparamilitar Alejandro Cárdenas Orozco, alias "JJ", uno de los presuntos violadores de la periodista colombiana Jineth Bedoya, "es un contrasentido".
"No deja de ser un contrasentido que mientras estamos transitando ese camino de reconocer, de dignificar a todas nuestras víctimas, haya quedado en libertad uno de los principales implicados del secuestro, la tortura y la violación de Jineth Bedoya", dijo Santos durante una alocución en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo.
El jefe de Estado recordó que hace menos de un año promulgó la "Ley contra la violencia sexual" y firmó un decreto en el que se estableció el 25 de mayo como "Día nacional por la dignidad de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado".
Esa jornada nació, según rememoró Santos, como "respuesta a una petición explícita de Jineth (Bedoya)" como parte de su proceso de reparación.
Bedoya fue secuestrada en la entrada de la cárcel La Modelo de Bogotá, a la que acudía para realizar una entrevista, el 25 de mayo del año 2000.
Posteriormente fue torturada física y psicológicamente, además de violada por sus captores, en lo que fue catalogado como un crimen de lesa humanidad.
Cárdenas detalló en medio de su declaración judicial el plan para asesinar a Bedoya y se inculpó como uno de los exparamilitares que llevaron a cabo el secuestro.
La Fiscalía decidió el pasado martes poner en libertad a Cárdenas, si bien posteriormente matizó que dio por concluida una fase de la investigación, pero subrayó que "no es una decisión definitiva", ya que "la Fiscalía está comprometida en esclarecer los hechos".
La puesta en libertad de Cárdenas ha levantado críticas de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que aseguró que esta decisión judicial "envía un mensaje de permisividad y no castigo frente a las agresiones contra la prensa".
Asimismo, varias organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos también repudiaron la decisión.