¿Por qué la política metió las manos en las cortes del Ecuador durante los últimos 40 años?
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Desde la Corte Suprema de los patriarcas de la componenda tras el regreso a la democracia, hasta la hegemonía del correísmo, los tribunales no estuvieron exentos de polémica por sus guiños con la política. Ahora que la Judicatura dirige un concurso para reemplazar a 16 de los 21 magistrados actuales de la máxima instancia de justicia, no faltan cuestionamientos.
Tras el regreso a la democracia en 1979, el Congreso tenía la facultad para designar a los 16 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El pac- to legislativo entre el líder del CFP, Assad Bucaram, con Rafael Armijos del Partido Conservador Ecuatoriano y otras bancadas como el PSC, encabezado por León Febres-Cordero, se repartió la designación de los jueces.
A ese acuerdo, entre otrora viejos enemigos y juntados por nuevos intereses, el entonces presidente Jaime Roldós Aguilera denominó “los patriarcas de la componenda”. Así nace la historia de las cortes que van a fluir al vaivén de los pactos y cambios de gobierno, lo que ayuda a entender por qué nuestros dirigentes siguen viendo en esta institución un botín político.
No está mal que el Congreso elija los jueces del más alto tribunal de un país que, entre otras funciones, juzga los delitos de cuello blanco de los mismos políticos. Así se procede en varias naciones de América Latina. En Estados Unidos, el presidente es quien designa a un jurista de su tendencia, sea republicano o demócrata, cuando se abre una vacante en la Suprema. Éste debe ser aprobado por el Senado.
Pero, a diferencia de Ecuador, en otros países con mayor independencia judicial e instituciones fuertes, no se discute la idoneidad de los jueces, explica Santiago Basabe, profesor investigador del Departamento de Estudios Políticos de la Flacso. ¿Dónde perdió Ecuador el rumbo?
En 1984, el sistema judicial vivió su primer período de inestabilidad. El recién llegado presidente Febres-Cordero mandó a cercar el Palacio de Justicia para impedir la posesión de nuevos jueces designados por un Congreso donde la Izquierda Democrática (ID) tenía mayoría.
El conflicto surgía de una reforma hecha un año antes, en la que se acortaba el pe- ríodo de los magistrados de seis a cuatro años. Febres-Cordero argumentaba que debían cumplir los seis años. Así Ecuador vivió un par de meses con dos cortes paralelas.Esto es solo el principio.
Los políticos vislumbran el botín
Con la llegada de Rodrigo Borja al poder, se designó una nueva Corte casi sin varia- ciones ya que la ID mantenía la mayoría en el Congreso. Sin embargo, ocurre un hecho que, a criterio de Basabe, marca un cisma.
En 1989, la Suprema abrió un proceso contra el expresidente Febres-Cordero por delito de peculado, acusado de pagar con fondos públicos la asesoría en temas de seguridad y antiterrorismo al experto israelí Ran Gazit. Aunque luego fue sobreseído, Febres-Cordero vislumbró que el control de la Corte era estratégico para asegurarse las espaldas y perseguir enemigos.
Para 1993, nuevamente hubo reformas y se incrementó el número de jueces de 16 a 31, lo que daba más margen de “cuoteo” para los partidos políticos. Así nació una nueva Corte en la que el PSC se aseguró una buena porción, tras “el pacto de la regalada gana” entre los socialcristianos y Abdalá Bucaram. A partir de ese momento incrementaron los casos de enjuiciamiento legal a los expresidentes: Bucaram, Mahuad, Gustavo Noboa, hecho que llevó a una aguda politización de la justicia, refiere Basabe, y que se mantiene hasta ahora.
Por eso es tan importante la conformación de la Corte que tendremos en los próximos meses, que saldrá de un con- curso que dirige el Consejo la Judicatura, para reemplazar a 16 de 21 magistrados actuales. A eso hay que sumar la lle- gada del nuevo gobierno, pues algunos candidatos proponen consultas populares o nuevas constituciones que podrían traer reformas.
Esta Corte no solo podría revisar la reciente sentencia al expresidente Rafael Correa por el caso “Sobornos” que aunque está en firme, puede ser revisada si aparecen nuevas pruebas. Este recurso solo aplica en procesos penales. “El candidato Andrés Arauz dijo que los jueces declararán inocente a Correa. ¿Está insinuando que la Corte que falló en contra, ahora lo absolverá?”, cuestiona Juan Pablo Albán, catedrático y director del Consultorio Jurídico de la Universidad San Francisco de Quito.
Pero el máximo tribunal también procederá con los posibles casos de corrupción que se abran al saliente gobierno del presidente Lenín Moreno.
Nuevos jueces: El Consejo de la Judicatura dirige el concurso
para reemplazar 16 de los 21 jueces de la Corte Nacional, hay muchas críticas.
Desprestigio de la Corte
Hay que entender el pasado de las cortes para intuir lo que se puede venir. Tras la caída de Bucaram, Fabián Alarcón llamó a una consulta popular que, entre otras reformas, estableció que los jueces tendrían un período indefinido y ya no serían designados por el Congreso. Parecía un avance: se conformó una comisión por juristas reconocidos, pero al final el Congreso, al ver que la lista de jueces propuesta por la comisión no era de su conveniencia, asumió la designación “por esta última ocasión”.
En 2003, esta Corte quedó desprestigiada luego de que se hiciera pública la reunión de León Febres-Cordero conpremos en un edificio de Quito. Con este antecedente, fue fácil para que un pacto entre el PRE y el presidente de la República, Lucio Gutiérrez, se bajara la Corte y designara una nueva a finales de 2004, bautizada como la “Pichi Corte”, que nulitó los juicios contra Abdalá Bucaram. No duró mucho. Esta última jugada aceleró la caída de Gutiérrez.
Para Juan Pablo Albán, este sería otro punto de quiebre, pues acabó con el prestigio de la Corte. “Cuando yo era estudiante a inicios de los años 90, ser juez de la Suprema era un honor, nuestros profesores eran magistrados. Ahora no”, dice el jurista, y explica que la politización de la justicia y las presiones sobre los juicios de casos de corrupción en la sala de lo penal hace que buenos profesionales prefieran mirar la Corte desde lejos.
Santiago Basabe añade otro factor: “También tiene que ver con el mercado. Un buen abogado puede ganar en un día, en una consulta, lo que gana en un mes como magistrado de la Corte”. Los dos analistas coinciden en que esto no quita méritos a respetables juristas que han sido y son par- te de la Corte desde el re- greso a la democracia, que no han cedido a presiones.
La hegemonía del partido único
En 2005, el Congreso encargó la designación de una nueva Corte a una comisión que tuvo el monitoreo y aval de organismos in- ternacionales. Pero solo duró tres años. Con la llegada de Rafael Correa y la Constitución de Montecristi se plantearon nuevas reglas: se redujo de 31 a 21 el número de magistrados, se fijó en nueve años el período, con renovaciones parciales cada tres años, y se pasó la competencia de designación al Consejo de la Judicatura. Además, pasó de llamarse Corte Suprema a Corte Nacional de Justicia, y así tuvimos una transitoria entre 2008 y 2012, y luego se eligió la que tenemos has- ta ahora, aunque han salido y llegado nuevos jueces por las renovaciones parciales, destituciones y renuncias. Basabe marca dos períodos en la historia de las cortes: la primera des- de 1979 hasta 2008 en la que las mayorías legislativas se disputaban la designación.
La segunda, con la hegemonía de un solo partido y una Judicatura presidida por Gustavo Jalkh, quien fue ministro y secretario particular de Correa, daba cuenta de que la designación no tomaba un rumbo de independencia. A más de los cuestionamientos al proceso de selección de estos jueces, acentuaba las dudas que la madre del entonces ministro José Serrano y el herma- no del asambleísta de AP, Mauro Andino, ocuparan asientos en esa Corte.
En 2018, tras la ruptura de Correa y Lenín Moreno, el Consejo de Participación Transitorio pidió que se realice una evaluación a los jueces. El Consejo de la Judicatura lo hizo al año siguiente y fue- ron removidos 14 de los 21 jueces nacionales, cargos suplidos por conjueces. Uno de los conjueces que ascendió es Iván León, quien fue parte del tribunal que sentenció al expresidente Correa.
La Judicatura inició un concurso a mediados de 2020 para declarar estos reemplazos definitivos, más otras dos vacantes de jueces que saldrán por haber cumplido su período de nueve años.
Poder concentrado. Con la llegada de Rafael Correa, la designación de jueces pasó al
Consejo de la Judicatura que presidía Gustavo Jalkh, hombre de confianza del primer mandatario.
¿Más inestabilidad?
El concurso terminará el 6 de febrero, un día antes de las elecciones. Sin embargo, no escapa a las críticas: varios postulantes abandonaron el concurso acusando irregularidades; los participantes que quedan no alcanzan para llenar todas las vacantes, lo que dejará jueces temporales hasta otra convocatoria; la veeduría ciudadana que vigilaba el proceso se dividió en dos bandos; y hay una demanda de inconstitucionalidad por los jueces destituidos en 2019.
“Judicatura mantuvo una opacidad desde el inicio. En agosto de 2020 solicitamos nos remitan las carpetas de los postulantes. En un inicio nos negaron indicando que eran “datos personales”. ¿Cómo podría ser reservada la información relativa a la idoneidad e imparcialidad de candidatos a la más alta Corte del país? Finalmente, por presión subieron las carpetas”, cuestiona María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia, que monitorea el proceso.
Ella cree que el país y sus instituciones todavía no están a la altura de tener una Corte al menos medianamente independiente, porque la clase política sabe que “la posibilidad de permanecer impune podría depender de la posibilidad de controlar las cortes”.
Pero la presidenta de la Judicatura María del Carmen Maldonado, refuta las críticas y dice que provienen de grupos minúsculos que quizás repre- sentan a estudios jurídicos y partidos políticos que antes se disputaban las cortes. “Este es un proceso técnico y transparente, apegado a la Constitución y los reglamentos”. ¿Entonces por qué los participantes abandonan el concurso generando problemas para llenar las vacantes? “Aquí no tenemos los concursos de los jueces cien sobre cien que había antes. Calificamos méritos, prueba práctica y teórica, y hemos hecho público todo el proceso”, dice.
María del Carmen Maldonado preside la Judicatura, dice que
el concurso actual no es de jueces cien sobre cien, como antes.
Maldonado reconoce que el sistema judicial sufre de un desprestigio que no depende de ella ni de los jueces. “En la Corte Nacional los casos de fuero (casos de corrupción) deben ser la excepción, pero en los últimos años han sido la generalidad, cuando la clase política debería ser ejemplo del cumplimiento de las normas para no terminar en la judicialización”.
Pero, independientemente de si el concurso que marcha ahora está impregnado de intereses o irregularidades o es el más transparente de la historia, lo cierto es que nada puede garantizar que un nuevo gobierno no atente contra la Corte, como ha pasado en varias ocasiones desde el regreso a la democracia, más aún si los cuestionamientos podrían minar su legitimidad y llevarnos a otro período de inestabilidad judicial.
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