Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura procesado por la causa Metástasis, referente a una presunta trama de corrupción en el sistema judicial, carcelario y policial, abandonará la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil denominada La Roca y seguirá encarcelado provisionalmente en la Cárcel 4 de Quito.
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Aquello se dispuso este lunes, en la audiencia de evaluación y preparatoria del caso referido, después de que las juezas Emma Tapia y Katherine Muñoz aceptaron la apelación de habeas corpus presentada por Terán, quien además ha sido llamado a juicio recientemente por presunta obstrucción a la justicia en el caso Independencia Judicial.
Fue en diciembre del año pasado que el juez Felipe Córdova de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ordenó el ingreso en prisión preventiva de Terán bajo los cargos de presunta delincuencia organizada, mientras la Fiscalía continuaba las investigaciones.
Terán y su abogado defensor han reiterado que la vida del extitular de la Judicatura corre peligro en la cárcel de máxima seguridad la Roca, a la que fue trasladado el 30 de marzo de este año, en un vuelo en el que también iba alias Invisible, considerado el autor mediato de la muerte del exlegislador Fernando Villavicencio.
Para la Fiscalía, Terán eran parte de una estructura creada en diferentes niveles del Estado y en varias provincias del país para favorecer a Leandro Norero, uno de los presuntos grandes narcotraficantes de Ecuador, asesinado el año pasado en la cárcel de Latacunga, a 70 kilómetros al sur de Quito.
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Al registrar los teléfonos celulares de Norero tras su asesinato, el Ministerio Público halló "evidencias" de una red de influencias y sobornos conformada por funcionarios judiciales de la Corte Nacional y cortes provinciales de Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Cotopaxi y Guayas, a cambio de beneficios judiciales.
En el caso de Terán, la Fiscalía sostiene que en el momento de los hechos era juez de la Corte Nacional y que desde esa posición tuvo una presunta colaboración con el grupo criminal en la planificación para comprar las decisiones de los jueces nacionales frente a un eventual recurso de habeas corpus en favor del hermano de Norero.