Una cámara de seguridad captó el momento en que unos sujetos atentaron contra el carro de una jueza en Milagro, la mañana de este martes 13 de diciembre.
En las imágenes difundidas en redes sociales se observa a dos sujetos, que se movilizaban en una moto, llegar al sitio donde estaba parqueado el vehículo. Uno de ellos rompe el vidrio de la ventana y el otro procede a verter combustible en su interior, para luego prenderle fuego.
Al instante, las llamas envuelven el auto e incluso casi alcanzan a los atacantes. Ambos lograron huir tras el siniestro.
#Guayas
— Minuto & Medio (@MinMedio) December 13, 2022
Milagro
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Sujetos desconocidos le prendieron fuego al carro de una jueza en la Cdla Los Pinos pic.twitter.com/6QlSMA33DH
El hecho ocurrió en el exterior del domicilio de la magistrada, ubicado en la ciudadela Los Helechos.
Sobre la afectada se conoce que se trata de la jueza Adriana Zamara y que presuntamente hace unos días se registró otro atentado en su contra.
De acuerdo a declaraciones del coronel Wladimir Acurio, jefe del Distrito Milagro, la funcionaria había salido a dejar a sus hijos a la escuela y luego retornó a su casa.
Por lo que, la funcionaria se encontraba dentro de su domicilio al momento del atentado, que no dejó heridos.
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SEGURIDAD PARA JUECES
Debido a las amenazas vinculadas directamente con delitos como el narcotráfico y el crimen organizado, el Consejo de la Judicatura (CJ) ha detallado acciones para fortalecer la seguridad de los servidores judiciales y usuarios del sistema de justicia.
Según la institución, desde octubre se realizan patrullajes preventivos diarios a las instalaciones de las unidades judiciales, fiscalías y delegaciones provinciales del Consejo de la Judicatura.
Mientras que, en abril de este año la Dirección General del CJ aprobó el “Instructivo de seguridad individual para las y los servidores de la Función Judicial”, que establece un procedimiento específico para que los operadores de justicia que se sientan amenazados o en riesgo, puedan solicitar protección policial.
En estos casos, el CJ canaliza las solicitudes hacia el Ministerio de Gobierno y tras el análisis del perfil de riesgo correspondiente, la Policía Nacional se encarga de implementar las medidas de protección pertinentes.