Terraearth en medio de las denuncias por minería ilegal
Vista aérea de Yutzupino, sector que fue devastado por la minería ilegal y donde ahora la empresa Terraearth dice hacer actividades de remediación.
Desde el mirador turístico “El Ceibo”, en Tena, se ve cómo una docena de volquetas y excavadoras de oruga mueven y acarrean tierra en la zona de Yutzupino, a orillas del río Napo. Allí se vivió la fiebre del oro ilegal entre finales de 2021 y principios de 2022, cuando cientos de maquinarias y miles de personas entraron buscando fortuna y dejaron un daño ambiental sin precedentes. Cerca de 200 hectáreas de vegetación fueron devastadas. El lugar es turístico y se encuentra a solo unos metros de distancia de la Troncal Amazónica que conecta las provincias de Napo y Pastaza, lo que deja serias dudas de porqué las autoridades demoraron tanto en hacer la intervención que finalmente se dio en febrero de 2022.
Después de más de un año de la intervención, los colectivos sociales denuncian que las actividades ilegales en esa y otras zonas de la provincia no han cesado. Incluso aducen que la empresa china Terraearth Resourses estaría trabajando con mineros ilegales, lo que la compañía ha negado rotundamente. La empresa argumenta que trabaja en la remediación ambiental y que sus directivos hacen constantes denuncias de las invasiones de mineros ilegales.
Precisamente, las máquinas que se ve operar ahora en Yutzupino son de Terraearth, puesto que hace menos de un año la empresa consiguió una licencia para el “Proyecto Minero Tena” en cuatro de sus seis concesiones y que abarcan más de 7.000 hectáreas: Talag, Confluencia, Anzu Norte y El Icho. Estas se encuentran a orillas del río Napo y sus afluentes. Terraearth dice que trabaja legalmente por el desarrollo de la industria minería en el país y ayuda a las comunidades, pero colectivos sociales afirman que esto ha incentivado la expansión de la minería ilegal y el daño ambiental, incluso se ha denunciado que Terraearth compró el oro ilegal que salió de Yutzupino.
En un informe de Contraloría, que audita las concesiones mineras en Napo entre 2019 y 2022, y presentado en octubre de este año, concluye que tres de las concesiones de Terraearth: El Icho, Anzu Norte y Talag, presentan frentes de explotación sin rehabilitación, acumulación de aguas sin tratamiento, áreas no rehabilitadas ni reforestadas y actividades mineras antitécnicas.
Por otro lado, el “Cuarto Informe del Examen Periódico Universal de Naciones Unidas”, de julio de 2023, que observó 28 proyectos chinos en América Latina en los que se evidenciaron afectaciones a los derechos humanos y la naturaleza, puso el ojo en 8 proyectos que se realizan en Ecuador y uno de ellos es Terraearth, ubicándolo como un foco de minería ilegal. El informe, emitido desde Ginebra, relata también la inacción de Estado, la falta de consulta previa en este proyecto e, incluso, pone sobre el tapete la muerte de 15 personas que murieron al colapsar dos frentes cuando miles de personas llegaron a hacer minería ilegal en Yutzupino, concesiones de Terraearth. ¿Cómo ocurrió todo esto?
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EL CUESTIONADO "PROYECTO MINERO TENA"
En 2020, Terraearth presentó su estudio de impacto ambiental con miras a hacer realidad su proyecto, pero el documento recibió la oposición de varios colectivos que hicieron observaciones como, por ejemplo, inconsistencias en el manejo del agua de los ríos, falta de consulta a las comunidades, la ausencia de funcionarios de las instituciones estatales en la socialización del proyecto, entre otras. Por lo que el Ministerio de Ambiente suspendió el trámite y pidió a Terraearth volver a presentar la documentación en 2021. Pero mientras se hacían todos estos papeleos estalló la fiebre del oro ilegal en Yutzupino en la concesión Confluencia.
Posterior al escándalo, el Ministerio de Ambiente aceptó los argumentos de Terraearth de que la empresa no tuvo nada que ver en las actividades ilegales y aprobó el estudio de impacto ambiental; le otorgó la licencia el 1 de noviembre de 2022, según la resolución con código MATE-SCA-2022-0032-R. Sin embargo, la licencia fue solamente para la restauración y remediación ambiental de tres frentes que fueron afectados por la minería ilegal: uno en Naranjalito y dos en Yutzupino, antes de pasar a la explotación de oro. Según los videos y comunicados que Terraearth promociona constantemente a sus redes sociales, esas son las únicas actividades que está realizando.
A mediados de año, el exministro de Ambiente, José Dávalos, se refirió al tema: “Cuando la minería ilegal ocurre dentro de concesiones, lo único que podemos hacer es iniciar un proceso sancionatorio contra el titular minero. Con eso la empresa debe demostrar que no fue culpable del daño ambiental. Y aunque no hay sanción, debe implementar un plan de restauración del sitio, porque está a su cargo”, dijo a la revista Minergía. Agregó que ese plan de restauración tomaría todo el año 2023.
No obstante, según José Moreno, miembro del colectivo Napo Ama La Vida, Terraearth aprovechó la licencia para expandir las operaciones de extracción de oro en las concesiones del denominado “Proyecto Minero Tena” a través de contratistas y subcontratistas. De hecho, en febrero de este año, el colectivo hizo un sobrevuelo y encontraron operaciones de minería, lo que se dio a conocer en medios de comunicación y por lo cual la empresa recibió un llamado de atención por parte de las autoridades de control.
Un mes después, una operación de las autoridades en la concesión Talag de Terraearth, desarticuló un campamento de minería ilegal. Eso motivó para que la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos No Renovables enviara un informe “de calificación técnica” para que se diera inició al proceso de caducidad de la concesión “TALAG COD 400409” al Ministerio de Ambiente. En ese operativo, Moreno fue agredido por los mineros, según quedó registrado en un video.
El dirigente dice que ya está acostumbrado a las amenazas y que seguirá denunciado, porque lo que está pasando en Napo es muy grave y parece ser que las operaciones ilegales se siguen expandiendo a vista y paciencia de las autoridades. En noviembre, Napo Ama La Vida hizo una nueva denuncia sobre frentes de minería ilegal en las concesiones Talag y El Icho, en las comunidades kichwas Nueva Jerusalén y San Gabriel de Chumbiyacu, pero hasta ahora las autoridades no se han pronunciado.
Esta alianza periodística dirigió un pedido de entrevista a los directivos y voceros de Terraearth a través de sus correos electrónicos, pero hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta. Sin embargo, se pudo constatar que, entre el 30 de junio y el 19 de octubre, Terraearth presentó cinco denuncias en Fiscalía por casos de minería ilegal en sus concesiones. Según los logos de Terraearth, se promociona “una empresa minera legal y con conciencia ambiental”.
De todos modos, lo que causa preocupación para los críticos del Proyecto Minero Tena es que es que la licencia se haya dado después de tantos antecedentes de Terraearth. En octubre de 2020, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente y Agua realizó la suspensión total de las operaciones en otra de sus concesiones: Regina 1S, tras identificar que estaba haciendo descargas de agua sin tratar al río Chumbiyacu. El Ministerio había llamado la atención a la empresa meses antes, pero hizo caso omiso.
Por ese mismo motivo, Alexandra Borja, una moradora del sector puso una denuncia contra Terraearth, canalizada a través de la Defensoría del Pueblo, por causar devastación ambiental en terrenos de su propiedad donde había hecho operaciones mineras. Por otra parte, Pedro Recalde, un habitante del sector Nueva Esperanza, demandó penalmente a Terraearth por el delito de incumplimiento de contrato. Él arrendó sus propiedades a Terraerth para que extrajera oro. Le ofrecieron un dinero a cambio y le prometieron que dejarían reforestando. La empresa no le pagó lo acordado y solo hubo destrucción. Una jueza de Tena sentenció a Terraearth pagar una suma de 43 mil dólares para Recalde, pero apeló y otro juez archivó la causa. Como Recalde hay una docena de casos que han demandado por daños ambientales.
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DEPENDE DE LA JUSTICIA
Napo se caracteriza por ser un ecosistema privilegiado para el turismo. En el río Yatunyaku, que es tributario de Napo, por ejemplo, se practica rafting, pero esa actividad se ha visto un poco mermada por la minería ilegal que se asienta a orillas del río. En un descenso en estos botes se puede ver claramente los desbroces de selva, las maquinarias procesando el material y canales de aguas sin tratamiento que van directo al río. “Es una pena, porque algunos turistas nos dicen: “yo no he pagado para ver esto, yo quería ver la naturaleza pura”. Se van decepcionados”, comenta Miriam Robles, una operadora turística que se dedica a esa actividad por más de 20 años y desde hace casi una década ha visto cómo poco a poco la actividad extractiva se ha ido tomando el río. Incluso afirma que han recibido agresiones de los mineros.
Todo esto provocó que activistas, operadores turísticos y líderes indígenas se unieran para presentar una acción de protección, junto con la Defensoría del Pueblo, para que las autoridades estatales se hagan responsables de las actividades antitécnicas de los mineros con concesiones legales y de la minería ilegal. Eso fue en 2021, antes de que estallara la fiebre del oro en Yutzupino. Para ese entonces, un estudio de la Universidad IKIAM, ya había detectado altos niveles de contaminación en la cuenca del río Napo, en los cantones Carlos Julio Arosemena Tola y Tena. Se detectó concentración de metales pesados tóxicos en las cuencas hídricas con, hasta un 500 por ciento por encima de los límites permitidos por la norma ambiental. Además, se había comprobado la muerte del río Chumbiyacu, lo que significa la perdida de ecosistemas acuáticos. Justamente en 2020, Terraerarth recibió una notificación en 2020 por hacer descargar de aguas sin tratar a eses río. También se encontró que las lagunas de desechos mineros iban a parar a los ríos sin ningún tratamiento ni control.
La denuncia detallaba las posibles ilegalidades en la otorgación de concesiones, no solo de Terraearth, sino de otro centenar de concesionarios, ya que ninguna había contado con la consulta previa a las comunidades, como manda la Constitución. El 13 de abril de 2022, un tribunal de Napo falló a favor de los demandantes y exigió al Ministerio de Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, y a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos No Renovables elaborar y ejecutar un plan de restauración y recuperación. Para ello, la sentencia también exigió ejercer el derecho de repetición contra varias concesionarias, entre ellas Terraearth. Eso quiere decir que asuman los gastos. E incluso podría significar la reversión de las licencias y concesiones. Pero casi nada de eso se ha hecho aún, las autoridades se han excusado diciendo que no hay el personal ni los recursos necesarios, pero que se han realizado intervenciones puntuales.
Por eso, para Andrés Rojas, quien fue delegado provincial de la Defensoría del Pueblo, es necesario que el Estado central declare la emergencia ambiental para Napo, así como también la declaratoria de estado de excepción focalizado, antes de que estale otro Yutzupino. Para que la sentencia sea cumplida se elevó a Corte Constitucional, pero eso demorará en resolverse.
Pero mientras eso pasa, en las audiencias de las acciones de protección, ha llamado la atención la presencia de los abogados de Terraearth, puesto que la empresa no es accionado, es decir, no es acusada. Los accionados son las autoridades estatales que debían hacer cumplir la ley. Según una persona cercana al proceso, el juez puede llamar a la empresa como tercero afectado, pero los argumentos que presente no pueden ser tomados para la resolución del proceso judicial. Justo el pasado miércoles 29 de noviembre se realizó una audiencia, pero tuvo que ser cancelada porque, con el cambio de gobierno, llegó un abogado del Ministerio de Ambiente que dijo no estar todavía al tanto de caso.
No se sabe todavía qué postura vaya a tomar el nuevo gobierno, pero los demandantes esperan que al fin los jueces dicten una resolución para remediar los problemas ambientales y que se inicien investigaciones penales.
Según el Cuarto Informe de Naciones Unidas, “la actividad minera ilegal en la provincia del Napo demuestra que existen 48 frentes mineros activos, que impactan directamente en la deforestación de la selva amazónica en las comunidades: Yutzupino, Naranjalito, Nueva Jerusalén, Pioculin, Limonchicta, Moretecocha, Shiguacacho, Santa Mónica, Ishkayacu, Punino, Galeras y Huambuno.” Pero nadie sabe si será posible sanear todo eso, mucho menos si las autoridades no toman acciones urgentes.
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