Culmina la instrucción fiscal por el presunto femicidio de Aidita Ati, la subteniente que fue hallada sin vida el 29 de junio en el Fuerte Militar Napo en Orellana. El caso ha tomado un giro inesperado con la incorporación de una nueva fiscal y abogado, quien denuncia inoperancia por parte del anterior equipo. ¿Con qué elementos termina esta etapa y cuál es el siguiente paso en el proceso judicial?
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A contrarreloj trabaja Galo Quiñones, nuevo abogado de la familia de la subteniente, y la fiscal de Quito, Isabel Jiménez, reconocida por su participación en el caso María Belén Bernal, para efectuar diversas pericias y recopilar información, ya que la anterior fiscal de Orellana no habría realizado las diligencias correspondientes tras casi 60 días de investigación.
“De hecho, estamos analizando plantear algún proceso de negligencia manifiesta en contra de la anterior fiscal de Orellana. Sin embargo, ahora estamos concentrados en evacuar todas las pericias solicitadas, los elementos de convicción, para llegar a un conocimiento pleno de verdad y justicia”, afirma Quiñones.
Detalla, por ejemplo, que no se pidió una autopsia psicológica, lo cual es elemental para demostrar un presunto delito de femicidio. Así mismo, no se contaban con suficientes pruebas de cargo en contra de los cuatro principales sospechosos del crimen. Esto desembocó en que una jueza dictara medidas alternativas a la prisión preventiva para los implicados y así puedan defenderse en libertad.
“Impunidad es lo que se hubiera logrado con el anterior equipo, tan solo por la impericia y eso no es justo”, apuntó el jurista, quien tomó el caso hace aproximadamente nueve días.
Ahora afirma que junto a la fiscal de Quito están haciendo “un trabajo maratónico” para recabar información esencial para la siguiente etapa de evaluación y preparatoria de juicio.
Se han solicitado más de ocho diligencias y cuatro pericias, entre las que se incluyen la apertura de los celulares de los implicados y la revisión de cámaras de seguridad.
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Todo empezó el 28 de junio del 2024, cuando en el Fuerte Militar Napo se realizó una fiesta no autorizada para despedir a dos suboficiales. Allí estuvo Aidita Pamela Ati, quien posteriormente fue llevada a su habitación por cuatro militares (ahora procesados).
El 29 de junio, a las 06:30, Aidita fue encontrada sin vida. Luego, el cuerpo fue llevado a un Centro Forense de Sucumbíos sin la autorización de la familia.
En primera instancia, el Ejército informó que la causa del fallecimiento era asfixia producida por una obstrucción de vía aérea mientras dormía, pero luego se comprobó que se trataba de una muerte violenta. La autopsia determinó la existencia de agresiones físicas y sexuales, por lo cual la Fiscalía pasó a tratarlo como un presunto femicidio.
El mismo día del hallazgo del cuerpo, el Ministerio Público detuvo a 18 personas que habrían participado en aquella fiesta. Sin embargo, al finalizar la diligencia, se procesó solo a cuatro sujetos: Freddy Quintanilla, Xavier Pinoargote, Johan Mena y Ángel Jiménez.
Inicialmente, quedaron en libertad, pero el 17 de julio se ordenó su prisión preventiva, aunque esta medida fue revocada el 12 de agosto. La jueza Mireya Torres justificó su decisión, entre otras cosas, por un documento de la Comandancia de la brigada militar de Orellana que garantiza que no hay riesgo de fuga.
El 31 de julio, la Fiscalía vinculó a dos personas más en el grado de cómplices. Se trata de Luis Fierro y María Vaca. El primero habría recibido un mensaje de texto de la víctima para que vaya a recogerla de la reunión y la segunda encontró sin vida a la subteniente, pero no habría reportado el hallazgo.
La autopsia hecha en Sucumbíos concluyó que “se trata de una muerte violenta a causa de una asfixia mecánica por politraumatismo”, según se lee en un documento al que tuvo acceso la cadena Ecuavisa a inicios de julio.
También, se evidenció “huellas de violencia en la cabeza, cara, cuello, tórax, miembros superiores y miembros inferiores”. Mientras que en los genitales externos femeninos se observó “equimosis o hematomas”.
Paola Montoya Lara, quien era abogada de la familia de la víctima, había comentado que la autopsia determinó “elementos de presunta violación”. La nueva defensa prefirió no pronunciarse sobre esta pericia, hasta que termine la instrucción fiscal.
En este contexto también se conoce que el Ministerio Público ordenó la toma de muestras corporales de unas 41 personas para obtener perfiles genéticos. Los datos obtenidos en estos exámenes podrían arrojar información crucial.
En su primera versión, los cuatro oficiales sospechosos contaron que llevaron a Aidita Ati a su habitación y la recostaron en su cama “quitándole el calzado, el cinturón y desabrochándole el botón del pantalón para que estuviera más cómoda”. Luego, supuestamente se retiraron del alojamiento.
Esto según un documento difundido por la cadena Ecuavisa hace un mes. En el reporte se detalla parte de las declaraciones de cada militar.
-Mayor Freddy Quintanilla: “El subteniente Jiménez le sacó los zapatos, el teniente Mena le aflojó el cinturón y los dos oficiales le pusieron de lado y el mayor Pinoargote le colocó una almohada en el costado para que quede bien acomodadita”.
-Mayor Xavier Pinoargote: comentó que colocó una almohada en la espalda de la víctima y luego “el teniente Mena aflojó el botón y vimos que esté descansada y estable (...), permanecimos en la habitación no más de cinco minutos”. Además, detalló que la puerta quedó sin seguro.
-Teniente Johan Mena: “Yo le zafé el cinturón del pantalón para que esté más relajada para descansar”.
-Subteniente Ángel Jiménez: “Se encontraba mareada, pero consciente”, dijo el uniformado en su versión inicial. Por su parte, la defensa del sujeto ha dicho que es inocente y que su única implicación es haber llevado a la oficial a su cuarto.
-Subteniente Luis Fierro: mencionó que recibió un mensaje de Adita Ati para que la vaya a recoger de la fiesta, pero al llegar ya no estaba. Después, se habría encontrado con el mayor Pinoargote, quien le habría pedido que verifique si Ati estaba acostada. “Sí, se encontraba recostada en la cama. En ese momento procedí a cerrar la puerta y dirigirme al vehículo para nuevamente ir a la prevención y hacerme cargo de mi guardia”.
Las Fuerzas Armadas han mencionado que se está llevando a cabo procedimientos administrativos “con el objetivo de sancionar a los responsables de conductas que transgredan la Ley Orgánica de Personal y Disciplina y demás normativa interna, a fin de tomar los correctivos pertinentes para evitar futuros casos lesivos en nuestra institución”.
Mientras que el 2 de agosto se conoció que la Asamblea Nacional formó una Comisión Ocasional Multipartidista para investigar el caso. El grupo parlamentario presentará un informe pormenorizado con sus respectivas conclusiones y recomendaciones.
Por su parte, el Gobierno de Daniel Noboa ha mantenido un relativo silencio. Cuando el caso recién salió a la luz, el Ministerio de Defensa dispuso brindar todas las facilidades para que la Fiscalía lleve a cabo las investigaciones y aseguró que “se encuentra vigilante y atento ante esta situación”.
Por su parte, el Ministerio de la Mujer activó diversos protocolos. Se dijo en un comunicado que personal del Servicio de Protección Integral Orellana y el Centro Violeta de Sucumbíos atendieron a los familiares de la víctima. Además, se habría brindado primeros auxilios psicológicos y contención emocional a los padres de Aidita.
Sin embargo, Luis Ati, padre de la víctima, comentó a Vistazo que no ha existido un acercamiento por parte del Ministerio de la Mujer ni de otras carteras de Estado. De hecho, en un plantón del 29 de julio, Luis solicitó al presidente Daniel Noboa “que exija a los más altos mandos militares que se haga justicia”, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta.
Concluida la instrucción fiscal este miércoles 28 de agosto, se espera que en el transcurso de los días concluyan algunas pericias pendientes. Luego, vendrá la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. La familia de Aidita Ati pide justicia y celeridad.