Suspenden al juez de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Juan Aurelio Paredes Fernández, por sus actuaciones dentro del caso 'El Universo'.
Por mayoría de votos, el Pleno del Consejo de la Judicatura dictó la medida preventiva contra el magistrado, tras recibir una denuncia por presunta manifiesta negligencia por sus actuaciones dentro de este proceso cuando era juez décimo quinto de Garantías Penales.
En diciembre del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Ecuador por la violación de los derechos a la libertad de expresión, circulación y residencia, y a la estabilidad laboral del periodista Emilio Palacio Urrutia y los directivos del diario.
El 6 de febrero de 2011, Palacio, quien se desempeñaba como periodista en el diario El Universo, publicó el artículo titulado “NO a las mentiras”, en el que se pronunció sobre hechos ocurridos en Ecuador el 30 de septiembre de 2010 (30S), y criticó algunas actuaciones del entonces presidente Rafael Correa Delgado.
Con motivo de la publicación de este artículo, Palacio y los directivos del diario (Nicolás Pérez Lapentti, César Enrique Pérez Barriga y Carlos Eduardo Pérez Barriga), fueron condenados a tres años de prisión por el delito de “injurias calumniosas graves contra la autoridad” y el pago de una suma solidaria de treinta millones de dólares. El Universo, a su vez, debía pagar la suma de diez millones de dólares. La sentencia fue emitida por Paredes.
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No obstante, en su fallo la Corte determinó que "el artículo “NO a las mentiras” constituyó un artículo de opinión que se refirió a un asunto de interés público, por lo que gozaba de una protección especial en atención a su importancia en el debate democrático".
En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación, entre ellas el pago por daños materiales e inmateriales.
Por lo que, luego de conocer la sentencia, la Procuraduría ofició al Ejecutivo para que cumpla con la reparación económica.
"El Estado ecuatoriano, a la luz de este pedido que le he hecho, tendrá que proceder de la manera más inmediata al pago de la indemnización de los 400.000 dolares", señaló el procurador general del Estado, Iñigo Salvador, al anunciar un proceso de repetición contra aquellas personas que causaron la obligación del Estado de indemnizar a terceros, y así devuelvan el dinero.