El Ministerio de Salud Pública (MSP) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por irregularidades detectadas en el proceso de compra de alimentos del Hospital del Niño en Guayaquil. Este martes 28 de mayo se comunicó que la acción se llevó a cabo en respuesta a las instrucciones del gobierno del presidente Daniel Noboa.
La denuncia se centra en los presuntos sobreprecios en la adquisición de alimentos destinados a uno de los principales centros de atención pediátrica del país.
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En paralelo, el MSP ha solicitado a la Contraloría General del Estado un examen especial de los procesos de contratación pública realizados en el hospital entre octubre de 2023 y abril de 2024. Este pedido busca identificar y corregir cualquier irregularidad administrativa que pueda haber ocurrido durante ese período.
Ante la gravedad de los hallazgos, el Ministerio de Salud Pública ha tomado la decisión de desvincular de manera inmediata a las máximas autoridades del hospital involucradas en estos procesos.
El MSP ha enfatizado que continuará con la intervención y supervisión de los procesos de contratación dentro del hospital y en otras instituciones de salud. El objetivo es asegurar que los recursos estatales sean utilizados de manera eficiente y que se garantice el acceso a servicios de salud de calidad para todos los ecuatorianos.
La administración del presidente Daniel Noboa ha destacado que, a diferencia de gobiernos anteriores, no se encubrirá a ningún funcionario implicado en actos de corrupción. La lucha contra la corrupción será firme y se aplicará en todos los niveles, resaltó el MSP.
Esta denuncia ocurre luego de que a inicios de mayo, el primer mandatario también señalara los supuestos lazos con la delincuencia organizada de un proveedor de alimentos en cárceles y planteles educativos.
Su referencia apuntó a la compañía denominada Lafattoria S.A. que proveía de servicios de alimentación en algunas cárceles del país desde hace nueve años.
El presidente expresó su preocupación por la presunta acumulación de 171 millones de dólares por parte del proveedor de alimentos, y señaló que estos fondos podrían haber financiado actividades ilícitas si se comprueba su vinculación con organizaciones criminales.
Noboa ha señalado que el Gobierno no favorecerá a proveedores con vínculos con el crimen organizado.