El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) emitió este sábado la apelación del habeas corpus concedido por el juez Pedro Enrique Moreira a favor de Junior Roldán Paredes, alias ‘Jr’.
La institución señala que dentro de la audiencia realizada el miércoles, el juez de manera verbal aceptó parcialmente la solicitud y le concedió el traslado a una casa de salud para la atención médica correspondiente.
“En este contexto y respeto del derecho que garantiza el acceso a la salud, este servicio no emitió la apelación correspondiente debido a que dicho pronunciamiento atendía exclusivamente lo relacionado a la salud de la persona privada de la libertad”, explican en el comunicado.
Sin embargo, el jueves se conoció que el privado de la libertad se negó a ser trasladado, porque dijo que temía por su seguridad dentro del hospital Abel Gilbert Pontón. Por este motivo, el abogado de Roldán apeló la decisión del juez para que se disponga su salida de la cárcel a su casa en El Triunfo.
Es así que el juez Moreira dispuso el arresto domiciliario con uso de un dispositivo de vigilancia electrónica.
La sentencia se notificó el 22 de abril de manera física y ahora la SNAI “presentó el recurso de revocatoria al auto modulatorio, a fin de dejarlo sin efecto”. También impuso una denuncia disciplinaria ante la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura en Guayas.
Según un reporte del diario El Universo, al momento, no se ha concretado el traslado del líder supremo de la banda criminal ‘Los Choneros’ a su casa en el cantón El Triunfo, pues podría ser víctima de un atentado.
Por su parte, el juez Moreira mencionó que su decisión está basada en si el Estado ecuatoriano garantiza o no el derecho a la salud del acusado.
“A mí no me buscaron, ni me amedrentaron, ni me asustaron, ni me dijeron qué hacer, ni antes, ni durante, ni después de la audiencia, ni gente cercana a este señor (Júnior Roldán), ni gente del Consejo de la Judicatura. Lo que yo resolví, lo resolví en estricto derecho”, dijo el magistrado.
Por su parte, el Ministro del Interior, Patricio Carrillo, calificó como "inconcebible el abuso de garantías constitucionales y que ciertos jueces se pongan al servicio de quienes han cometido actos ilegales".
El cabecilla de Los Choneros tiene al menos dos sentencias de 22 años de cárcel por asesinato y, además, ha estado involucrado, entre otros delitos, en delincuencia organizada, ingreso de artículos prohibidos a centros de privación de libertad, daño a bien ajeno e intimidación.