Sentenciado por femicidio estudia Derecho en la cárcel, mientras la madre de la víctima tuvo que suspender su carrera
Yadira Labanda recordó los duros momentos que vivió tras el femicidio de su hija Angie, quien fue encontrada en una quebrada de Quito.
Luego de ocho años del femicidio de Angie Carrillo, su madre, Yadira Labanda, denuncia que no se ha cumplido ninguna medida de reparación. El acusado fue sentenciado a 26 años de prisión y pagar 20 mil dólares, pero se declaró insolvente. Ahora, en la cárcel de Cotopaxi, estudia Derecho. Mientras, la madre de Angie tuvo que suspender su carrera porque no tiene los recursos suficientes.
Las declaraciones se dieron el pasado lunes en una subcomisión, parte de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea, que se formó para iniciar un proceso de fiscalización y control político frente al incremento de femicidios en Ecuador.
En lo que va del año ya son 310 víctimas de femicidios y muertes violentas, según el portal del Consejo de la Judicatura.
En la sesión se escucharon varios testimonios de las familias de las víctimas, quienes narraron el viacrucis por conseguir justicia y reparación.
Yadira Labanda, quien perdió a su hija Angie Carrillo en enero del 2014, relató que estuvo dos años y medio buscandola, puesto que al inicio fue reportada como desaparecida. Recorrió todas las provincias pegando afiches. Al tiempo, exigía a las autoridades judiciales que agilicen la investigación.
En mayo del 2016, el acusado confesó el crimen y Angie finalmente fue encontrada en una quebrada de Carcelén en medio de la basura. Solo quedaban las osamentas de la joven.
“No se pudo dar con el paradero de mi hija hasta que su agresor habló. Entonces, yo me pregunto qué hubiera pasado si el agresor no hubiera hablado. Hasta el día de hoy, no hubiera sabido dónde está mi hija”, recalcó Labanda.
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SIN REPARACIÓN
El sujeto fue sentenciado a 26 años de privación de libertad y una reparación de 20 mil dólares, pero ahí empezó otra lucha: por la reparación. Los daños colaterales que sufrió Yadira y sus hijos, tras el femicidio de Angie, no han sido solventados. Lo mismo ocurre con otros casos.
“Yo me pregunto: ¿En qué casos se han cumplido las medidas de reparación? En ningún caso el agresor ha podido pagar esa indemnización económica. Una porque ellos se declaran insolventes y otra porque están presos y el Estado no hace ningún seguimiento para que esa indemnización se cumpla”, denunció la madre ante los asambleístas.
Agregó que el femicida de Angie está muy bien en la cárcel de Cotopaxi “con las medidas de seguridad mínimas”. Además, está estudiando Derecho.
“Mientras yo he tenido que suspender mis estudios de abogacía porque no he tenido ni los recursos, ni los medios económicos para seguir estudiando”.
Yadira Labanda recordó que tuvo que dejar a sus hijos para dedicarse a la búsqueda de Angie, lo que también implicó gastos económicos. “Hubo momentos en los que ni siquiera tuve para tomarme un café”.
Después entró a trabajar como funcionaria pública en Quito, así pudo solventar los gastos de los afiches, pero en el 2020 fue despojada de su empleo por la pandemia. El proceso por reconstruir su vida y la de sus hijos quedó truncado.
De hecho, suspendió la terapia psicológica que cumplía su hija porque no tenía los medios económicos para financiarla.
“Vivir la agonía constante de una persona desaparecida y encontrarla sin vida, es lo peor que una madre puede vivir. Angie tenía 19 años de edad y no merecía morir de la forma en la que lo hizo, pero también mi hija ha sido como esa luz para poderme llevar y alzar la voz por otras mujeres”, mencionó Labanda.
MÁS COMPARECENCIAS
Por otra parte, la representante de la Asociación Fundación Fuerzas Unidas por Nuestras Víctimas Ecuador, Johanna Velasteguí enfatizó que los casos de femicidio deben ser atendidos y solucionados, para lo que “hay que acudir a los entes internacionales porque lastimosamente en este país hay muchas trabas que nos molestan”.
Mientras que Sofía Sánchez, quien dirige la subcomisión de la Comisión de Garantías Constitucionales, subrayó que la reparación es el nudo más grande y crítico que atraviesan las familias de las víctimas.
Por ello, la subcomisión pidió la comparecencia del ministro de Inclusión Económica y Social para que explique respecto al tema de los bonos para las familias. También, solicitará la intervención del ministro de Salud, José Ruales, para que explique las medidas que se están tomando en relación con la salud mental.
Los legisladores tienen 50 días para entregar un informe con los resultados de las investigaciones.
Desde que iniciaron sus labores, ya van más de 15 testimonios de familias de las víctimas, quienes deben volver a revivir el dolor que sufren por la pérdida de sus parientes.
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