El Consejo de la Judicatura (CJ) se pronunció por la resolución de habeas corpus que benefició al exvicepresidente Jorge Glas y a Daniel Salcedo, con la cual ambos sentenciados podrían salir de la cárcel.
La medida fue emitida el pasado viernes por el juez Banny Rubén Molina Barrezueta para otro preso, pero el magistrado la hizo extensiva a favor de los otros dos condenados por casos de corrupción.
Según el CJ, el juez de la Unidad de Garantías Penitenciarias de Portoviejo habría actuado sin jurisdicción en el hábeas corpus concedido a Glas y Salcedo, ya que pesa contra el mencionado juzgador un auto de llamamiento a juicio.
El organismo detalló que el pasado viernes 5 de agosto de 2022, la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí había revocado un auto de sobreseimiento a favor del juez Molina y, a la vez, dictó un auto de llamamiento a juicio en su contra por el supuesto delito de prevaricato, debido a que ordenó en diciembre de 2018 que una sentenciada por el delito de peculado cumpla la totalidad de su pena privativa de libertad en su domicilio.
"En virtud de estos hechos, la jurisdicción del juez Molina se encuentra legalmente suspendida", apuntó la Judicatura, al mencionar el art. 153 numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) que señala: "La jurisdicción de la jueza o del juez se suspende por haberse dictado auto de llamamiento a juicio penal en su contra (...)".
En este escenario y en "estricto apego a la Constitución y a la Ley", el CJ anunció a la opinión pública que actuará con absoluta firmeza en el ámbito de sus competencias.
Sobre el funcionamiento del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE), el CJ, además, aclaró que los jueces son los únicos responsables de cargar la información y documentos de todas las actividades jurisdiccionales de las causas que tramitan.
De su lado, el titular del CJ, Fausto Murillo, informó que el Director General del Consejo de la Judicatura presentó una denuncia por el presunto delito de usurpación de funciones contra el juez Banny Rubén Molina Barrezueta.
El 10 de abril pasado, Glas recibió un habeas corpus que le permitió salir en libertad condicional, pero este fue revocado por la justicia casi un mes después.
Tras declararse nula la decisión, el exfuncionario fue trasladado a una prisión en Quito para cumplir su sentencia de seis años de prisión por recibir millonarias coimas de Odebrecht.
El exvicepresidente también fue condenado a ocho años de reclusión por pedir sobornos a empresarios a cambio de contratos con el Estado en el caso denominado "Sobornos 2012-2016".
Ayer, el Gobierno anunció que no liberará a Jorge Glas, al considerar que es irregular el recurso de hábeas corpus concedido a él. "Las instituciones del Estado ecuatoriano interpondrán los recursos legales correspondientes y no tomarán ninguna decisión de excarcelación de ciudadano alguno que atente contra el ordenamiento jurídico y contribuya a la anarquía judicial a la que intentan llevarnos algunos jueces", expresó en un comunicado oficial.
El comunicado del Gobierno aseguró que ni Glas ni Salcedo habían presentado tal acción de hábeas corpus, pero remarcó que todo ello había aparecido este lunes en el Satje.
Además, el Ejecutivo mencionó que ni la Procuraduría del Estado, ni el sistema penitenciario nacional (SNAI) habían sido convocados a la audiencia respectiva, "lo cual añade otra irregularidad".