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Procesan a Fiscal que pidió dictamen abstentivo a favor de 'ChoneKillers': "no tenía la competencia"

Fiscalía mostró su inconformidad con la resolución emitida por el Magistrado y verbalmente apeló dicha decisión.

jueves, 3 junio 2021 - 10:58
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La Fiscalía del Guayas procesó por el presunto delito de fraude procesal a un agente fiscal, "que habría adecuado una conducta legal atípica", al emitir un dictamen abstentivo contra tres presuntos miembros de una organización delictiva denominada “ChoneKillers”, incluido el presunto cabecilla de la banda, Alias ‘Ben 10’, acusados de participar en delitos como asesinato, sicariato, tráfico de drogas y armas, entre otros, y cuyo centro de acción sería el cantón Durán.

En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal provincial Yanina Villagómez presentó como elementos de convicción en contra de Luis M. S.: los informes y copias certificadas del proceso que, por delincuencia organizada, se sigue contra un grupo de personas que derivó en la investigación al Fiscal ahora procesado; certificaciones de oficios de Fiscalía en las que se le disponía su intervención en la audiencia preparatoria de juicio contra los integrantes de la banda delincuencial; además, el dictamen abstentivo contra tres de los ocho procesados.

Para Fiscalía, el funcionario no tenía la competencia y no era el titular de la causa, ya que fue asignado solo para dicha audiencia.

A ello se sumaron los informes de las unidades policiales de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO) y de Investigación Antidelictiva, que determinan la presunta participación de los miembros de esta banda criminal en los delitos imputados, que incluyeron informes sobre escuchas, seguimientos y triangulación de llamadas (autorizadas por autoridad competente), mismos que el Fiscal procesado no habría aplicado y que llevaron al juez de la causa, Johan Briones, a dictar un sobreseimiento a tres de los procesados, lo que no correspondía ni iba de acuerdo con el criterio del Magistrado.

También se presentaron la resolución judicial remitida por el Juez y el pedido que este formuló al Consejo de la Judicatura para que inicie una investigación y establezca responsabilidades por el accionar en la emisión de dicho dictamen abstentivo.

Finalmente, el parte de detención y la orden de allanamiento ejecutado en el domicilio del funcionario, autorizado por un juez de Garantías Penales.

La fiscal Yanina Villagómez solicitó la prisión preventiva del procesado por un presunto delito de fraude procesal, ya que considera que el actuar de Luis M. S. habría llevado al error al juez Briones, al emitir su resolución.

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No obstante, el juez de la Unidad Judicial Cuartel Modelo, Carlos Redwood, acogió en parte el pedido de Fiscalía y le dictó, como medidas cautelares, la presentación ante la autoridad fiscal y la prohibición de salida del país.

La instrucción fiscal durará noventa días.

Fiscalía mostró su inconformidad con la resolución emitida por el Magistrado y verbalmente apeló dicha decisión, misma que será presentada por escrito, una vez que se notifique la resolución, también escrita, por parte del juez Redwood.

“Existen los elementos y experticias que señalan una participación de los sujetos en delincuencia organizada, una estructura delictiva que cometía asesinatos, sicariatos, tráfico de drogas y otros, que mantienen en zozobra al cantón Durán. Velamos por la seguridad ciudadana y para ellos debemos transparentar nuestras actuaciones, empezando desde la misma Institución”, dijo la fiscal Yanina Villagómez.

La audiencia de formulación de cargos se desarrolló en la Unidad Judicial Cuartel Modelo, este miércoles 2 de junio a las 11:00, sin embargo, se suspendió a las 12:45, debido a que el procesado presentó un quebranto en su salud, por lo que fue atendido por médicos de esta Unidad y trasladado a una casa de salud.

La audiencia se reanudó a las 15:05 y concluyó pasadas las 16:00 con la resolución del Magistrado.

Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 272, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que se sanciona con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

El caso por delincuencia organizada se inició en septiembre de 2020, por informes policiales que daban cuenta de muertes violentas al estilo sicariato.

Esta presunta organización es liderada por Antonio Benjamín C. P., alias «Ben10», quien habría estructurado este grupo delictivo dedicado, principalmente, a la distribución de drogas y cuyo centro de operaciones estaba en el sector El Arbolito, en Durán. Además, esta agrupación habría incurrido en sicariatos contra miembros de otras organizaciones delictivas

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